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  • Producer/Host: Kathleen March
    Transcript:

    This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we continue to direct attention toward the Pacific Rim case and Salvadoran sovereignty. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
    En junio, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) dictaminó que Pacific Rim, empresa canadiense, tiene derecho a demandar al Estado salvadoreño, por no permitirle la explotación de la mina El Dorado en Cabañas. El Salvador tiene que mostrar que su negativa a otorgar el permiso es una decisión soberana que cualquier país puede tomar, no un capricho del gobierno.
    La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica condena la actitud mercenaria de empresas que, utilizando el modelo neoliberal, se aprovechan de acuerdos para extorsionar a los Estados. La Mesa exige que el gobierno canadiense deje de proteger a esta empresa y la obligue a retirar la demanda a El Salvador en el CIADI. Los modelos de liberalización comercial – la privatización de servicios y bienes públicos – fueron promocionados por los gobiernos de ARENA. Los TLCs ponen en riesgo los derechos de su población.
    La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica no admite que la soberanía de El Salvador se someta a tribunales que promueven los intereses corporativos. Rechaza las negociaciones de El Salvador, para pactar un Tratado de Libre Comercio con Canadá. Que el Gobierno canadiense cese las negociaciones del TLC con El Salvador, que deje de proteger a Pacific Rim y que la obligue a retirar la demanda al El Salvador en el CIADI. Esto se dijo el 13 de junio.
    En un artículo reciente, el Grito Mesoamericano analiza la resistencia frente a la minería metálica en El Salvador. El movimiento es una alianza socio-ambientalista más diversa que la lucha contra la deforestación de la Finca El Espino, en la década de 1990. Hay coincidencias entre el ambientalismo, el movimiento social popular más amplio y un sector de ONGés.
    Como muchos países latinoamericanos, El Salvador es objetivo de compañías mineras transnacionales. Por varias décadas no hubo exploración ni explotación de minerales; en 1996 se aprobó una Ley de Minería con incentivos para los inversionistas extranjeros. Hasta 2007 se concedieron casi 30 permisos para exploración de oro y plata. Comenzó a haber preocupación por los efectos sociales y ambientales; en 2005 ya había dos focos de resistencia frente a la minería: uno en el Departamento de Chalatenango y otro en el de Cabañas.
    Este movimiento ha estado apoyado por ONGés muy diversas: organizaciones ambientalistas, un centro de estudios vinculado al movimiento popular, una organización para la promoción y defensa de los derechos humanos, sectores religiosos, organizaciones de apoyo a la economía popular. Forman la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica. Con la Mesa, creada en 2006, el movimiento ha tenido una presencia en los medios de comunicación y otros foros de las luchas populares. Ha frenado la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto El Dorado, en el Departamento de Cabañas. La Pacific Rim suspendió actividades en 2008 aunque después presentó una demanda contra el Estado Salvadoreño, por medio de una filial estadounidense, apoyándose en el TLC.
    En Chalatenango la movilización popular fue rápida por su larga tradición de lucha organizada. En 2005, en San José Las Flores, algunos pobladores notaron la presencia de trabajadores forasteros, y pusieron en alerta a los líderes comunales. En dos meses la población estaba informada de la situación y de los riesgos de la minería. Según uno de sus líderes, es “tierra que para nosotros está bañada con sangre, y sangre de gente heroica que murió para que nosotros tuviéramos un pedazo de tierra. Vender esta tierra es traicionar esa gente”.
    En septiembre de 2005, pobladores de San José Las Flores y Guarjila fueron a detener las actividades de la empresa. Los empleados de la minera recogieron los equipos de perforación y se fueron. La población exigió que se suspendieran los trabajos de exploración; esto no sucedió y hubo otra concentración, más grande. Otra vez los ingenieros y trabajadores tuvieron que irse. La empresa declaró terminada la “primera etapa” de sus exploraciones, e intentó vender la concesión, sin éxito.
    En Cabañas el rechazo a la minería comienza en 2004, con el Comité Ambiental en Defensa del Agua y la Cultura, surgido en el municipio de San Isidro, donde Pacific Rim realizaba sus exploraciones. Su principal aliada ha sido la Asociación de Desarrollo Económico de Santa Marta (ADES), grupo de repobladores y repatriados. ADES amplió sus actividades a varios municipios del Departamento. Otra organización que se sumó a la lucha, a partir de 2007, fue la Asociación Amigos de San Isidro Cabañas (ASIC), fundada en 2006.
    Cuando surge el Comité Ambiental la compañía minera tenía ya dos años de haber retomado las exploraciones, que venían haciéndose desde los 90. En junio de 2008, la minera informó que suspendía actividades en el país. Pacific Rim se apoyó en prácticas clientelistas para ganar apoyo entre los Alcaldes, líderes religiosos y, las Asociaciones de Desarrollo. Es una región con poca tradición organizativa y una cultura política conservadora. El recuerdo de la guerra aumenta el temor de que la protesta social se convierta en violencia.
    En 2008 se vieron los primeros efectos ambientales de la minería. Decenas de pozos comenzaron a secarse en los municipios de San Isidro, Sensuntepeque y otros. La falta de agua afectó finqueros tradicionalmente favorables al partido. La Conferencia Episcopal anunció su rechazo a la minería y comenzaron a sumarse al movimiento sacerdotes. Creció la base del movimiento y el presidente Saca dejó la decisión a su sucesor.
    Pacific Rim suspendió actividades en 2008, pero hubo consecuencias en el departamento de Cabañas: amenazas y agresiones contra los que se oponían a la minera. Hubo tres asesinatos de activistas. Unos ataques iban dirigidos al movimiento popular más amplio. La lucha contra la minería fue un cambio en la cultura política del Departamento. Según un habitante de San Isidro: “aquí es nuevo que haya una manifestación en las calles. Nosotros lo hemos iniciado. Aquí antes eso no se veía”. Es posible, que los poderes tradicionales se sientan amenazados por la aparición de una políticá popular en Cabañas.
    This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we continued to address the Pacific Rim case and Salvadoran sovereignty. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.

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  • Producer/Host: Kathleen March

    Transcript:
    This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we give reactions to the decision regarding the Pacific Rim suit against the country. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
    Es de enorme importancia para El Salvador y los Estados miembros del CAFTA, la decisión del tribunal que decide el arbitraje iniciado por la empresa minera Pacific Rim. Se ha emitido una decisión desestimando los reclamos interpuestos por Pacific Rim, que trata de apoyarse en el Tratado de Libre Comercio entre Centro América, la República Dominicana, y los Estados Unidos. Los reclamos bajo la Ley de Inversiones de El Salvador pasarán a la siguiente etapa; en ella se decidirá el fondo de la disputa.
    El Salvador invocó éxito con la cláusula de Denegación de Beneficios del CAFTA, por la que el país puede denegar los beneficios de ese tratado a Pacific Rim. Esto incluiría el derecho a iniciar un arbitraje. Es la primera vez en la historia del arbitraje internacional que el Tribunal ha dado efecto a una cláusula diseñada para prevenir abusos cometidos por empresas que no tienen una verdadera relación con los países firmantes del tratado que establece la jurisdicción para el arbitraje.
    El tribunal ha determinado que los reclamos iniciados bajo la Ley de Inversiones de El Salvador deberán continuar a la siguiente etapa. Sin embargo, la Ley de Inversiones no permite llevar una disputa al arbitraje internacional, ya que la compañía canadiense no tiene acceso a CIADI por no ser Canadá Estado Contratante del convenio. El Fiscal General de la República, Barahona Meléndez, asegura que El Salvador seguirá defendiendo los intereses del Estado ante el Tribunal Internacional en la siguiente fase.
    En las fases preliminares fue evidente la incapacidad de Pacific Rim de refutar la evidencia presentada por El Salvador: no cumplió con los requisitos mínimos para obtener los permisos ambientales y de minería de acuerdo con lo que exige la legislación salvadoreña. Así, Pacific Rim nunca habría podido obtener la concesión de conformidad con las leyes de El Salvador, y su demanda debería ser desestimada o rechazada.
    También los Estados tienen potestad bajo el derecho internacional, reconocida en tratados como el CAFTA, para tomar medidas que juzguen necesarias si se trata de proteger el medio ambiente; esto incluye dedicar el tiempo necesario para estudiar las posibles consecuencias ambientales de las actividades reguladas bajo el tratado.
    Pero en el periódico ContraPunto Luis Francisco López ha afirmado que la decisión del CIADI ha sido silenciada en los medios de comunicación y eso debería crear desconfianza. Según la Fiscalía General de la República la decisión se presenta como un éxito del Estado salvadoreño y derrota para Pacific Rim, pero el arbitraje continúa – puede haber un fallo por $120 millones de indemnización para la minera canadiense.
    En el Arbitraje Internacional ha habido dos etapas decisivas; una, la de las Objeciones Preliminares, en la cual El Salvador, alegó que la demanda de Pacific Rim era frívola y que el caso no debía ser admitido. El Tribunal dictaminó en agosto de 2010 “que no considera que El Salvador haya demostrado que estas reclamaciones sean frívolas y que el caso debería seguirse conociendo”. En la segunda fase, que acaba de concluir, El Salvador puso cuatro objeciones: La desestimación del caso, en virtud que Pacific Rim había abusado del proceso; La prescripción del derecho a demandar; Que la ley de Inversiones de El Salvador, no le otorga jurisdicción al CIADI; y La negación de los beneficios que otorga el CAFTA-DR, ya que Pacific Rim es propiedad de inversionistas canadienses y Canadá no es un país Parte.
    Sólo se admitió la tesis de que la empresa Pacific Rim es controlada por capital canadiense y Canadá no es miembro CAFTA-DR; pero fue rechazada la tesis que El Salvador niega la jurisdicción CIADI en virtud de la Ley de Inversiones. Cualquier inversionista puede demandar al Estado; la ley salvadoreña de inversiones protege al capital transnacional – es la visión neoliberal de ARENA de hace 12 años. La interpretación del CIADI crea un peligroso precedente: ahora cualquier inversionista extranjero que se sienta “acosado” por regulaciones nacionales puede demandar a El Salvador.
    El CAFTA-DR, la Ley de Inversiones y el CIADI defienden el Sistema Capitalista, la inversión y el mercado; no caben los Derechos Humanos o Ambientales. Estos foros arbitrales defenderán siempre la inversión transnacional capitalista, como ha pasado para Chile, Perú, Venezuela, Argentina y Paraguay.
    Debemos reflexionar sobre lo que acontece en Washington, sede del CIADI, y reconocerle como instrumento jurídico de dominación, para “unir fuerza social con los que se oponen al Chaparral, al Cimarrón, a la Minería, a la privatización de la naturaleza y al falso desarrollo” dice López. Y dice que hay que exigir:
    1. Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resuelva las demandas de inconstitucionalidad contra el CAFTA-DR interpuestas hace seis años por el Movimiento Social y por el FMLN.
    2.Que la Asamblea Legislativa derogue el artículo 15 de la Ley de Inversiones y prohíba la minería metálica nacional; y que constituya una Comisión Especial para investigar quiénes son los funcionarios involucrados en lo que Pacific Rim llama “Autorizaciones presuntas” y cuál es la responsabilidad penal o civil que tienen.
    3. Que el Ministerio de Economía reconozca que la Evaluación Ambiental Estratégica para el tema minería pierde vigencia con la última resolución del CIADI, porque ahora el Estado enfrenta la posibilidad “real” de seguir siendo demandado en vía doble, CAFTA-DR y Ley de Inversiones.
    Termina afirmando el articulista: “Ello es necesario para tener un pueblo soberano, independiente y con viabilidad social en el corto plazo”.
    This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we noted reactions to the decision regarding the Pacific Rim suit against the country. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.

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  • Producer/Host: Amy Browne
    Audio contributed by: John Greenman
    Issue: Alternative, Independent Local News
    Program Topics:
    Maine’s Legislative Session is winding down, and as law makers prepare to recess there are several pieces of important legislation that are moving quickly through the process, sometimes with changes that the public may not be aware of. One instance is the latest version of a worker’s comp bill that has raised concerns among worker’s rights advocates who held a press conference in Bangor on Monday. (FMI: www.foodandmedicine.org) Updates on other legislative action today, and an interview w/ Judy Berk, Natural Resources Council of Maine, re: the Maine mining bill and “takings” legislation (FMI: www.nrcm.org)

    Key Discussion Points:
    Worker’s Comp legislation
    Other legislation voted on today
    Mining bill update
    “Takings” legislation

    Guests:

    Speakers recorded at a press conference re: Worker’s Comp legislation: Jack McKay, Director of Food AND Medicine; Rev. Mark Doty, Mark Richards, Dean Harding, Loren Snow

    Interview with Judy Berk, Communications Director, Natural Resources Council of Maine

    Call In Program: No

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  • Host & Producer: Amy Browne
    Program Topic: Mining Companies Draft Wish, Propose Legislation Overhauling Maine’s Laws—And Say “Hurry!”

    Key Discussion Points:
    LD 1853 was drafted by Pierce Atwood, lawyers for the companies that want to mine the land
    Audio from Environment & Natural Resources Committee hearing, including bill sponsor, Rep. John Martin (D- Eagle Lake),and Cosponsor, Sen. Troy Jackson (D- Allagash) –both of whom express some reservations about the bill as presented. Nick Bennett, Staff Scientist for the Natural Resources Council of Maine presents a detailed outline of concerns.

    FMI: Joint Standing Committee on Environment & Natural Resources (for details/updates): (207) 287-4149. Natural Resources Council of Maine: www.nrcm.org

    Guests: n/a
    Recorded audio from Environment & Natural Resources Committee public hearing (see above).

    Call In Program: No

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  • Producer/Host: Amy Browne
    Contributing Producer: Carolyn Coe with assistance from Lindsey Saunders

    Segment 1: An interview with Lisa Savage, CODEPINK Maine Local Coordinator, about the upcoming annual mayor’s conference where a resolution will be considered that calls for Congress to “bring our war dollars home” to be spent on local community needs. Lisa will attend and report back to WERU next week. She will also be the contact person for a Mainer who will be on the next humanitarian aid flotilla to Gaza at the end of June. “The Audacity of Hope” flotilla sets sail 13 months after the Israelis stormed a similar flotilla and killed several activists. Lisa Savage will also follow up with us over the next few weeks re: their progress. FMI: www.codepink4peace.org/section.php?id=429

    Segment 2: When transnational mining companies discovered coal and moved into the department of Cesar, Colombia, paramilitaries also arrived. Local rivers have become contaminated, people and animals are getting sick, and social problems have worsened in the city of La Jagua and neighboring communities. Area leaders discuss the impacts of the coal mining on their communities.
    Speakers:
    Dioselina Carvajal Saravia, victim of paramilitary violence
    Adanies Quintero, representative from agriculture sector
    Ricardo Machado, union member, welder for Carbones de la Jagua (a Glencore mine)
    Ana Marquez Martinez, police inspector, Boqueron
    Oswaldo Aguilar Mejia, former univ. professor and member of local AfroColombian association, La Jagua
    Jaime Giraldo Duque, president of the displaced persons association, La Jagua
    Of note: According to US diplomatic cables released by WikiLeaks, the US-based Drummond Company paid paramilitaries for protection of its Colombian mining operations. colombiareports.com/colombia-news/news/14935-us-coal-firm-drummond-paid-paramilitaries-wikileaks.html
    Glencore, another transnational operating in the area, is about to sell publicly on the London exchange.

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  • Producers: Carolyn Coe and Lindsey Saunders
    Host: Amy Browne

    Topic: Santurban mine, a proposed gold and silver mine in Colombia

    Report highlights the uniqueness and importance of the paramo of Santurban, resistance to Greystar Resources application for an environmental license to extract mineral resources from the area, and community perceptions of the short and long-term effects of a large-scale mining project in the region.

    Featured speakers:
    Tatiana Rodriguez Maldonado of Friends of the Earth Colombia
    Deputy Roberto Schmalbach, president of the department (state)-level assembly of Santander
    Andres Fabian Ita, student at the Industrial University of Santander and a member of the ecological collective La Nawal
    along with people interviewed at a bus station in Bucaramanga, Colombia

    Report by Carolyn Coe and Lindsey Saunders

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  • Producer/Host: Amy Browne
    Contributor: Meaghan LaSala

    Headlines: Maine’s Congressional Delegation votes on the renewal of key sections of the US PATRIOT Act; Violence against anti-mining activists in El Salvador escalates

    Segment 1: Here in Maine, a statewide coalition of groups who oppose industrial wind power projects are preparing to gather this weekend to join efforts. We speak with Jonathan Carter of the Forest Ecology Network, one of the organizers of the event.

    Segment 2: Like wind projects, biomass incinerators are being promoted by industry as a viable alternative energy source. Last week a panel discussion was held at the University of Maine, called “Living Downstream: The Old Town Dump and University of Maine”. Panelists were Darren Ranco, Associate Prof. of Anthropology and Coorcinator of Native American Research, panel chair; John Banks, member of the Juniper Ridge Landfill Advisory Committee and Director of the Natural Resources Dept., Penobscot Nation; Paul Schroeder, Orono resident and member of Trash Trackers Network; Ed Spencer, Old Town resident, original opponent of 2003 dump expansion. Today we have an excerpt from Paul Schroeder’s presentation. We’ll have more audio from the panel on a WERU Special on Monday, February 21st at 10am

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  • Producer/Host: Kathleen March, University of Maine

    Transcript:

    This is Kathleen March.  Welcome to WERU’s US El Salvador Report. This week we discuss the perspective of Salvadoran President Funes and others on mining. The report is produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US – El Salvador Sister Cities.
    El Presidente salvadoreño Mauricio Funes, del FMLN, se ha comprometido a investigar los incidentes de los últimos meses que parecen estar relacionados con el medio ambiente y la explotación minera de empresas extranjeras.  En concreto, como venimos informando, se trata de los asesinatos y las amenazas de muerte a ambientalistas de Cabañas.  Aunque algunos opinan que las muertes son resultado de la delincuencia común, otros aseguran que están provocadas por los intereses internacionales, cuyo deseo de explotar zonas mineras como El Dorado puede contaminar una enorme proporción del agua y terreno de El Salvador.  Funes acaba de afirmar su apoyo a los ambientalistas y su duda de que se pueda explotar el metal sin que se perjudique seriamente la salud pública.  Asimismo, el presidente ha ordenado que el Ministerio de Seguridad y la Policía Civil indaguen los casos de asesinatos, con el propósito de garantizar la justicia y la seguridad social, aunque grupos como la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos pide que se definan más las “buenas intenciones” del mandatario.  Por su parte, la empresa minera Pacific Rim afirma que las agresiones se deben simplemente a una disputa antigua entre familias locales.
    Oscar Luna, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador, ha revelado que su familia y él han sido amenazados de muerte por grupos antidelincuenciales que dicen estar practicando una “limpieza social”.  Este mismo proyecto de “limpieza” fue denunciado por la entonces Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatriz de Carrillo, en 2006.  A Luna le han exigido por teléfono en dos ocasiones que abandone el país y de no hacerlo, o él o un familiar suyo sería asesinado.  Posiblemente con infiltrados en el grupo de derechos humanos, los autores de las amenazas dicen tener una lista de funcionarios que deberán salir de El Salvador por considerarlos un estorbo para su proyecto de “sanear el país”.  Entre otros grupos, CEMUJER – El Instituto de Estudios de la Mujer Norma Virginia Guirola de Herrera- y FESPAD – la Federación de Estudios para la Aplicación del Derecho – y FESS la Federación Sindical de El Salvador –  han condenado las amenazas en contra de Luna y la Procuraduría.  Tanto FESPAD como FESS también han sido objeto de amenazas y “esperamos que la fiscalía y policía utilice su equipo material y humano para poder aclarar este tipo de casos”, ha dicho Alejandro Ramos, Secretario General de esta última organización.  Por su parte, Luna, Defensor del Pueblo, ha interpuesto una demanda a las autoridades de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, quienes “tienen la información de las llamadas para que inicien una investigación”.  La PDDH surgió de los Acuerdos para la Paz de 1992, que pusieron fin a la guerra civil en El Salvador.  Su mandato general es “velar por el respeto y la garantía a los derechos humanos de la población salvadoreña”.
    This is Kathleen March. This week in WERU’s US El Salvador Report we discussed the perspective of Salvadoran President Funes and others on mining. The report was produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US – El Salvador Sister Cities.

    This is Kathleen March.  Welcome to WERU’s US El Salvador Report. This week we discuss the perspective of Salvadoran President Funes and others on mining. The report is produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US – El Salvador Sister Cities. El Presidente salvadoreño Mauricio Funes, del FMLN, se ha comprometido a investigar los incidentes de los últimos meses que parecen estar relacionados con el medio ambiente y la explotación minera de empresas extranjeras.  En concreto, como venimos informando, se trata de los asesinatos y las amenazas de muerte a ambientalistas de Cabañas.  Aunque algunos opinan que las muertes son resultado de la delincuencia común, otros aseguran que están provocadas por los intereses internacionales, cuyo deseo de explotar zonas mineras como El Dorado puede contaminar una enorme proporción del agua y terreno de El Salvador.  Funes acaba de afirmar su apoyo a los ambientalistas y su duda de que se pueda explotar el metal sin que se perjudique seriamente la salud pública.  Asimismo, el presidente ha ordenado que el Ministerio de Seguridad y la Policía Civil indaguen los casos de asesinatos, con el propósito de garantizar la justicia y la seguridad social, aunque grupos como la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos pide que se definan más las “buenas intenciones” del mandatario.  Por su parte, la empresa minera Pacific Rim afirma que las agresiones se deben simplemente a una disputa antigua entre familias locales. Oscar Luna, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador, ha revelado que su familia y él han sido amenazados de muerte por grupos antidelincuenciales que dicen estar practicando una “limpieza social”.  Este mismo proyecto de “limpieza” fue denunciado por la entonces Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatriz de Carrillo, en 2006.  A Luna le han exigido por teléfono en dos ocasiones que abandone el país y de no hacerlo, o él o un familiar suyo sería asesinado.  Posiblemente con infiltrados en el grupo de derechos humanos, los autores de las amenazas dicen tener una lista de funcionarios que deberán salir de El Salvador por considerarlos un estorbo para su proyecto de “sanear el país”.  Entre otros grupos, CEMUJER – El Instituto de Estudios de la Mujer Norma Virginia Guirola de Herrera- y FESPAD – la Federación de Estudios para la Aplicación del Derecho – y FESS la Federación Sindical de El Salvador –  han condenado las amenazas en contra de Luna y la Procuraduría.  Tanto FESPAD como FESS también han sido objeto de amenazas y “esperamos que la fiscalía y policía utilice su equipo material y humano para poder aclarar este tipo de casos”, ha dicho Alejandro Ramos, Secretario General de esta última organización.  Por su parte, Luna, Defensor del Pueblo, ha interpuesto una demanda a las autoridades de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, quienes “tienen la información de las llamadas para que inicien una investigación”.  La PDDH surgió de los Acuerdos para la Paz de 1992, que pusieron fin a la guerra civil en El Salvador.  Su mandato general es “velar por el respeto y la garantía a los derechos humanos de la población salvadoreña”.This is Kathleen March. This week in WERU’s US El Salvador Report we discussed the perspective of Salvadoran President Funes and others on mining. The report was produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US – El Salvador Sister Cities.

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