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  • U.S./El Salvador Report 3/2/13

    Producer/Host: Kathleen March

    Transcript:

    This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. Our topic this week is the deportation trial of Ex-Defense Minister García in Miami, who says he was unaware of the crimes committed while he was in office. This report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
    El exministro de Defensa salvadoreño, José Guillermo García, está siendo enjuiciado por el gobierno estadounidense, bajo acusaciones de que “ordenó, incitó, ayudó o de alguna manera participó en torturas y muertes extrajudiciales”, entre los años 1979 y 1983. García ha insistido que no tenía el control de las fuerzas militares, ni pleno conocimiento de lo que pasaba en el país durante ese periodo. La estrategia se empleó al reiniciarse el juicio de deportación en un tribunal de inmigración en Miami, días antes de que se anuncie en Boston la sentencia para el ex coronel salvadoreño, Inocente Orlando Montano, acusado de mentirles a las autoridades de inmigración.
    García era ministro de Defensa cuando fue asesinado el Arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, el 24 de marzo de 1980. Entró en EEUU en 1989, con asilo político. Veinte años después el Departamento de Justicia de EE.UU. lo acusó de fraude migratorio, por usar un pasaporte falso y mentir a las autoridades. También vive en Estados Unidos el general Eugenio Vides Casanova, otro ex ministro de la Defensa, condenado a la deportación pero que ha apelado la sentencia.
    Almudena Bernabéu, del Centro por la Justicia y la Responsabilidad, explicó lo que representa el caso: que en su testimonio, por primera vez, y a diferencia de Vides Casanova, García ha admitido que el ejército salvadoreño cometió las torturas, la masacre de El Mozote… sin que él supiera nada. Alega desconocimiento, aunque reconoce que como ministro de Defensa está implicado. Pensará que haber tenido el apoyo de Estados Unidos es defensa suficiente, pero el país que lo protegió intenta deportarlo hoy, irónicamente.
    El motivo del proceso es el haber ordenado y permitido actos de tortura. Es la primera vez que Estados Unidos se atreve con esta ley. García no niega los hechos ocurridos; niega haber tenido conocimiento de que ocurrían. Sin embargo, Estados Unidos amenazó con eliminar o reducir la ayuda económica si no paraban las violaciones de derechos humanos.
    Bernabéu cree que con Obama hay más compromiso para denunciar a este tipo de personas, aunque Estados Unidos tiene un doble estándar al no penalizar los actos de tortura cometidos por sus propios oficiales, pero querer dar una nueva imagen. Dice: “Creo que esa verdad devuelve cierta dignidad y respeto a las víctimas, ya no niegan que fueron víctimas a mano de su Estado… Antes, además de haber sido atacadas, eran denigradas a través de la negación de los abusos… no es mucho, pero la verdad, el reconocimiento es el principio de la justicia”. Y añade: “La fuerza, … la reivindicación del pueblo y de la comunidad internacional están ahí…solo falta el coraje de los políticos y los legisladores. Hay intereses políticos y económicos también; los responsables se aseguraron un poder político y económico que no quieren dejar… Hubo un pacto y se beneficiaron muchos. No obstante, García aceptó su responsabilidad en torturas y ejecuciones extrajudiciales (crímenes de guerra y de lesa humanidad)”.
    Bernabéu informó a ContraPunto que el juez, al decir García que no era culpable, le dijo que “la culpabilidad sólo le corresponde determinarla a él como juez y no al propio García”. García ha reconocido mucho más en comparación al otro ex ministro de Defensa salvadoreño, Eugenio Vides Casanova, quien fue condenado a la deportación pero apeló la sentencia y espera el fallo final, en estos días.
    Ante la posible deportación de García las organizaciones sociales esperan que se haga justicia a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil en El Salvador. María Silvia Guillén, directora de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, señaló que “si ese proceso … prospera en Estados Unidos, se podría abrir la puerta para que en El Salvador se empezara a considerar, de parte de los funcionarios, el hecho de que se empiece a conocer y a investigar de los crímenes durante la guerra, pese a la Ley de Amnistía”. La Ley de Amnistía fue creada después de la Firma de los Acuerdos de Paz que paró el juzgamiento de crímenes de guerra.
    Ovidio González, director de Tutela Legal de Arzobispado, señaló que la situación debe llevar a que se declare la invalidez de la Ley de Amnistía para procesar a todos aquellos violadores de derechos humanos. Según Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, el proceso de García se une a hechos como la sentencia emitida en contra del Estado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de El Mozote en octubre del 2012: que “el Estado de El Salvador es responsable por las ejecuciones llevadas a cabo por la Fuerza Armada salvadoreña en las masacres de diciembre de 1981 … en violación del artículo 4 (Derecho a la Vida) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos…”
    Cuéllar dijo que además por fin se empieza a hablar de la derogación de la Ley de Amnistía. El candidato presidencial del FMLN, Salvador Sánchez Cerén, prometió en enero que si gana, buscará la derogación de la Ley.
    This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week’s topic was the deportation trial of Ex-Defense Minister García in Miami, who claims to have been unaware of the crimes committed while he was in office. This report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.

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    Published on March 2, 2013 · Filed under: U.S./El Salvador Report;
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