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  • Producers/Hosts: Meredith DeFrancesco & Amy Browne

    Topics: ISCID hearing Pacific Rim/El Salvador; War Tax Resistance/Frank Donnelly– an interview with Larry Dansinger

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  • Producer/Host:  Kathleen March, University of Maine

    Transcript:

    Hello. This is Kathleen March.  Welcome to WERU’s US-EL Salvador report. This week our topic is the 35th anniversary of the assassination of Salvadoran poet Roque Dalton and the controversy surrounding the authors of the crime, one of whom currently serves in the FMLN government.  This report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-EL Salvador Sister Cities. La familia del poeta salvadoreño Roque Dalton exige que se diga “cómo lo mataron” y “donde están los restos”, en palabras de uno de sus hijos, el periodista Juan José Dalton. Dalton, que pasó períodos de exilio en La Habana, México y Praga a causa de su actividad política contra la dictadura militar, fue asesinado el 10 de mayo de 1975.  Los autores del siniestro fueron sus propios compañeros del Ejército Revolucionario del Pueblo, porque lo acusaban de ser agente de la Oficina Central de Inteligencia (CIA) de EE.UU.  Dicha acusación no se comprobó nunca. El hijo del poeta ha observado que “La verdad no la quieren expresar sus asesinos. Jorge Meléndez dice que no fue un asesinato sino un proceso político, Joaquín Villalobos dijo que había sido un error de juventud”.  Los dos hombres, antiguos “comandantes” guerrilleros, son los que la familia relaciona con el crimen.Meléndez es el director de Protección Civil del Gobierno que preside Mauricio Funes; Villalobos es asesor de la Procuraduría General de la República en México. Hace unos días la familia Dalton le pidió al Presidente Funes que destituyera a Meléndez de su cargo.  Funes, al ocupar la presidencia, dijo que con él había llegado a El Salvador “el turno del ofendido”, parafraseando un libro de Dalton, pero se ha negado a hacerlo. El hijo del poeta ha dicho que si Meléndez y Villalobos no quieren “decir la verdad voluntariamente, reconocer sus hechos y pedir perdón”, la familia posee “todas las herramientas legales para iniciar un procesamiento”.  Asimismo, la familia está investigando la legislación internacional de derechos humanos para decidir qué tipo de acción podrá iniciar. Tanto familiares como amigos y funcionarios del Gobierno, asistieron a una misa en la capilla de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas el día del aniversario del asesinato.  El rector de la UCA, el sacerdote José María Tojeira, calificó a Dalton como “un luchador que hizo de su poesía su propio apostolado”.También, en declaraciones que hizo a la agencia Efe, Tojeira afirmó que la obra del poeta continúa como punto de referencia en cuanto a los temas fundamentales de la nación salvadoreña, su política y su sociedad. El amplio pronunciamiento de la familia, publicado el 4 de mayo, incluye

    afirmaciones como la siguiente:
    “La familia de Roque Dalton García, junto a los miles de salvadoreños que tienen a sus familiares desaparecidos o que fueron asesinados de manera cruel e injusta en los pasados años, se siente ahora doblemente agraviada porque la impunidad sigue prevaleciendo en El Salvador, y se nos continúa negando el derecho a la justicia y al esclarecimiento de los hechos. Por ello consideramos el nombramiento de Jorge Meléndez, para un puesto de gran relevancia en el actual gobierno, la ofensa más grande en contra de la memoria de Roque Dalton, así como contra su familia, desde su asesinato.”  Por esta razón y otras, la familia ha declarado que: no apoyará ningún acto oficial del actual gobierno relacionado con la conmemoración del asesinato del poeta, ni ningún acto relacionado con su figura; no firmará ningún contrato para la publicación o reedición de sus obras a petición del actual gobierno; no aprueba el uso de la imagen de Roque Dalton por parte del gobierno o sus medios de comunicación; no permite que la Sala de Prensa de la Presidencia lleve el nombre de “Roque Dalton”, como ha propuesto el Presidente; y pide que el gobierno evite mencionar el nombre del escritor, que no haga alusión a su obra en sus discursos públicos.This has been Kathleen March with WERU’s US-EL Salvador report. Our topic has been the 35th anniversary of the assassination of Salvadoran poet Roque Dalton and the controversy surrounding the authors of the crime, one of whom currently serves in the FMLN government.  This report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-EL Salvador Sister Cities.

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  • Producer/Host: Kathleen March, University of Maine

    Transcript:

    Hello.  This is Kathleen March.  Welcome to WERU’s US-El Salvador Report.  This week we discuss the celebration of Earth Day in El Salvador and future environmental protection efforts in the country.  This report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.
    Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Madre Tierra, el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales Germán Rosa Chávez, junto a la Viceministra Lina Pohl, declararon once nuevas Áreas Naturales Protegidas.  Estas 11 se suman a las 59 existentes, lo cual hace un total de 70 áreas nacionales.
    Las once áreas están en los departamentos de Sonsonate, Ahuachapán, San Miguel, Cuscatlán, Santa Ana y Morazán.
    Durante la actividad, el presidente del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, Pablo Alcides Ochoa, nombró oficialmente seis Áreas más, que a su vez serán incorporadas al Sistema de Áreas Naturales Protegidas.
    Las 70 áreas oficializadas equivalen ahora a más de 38 mil hectáreas, o aproximadamente el 1% del territorio nacional.
    En cerca de una veintena de áreas ya se han desarrollado proyectos con el apoyo económico de la Cooperación Internacional.  Unos ejemplos son la construcción de torres de vigilancia, senderos interpretativos, casetas de guardaparques, e investigaciones – entre otros.
    El Ministro de Medio Ambiente piensa hacer cambios en la manera de gestión de las áreas, incluyendo el desarrollo de planes que sirvan para mejorar la cultura y la práctica ambientales de la población.  También busca involucrar más a la gente, incluso en el manejo de estas áreas, siempre con el objetivo de preservar los recursos naturales.  Con estas nuevas gestiones, quedan 113 áreas por traspasar al Estado para que también sean declaradas como protegidas.
    En la celebración del Día Internacional de la Tierra, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales organizó actos y actividades en San Salvador, San Miguel y Santa Ana.  En el Teatro Presidente de San Salvador, se organizó una Feria Ambiental con la participación del Ministerio de Educación, junto con la Secretaría de la Cultura, de Salud, Turismo, Agricultura, la Corte de Cuentas, el Consejo Nacional de Justicia, varias Organizaciones no Gubernamentales y la Defensoría del Consumidor.  Junto con la feria hubo un acto cultural al que asistieron cientos de estudiantes salvadoreños de todas partes. En el Occidente y Oriente del país también hubo desfiles escolares, exposiciones ambientales y actos artísticos conmemorando la fecha. La celebración de este día culminó por la noche en la capital con un concierto de la Sinfónica salvadoreña.
    El Día de la Tierra es un día festivo celebrado desde 1970 en muchos países el 22 de abril. Su promotor fue el senador estadounidense Gaylord Nelson de Wisconsin, quien estableció este día con el fin de crear una conciencia común de los problemas de la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales.  En 1972 se celebró el primer congreso mundial en Estocolmo.  Las Naciones Unidas celebran el día anualmente en el día del equinoccio vernal, que generalmente es el 21 de marzo.
    This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report.  This week we discussed the celebration of Earth Day in El Salvador and future environmental protection efforts in the country.  This report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.

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  • Producer/Host: Kathleen March, University of Maine

    Transcript:

    This is Kathleen March. This week in the WERU US-El Salvador report we discuss the most recent assassinations in Suchitoto, El Salvador.  This report is produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.
    El presidente Mauricio Funes dijo que la masacre de siete jóvenes el 2 de este mes en Suchitoto (Cuscatlán) había sido un “ajuste de cuentas entre pandilleros”. Funes insistió que se necesita una fuerte base educativa para que los jóvenes se concentren en los estudios, no en la delincuencia. Observó que el gobierno tiene varios problemas, como el bajo nivel de escolarización, bajos niveles educativos en ciencias y matemáticas y violencia en las grandes ciudades. Eso afecta directamente al sistema educativo. Funes se preguntó por qué los jóvenes se encontraban en ese lugar, ya que este tipo de hechos tienen su base en la deficiencia educativa, laboral y de entretenimiento que padece la juventud en el país, cuyos gobiernos anteriores no invirtieron en acciones que sacaran a los jóvenes de las calles.
    La policía ofrece dos versiones. Una, que un grupo de hombres vestidos de negro ejecutaron a las víctimas, mientras se bañaban en la poza, por ser miembros de la pandilla 18. Otra versión, que fue un enfrentamiento entre pandilleros. La masacre ocurrió alrededor de las tres de la tarde. Las víctimas eran de Aguilares y de Milingo. El director de la Policía Nacional Civil, Carlos Ascencio, dijo que hay varias hipótesis, incluso que la ejecución estuvo en manos de un grupo de exterminio, ya que desconocidos con gorras pasamontañas abrieron fuego contra los bañistas. Ascencio dijo que existían denuncias de los pobladores de Suchitoto de que “grupos de pandillas” pretendían operar.  Se ha asignado un dispositivo de seguridad a la zona.
    Este hecho se suma a otro del municipio de San Sebastián, departamento de San Vicente, en que falleció una persona mayor y hubo dos lesionados. El incidente se produjo en una cantina donde varios sujetos dispararon desde un mototaxi.  La gente que conoció a los jóvenes, se resiste a creer que éstos pertenecieran a pandillas. También una residente de la comunidad Milingo, que prefirió el anonimato, dijo que los muchachos “trabajaban, algunos de ellos eran padres de familia y no estaban tatuados”. Y  que “Nosotros estamos sorprendidos por lo que pasó, porque en el municipio no se conoce un barrio que realmente esté dominado por maras”.
    En las últimas semanas, han aparecido las granadas de fragmentación de uso militar, como parte de su arsenal. Estas armas causan mayor terror en la población que se siente cada vez más indefensa.  Algunos creen que las Maras y las organizaciones criminales internacionales tienen una red de tráfico de armas.  Las encuestas de opinión muestran que el principal problema que siente la ciudadanía es la violencia delincuencial. En los últimos veinte años, dicen algunos, se ha abandonado a la juventud y millones de salvadoreños han emigrado. La diáspora dejó hogares sin autoridad familiar, y niños y jóvenes se crían en las calles con dinero de remesas.  Dice una fuente: “Preocupa la hipótesis policial que la Masacre de la Poza del Pato, sea resultado del aparecimiento de grupos de exterminio. Esto significaría que vuelven los Escuadrones de la Muerte.”
    El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, espera que haya un resultado efectivo en las investigaciones de la Fiscalía y la Policía de la masacre de Suchitoto. Luna cree que la tragedia es resultado del descontrol que hay en la seguridad pública. “Yo esperaría que hubiese en este caso, un resultado efectivo de la investigación, porque el precedente es muy negativo”, declaró el funcionario, porque da lugar a muchas hipótesis: que si se trata de grupos de exterminio, que si es un ajuste de cuentas, etc. Luna afirma que no ha sido convocado por el presidente Funes para participar en las conversaciones sobre medidas en contra de la delincuencia.
    El Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador (IEJES), pidió que la Fiscalía General y la Policía Nacional Civil esclarecieran las masacres de Suchitoto y Tonacatepeque.  Respecto a las masacres ocurridas en Suchitoto el 3 de febrero, y en Tonacatepeque el 6, donde otras cinco personas fueron asesinadas, el IEJES considera que son crímenes similares, porque se utilizaron armas de grueso calibre y fueron dirigidas a jóvenes presuntamente de maras.  En el caso de Tonacatepeque, los familiares han negado que cuatro de las víctimas hayan pertenecido a grupos de pandillas. Félix Ulloa, presidente del IEJES, dijo que corresponde a las autoridades del Estado investigar y esclarecer este tipo de masacres, pero que sólo ha habido declaraciones sin conclusiones, y que no hay planes para acciones concretas. Ulloa dijo que por la forma de operar de los grupos que cometieron las dos masacres, están operando grupos de exterminio. “Hemos escuchado que la Policía desvirtúa cualquier posibilidad de que se trate de grupos de exterminio… ” señaló, aunque los informes policiales indican que se usó una técnica propia de grupos de exterminio.
    Ulloa, a nombre del IEJES, hizo el llamado al gobierno para que convoque a un Pacto de Nación, en que cada salvadoreño se sienta identificado con un programa y acciones incluyentes. También llamó al pueblo salvadoreño a ejercer sus derechos, expresados en la Constitución de la República.
    This is Kathleen March. This week in the WERU US-El Salvador report we discussed the most recent assassinations in El Salvador, in Suchitoto.  This report has been produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.

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  • Producer/Host: Kathleen March, University of Maine

    Transcript:

    This is Kathleen March.  Our WERU US-El Salvador Report this week is on the recent commemoration by indigenous people in El Salvador of the Matanza or slaughter of about 30,000 peasants that took place in January 1932.  The report is produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.
    La semana pasada los indígenas de El Salvador conmemoraron la masacre de 1932 en el municipio de Izalco. En esas fechas fueron asesinados aproximadamente 30 mil campesinos e indígenas durante la insurrección popular.  Se sublevó el pueblo empobrecido bajo la dictadura del General Maximiliano Hernández Martínez, protestando contra la distribución desigual de las tierras y otros bienes.  Como represalia, el dictador reaccionó con una de las peores agresiones del continente el 22 de enero. Según uno de los guías espirituales, “Después de esta masacre la comunidad indígena se redujo considerablemente en el país, muchos de ellos cambiaron sus hábitos por temor a ser asesinados y muchas costumbres se fueron dejando en el olvido”.
    78 años después, en el lugar que se llama El Llanito, se hizo una ceremonia indígena para “rendirles tributo a todos los caídos que murieron inocentemente”.  En este sitio están sepultadas muchas víctimas de la masacre. “Naja nusan matiguagua su 1932 matachiwa” declararon en el idioma Nahuat algunos sacerdotes indígenas. Esta frase significa: Nunca olvidaremos a los mártires de 1932.
    El Concejo Coordinador Indígena Salvadoreño (CCNIS) y la Fundación Ama coordinaron estos actos conmemorativos del 22 y 23 de enero en Izalco, y pidieron que el estado salvadoreño “repare los daños de este crimen” de hace varias décadas. Roberto Alvarado, Alcalde de Izalco, exigió que el gobierno les pidiera perdón a los indígenas y los ayudara a mejorar sus condiciones de vida.
    Dijo Betty Pérez, una mujer indígena de CCNIS: “Desde hace años venimos luchando para que el estado salvadoreño reconozca la existencia de los pueblos indígenas en el país a través de una reforma constitucional, y también para que se ratifiquen acuerdos internacionales y nuestros derechos sean promovidos y respetados”.  Y añadió “que se trabajen políticas públicas del nuevo gobierno para que éstas vengan a resarcir los daños que durante años el sistema capitalista ha venido efectuando contra los pueblos indígenas”.
    Las peticiones se hicieron durante la ceremonia indígena en el que se emplearon el caracol ancestral y el fuego sagrado. El Procurador Para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Luna, también ha expresado su apoyo y solidaridad “con la lucha que han venido emprendiendo las comunidades indígenas en favor de sus legítimos derechos constitucionales”.  Luna opina que la población indígena en este país es fuerte y que por esa razón merece el apoyo y reconocimiento de sus derechos”. Una de las organizaciones participantes de la conmemoración fue El Colectivo de Comunicadores y Estudiantes Roque Dalton, que afirmó que aun hoy “persisten incrementadas las causas del levantamiento indígena del 32″, y que “la historia nos exige recordar y replantear la lucha, y en este contexto complejo que vive El Salvador”.
    La Matanza, que tuvo lugar en el oeste del país, venía fraguándose desde los años 20 debido a la desigualdad social y la fuerte caída del precio del café, producto de suma importancia para El Salvador.  Los militares, bajo Hernández Martínez, organizaron un golpe de estado en 1931.  Los rebeldes, el partido comunista, Augusto Farabundo Martí y muchos indios pipiles fueron asesinados por el ejército después de haber sido invitados a un diálogo en una plaza pública.  En el 32, se calculaba que los indígenas representaban un 20% de la población de El Salvador; en la actualidad, se calcula que son del 5 al 10%, la mayoría de los cuales son de origen náhuat y lenca.
    This is Kathleen March.  Our WERU US-El Salvador Report this week has been on the recent commemoration by indigenous people in El Salvador of the Matanza or slaughter of about 30,000 peasants that took place in January 1932.  The report was produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.

    This is Kathleen March.  Our WERU US-El Salvador Report this week is on the recent commemoration by indigenous people in El Salvador of the Matanza or slaughter of about 30,000 peasants that took place in January 1932.  The report is produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities. La semana pasada los indígenas de El Salvador conmemoraron la masacre de 1932 en el municipio de Izalco. En esas fechas fueron asesinados aproximadamente 30 mil campesinos e indígenas durante la insurrección popular.  Se sublevó el pueblo empobrecido bajo la dictadura del General Maximiliano Hernández Martínez, protestando contra la distribución desigual de las tierras y otros bienes.  Como represalia, el dictador reaccionó con una de las peores agresiones del continente el 22 de enero. Según uno de los guías espirituales, “Después de esta masacre la comunidad indígena se redujo considerablemente en el país, muchos de ellos cambiaron sus hábitos por temor a ser asesinados y muchas costumbres se fueron dejando en el olvido”. 78 años después, en el lugar que se llama El Llanito, se hizo una ceremonia indígena para “rendirles tributo a todos los caídos que murieron inocentemente”.  En este sitio están sepultadas muchas víctimas de la masacre. “Naja nusan matiguagua su 1932 matachiwa” declararon en el idioma Nahuat algunos sacerdotes indígenas. Esta frase significa: Nunca olvidaremos a los mártires de 1932. El Concejo Coordinador Indígena Salvadoreño (CCNIS) y la Fundación Ama coordinaron estos actos conmemorativos del 22 y 23 de enero en Izalco, y pidieron que el estado salvadoreño “repare los daños de este crimen” de hace varias décadas. Roberto Alvarado, Alcalde de Izalco, exigió que el gobierno les pidiera perdón a los indígenas y los ayudara a mejorar sus condiciones de vida. Dijo Betty Pérez, una mujer indígena de CCNIS: “Desde hace años venimos luchando para que el estado salvadoreño reconozca la existencia de los pueblos indígenas en el país a través de una reforma constitucional, y también para que se ratifiquen acuerdos internacionales y nuestros derechos sean promovidos y respetados”.  Y añadió “que se trabajen políticas públicas del nuevo gobierno para que éstas vengan a resarcir los daños que durante años el sistema capitalista ha venido efectuando contra los pueblos indígenas”. Las peticiones se hicieron durante la ceremonia indígena en el que se emplearon el caracol ancestral y el fuego sagrado. El Procurador Para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Luna, también ha expresado su apoyo y solidaridad “con la lucha que han venido emprendiendo las comunidades indígenas en favor de sus legítimos derechos constitucionales”.  Luna opina que la población indígena en este país es fuerte y que por esa razón merece el apoyo y reconocimiento de sus derechos”. Una de las organizaciones participantes de la conmemoración fue El Colectivo de Comunicadores y Estudiantes Roque Dalton, que afirmó que aun hoy “persisten incrementadas las causas del levantamiento indígena del 32″, y que “la historia nos exige recordar y replantear la lucha, y en este contexto complejo que vive El Salvador”.  La Matanza, que tuvo lugar en el oeste del país, venía fraguándose desde los años 20 debido a la desigualdad social y la fuerte caída del precio del café, producto de suma importancia para El Salvador.  Los militares, bajo Hernández Martínez, organizaron un golpe de estado en 1931.  Los rebeldes, el partido comunista, Augusto Farabundo Martí y muchos indios pipiles fueron asesinados por el ejército después de haber sido invitados a un diálogo en una plaza pública.  En el 32, se calculaba que los indígenas representaban un 20% de la población de El Salvador; en la actualidad, se calcula que son del 5 al 10%, la mayoría de los cuales son de origen náhuat y lenca.This is Kathleen March.  Our WERU US-El Salvador Report this week has been on the recent commemoration by indigenous people in El Salvador of the Matanza or slaughter of about 30,000 peasants that took place in January 1932.  The report was produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.

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  • Producer/Host: Kathleen March, University of Maine

    Transcript:

    This is Kathleen March.  Welcome to WERU’s US El Salvador Report. This week we discuss the perspective of Salvadoran President Funes and others on mining. The report is produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US – El Salvador Sister Cities.
    El Presidente salvadoreño Mauricio Funes, del FMLN, se ha comprometido a investigar los incidentes de los últimos meses que parecen estar relacionados con el medio ambiente y la explotación minera de empresas extranjeras.  En concreto, como venimos informando, se trata de los asesinatos y las amenazas de muerte a ambientalistas de Cabañas.  Aunque algunos opinan que las muertes son resultado de la delincuencia común, otros aseguran que están provocadas por los intereses internacionales, cuyo deseo de explotar zonas mineras como El Dorado puede contaminar una enorme proporción del agua y terreno de El Salvador.  Funes acaba de afirmar su apoyo a los ambientalistas y su duda de que se pueda explotar el metal sin que se perjudique seriamente la salud pública.  Asimismo, el presidente ha ordenado que el Ministerio de Seguridad y la Policía Civil indaguen los casos de asesinatos, con el propósito de garantizar la justicia y la seguridad social, aunque grupos como la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos pide que se definan más las “buenas intenciones” del mandatario.  Por su parte, la empresa minera Pacific Rim afirma que las agresiones se deben simplemente a una disputa antigua entre familias locales.
    Oscar Luna, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador, ha revelado que su familia y él han sido amenazados de muerte por grupos antidelincuenciales que dicen estar practicando una “limpieza social”.  Este mismo proyecto de “limpieza” fue denunciado por la entonces Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatriz de Carrillo, en 2006.  A Luna le han exigido por teléfono en dos ocasiones que abandone el país y de no hacerlo, o él o un familiar suyo sería asesinado.  Posiblemente con infiltrados en el grupo de derechos humanos, los autores de las amenazas dicen tener una lista de funcionarios que deberán salir de El Salvador por considerarlos un estorbo para su proyecto de “sanear el país”.  Entre otros grupos, CEMUJER – El Instituto de Estudios de la Mujer Norma Virginia Guirola de Herrera- y FESPAD – la Federación de Estudios para la Aplicación del Derecho – y FESS la Federación Sindical de El Salvador –  han condenado las amenazas en contra de Luna y la Procuraduría.  Tanto FESPAD como FESS también han sido objeto de amenazas y “esperamos que la fiscalía y policía utilice su equipo material y humano para poder aclarar este tipo de casos”, ha dicho Alejandro Ramos, Secretario General de esta última organización.  Por su parte, Luna, Defensor del Pueblo, ha interpuesto una demanda a las autoridades de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, quienes “tienen la información de las llamadas para que inicien una investigación”.  La PDDH surgió de los Acuerdos para la Paz de 1992, que pusieron fin a la guerra civil en El Salvador.  Su mandato general es “velar por el respeto y la garantía a los derechos humanos de la población salvadoreña”.
    This is Kathleen March. This week in WERU’s US El Salvador Report we discussed the perspective of Salvadoran President Funes and others on mining. The report was produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US – El Salvador Sister Cities.

    This is Kathleen March.  Welcome to WERU’s US El Salvador Report. This week we discuss the perspective of Salvadoran President Funes and others on mining. The report is produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US – El Salvador Sister Cities. El Presidente salvadoreño Mauricio Funes, del FMLN, se ha comprometido a investigar los incidentes de los últimos meses que parecen estar relacionados con el medio ambiente y la explotación minera de empresas extranjeras.  En concreto, como venimos informando, se trata de los asesinatos y las amenazas de muerte a ambientalistas de Cabañas.  Aunque algunos opinan que las muertes son resultado de la delincuencia común, otros aseguran que están provocadas por los intereses internacionales, cuyo deseo de explotar zonas mineras como El Dorado puede contaminar una enorme proporción del agua y terreno de El Salvador.  Funes acaba de afirmar su apoyo a los ambientalistas y su duda de que se pueda explotar el metal sin que se perjudique seriamente la salud pública.  Asimismo, el presidente ha ordenado que el Ministerio de Seguridad y la Policía Civil indaguen los casos de asesinatos, con el propósito de garantizar la justicia y la seguridad social, aunque grupos como la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos pide que se definan más las “buenas intenciones” del mandatario.  Por su parte, la empresa minera Pacific Rim afirma que las agresiones se deben simplemente a una disputa antigua entre familias locales. Oscar Luna, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador, ha revelado que su familia y él han sido amenazados de muerte por grupos antidelincuenciales que dicen estar practicando una “limpieza social”.  Este mismo proyecto de “limpieza” fue denunciado por la entonces Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatriz de Carrillo, en 2006.  A Luna le han exigido por teléfono en dos ocasiones que abandone el país y de no hacerlo, o él o un familiar suyo sería asesinado.  Posiblemente con infiltrados en el grupo de derechos humanos, los autores de las amenazas dicen tener una lista de funcionarios que deberán salir de El Salvador por considerarlos un estorbo para su proyecto de “sanear el país”.  Entre otros grupos, CEMUJER – El Instituto de Estudios de la Mujer Norma Virginia Guirola de Herrera- y FESPAD – la Federación de Estudios para la Aplicación del Derecho – y FESS la Federación Sindical de El Salvador –  han condenado las amenazas en contra de Luna y la Procuraduría.  Tanto FESPAD como FESS también han sido objeto de amenazas y “esperamos que la fiscalía y policía utilice su equipo material y humano para poder aclarar este tipo de casos”, ha dicho Alejandro Ramos, Secretario General de esta última organización.  Por su parte, Luna, Defensor del Pueblo, ha interpuesto una demanda a las autoridades de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, quienes “tienen la información de las llamadas para que inicien una investigación”.  La PDDH surgió de los Acuerdos para la Paz de 1992, que pusieron fin a la guerra civil en El Salvador.  Su mandato general es “velar por el respeto y la garantía a los derechos humanos de la población salvadoreña”.This is Kathleen March. This week in WERU’s US El Salvador Report we discussed the perspective of Salvadoran President Funes and others on mining. The report was produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US – El Salvador Sister Cities.

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  • Producer/Host: Kathleen March, University of Maine

    Transcript:

    This is Kathleen March. Welcome to WERU’s US-El Salvador Report This week we discuss the statement of US official John Beasley concerning gang violence in El Salvador. This report is prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
    Estados Unidos ha afirmado que las maras han sobrepasado los límites y piden que las autoridades salvadoreñas inicien una lucha contra estos grupos, con suficientes agentes de seguridad para hacer que se cumpla la ley y la población no sufra de los actos de violencia.  La afirmación viene por parte del fiscal federal John Armon Beasley, Agregado Jurídico Regional de EE.UU. para Centroamérica.  Beasley, en una entrevista para El Diario de Hoy, periódico salvadoreño, insistió en que las maras no se apoderasen de las calles. Las pandillas de delincuentes han lanzado granadas contra personas y establecimientos en la capital y el interior del país, creando un ambiente de miedo que les da impunidad.
    Beasley ofreció la ayuda de Estados Unidos para luchar contra el crimen organizado.  Por su parte, las autoridades de Nueva York, Los Ángeles y Washington DC han emprendido una lucha frontal.  En El Salvador las maras están involucradas en extorsiones, narcotráfico, asaltos y homicidios. El fiscal estadounidense ha dicho: “No se puede permitir esto, en ningún país, en ningún lado. No se puede permitir que una persona o un gran grupo lance granadas o ataque a gente en la calle o esté extorsionando u ordene a los negocios que cierren a tal hora”.
    Los agentes de seguridad deben imponer el orden y crear un sentido de tranquilidad, recuperando las comunidades afectadas.  Efectivamente, El Salvador tiene policías y fiscales, equipos de investigación y leyes como la normativa contra el crimen organizado, pero lo más importante es que se pongan en funcionamiento todos estos componentes.
    En Estados Unidos se ha aplicado la ley RICO [Federal Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act o ley federal de crimen organizado], una extensión de la ley contra la conspiración y sanciona como delito la simple participación en un grupo vinculado a actividades ilegales. Pero Beasley insiste en que un arma importante son las escuchas telefónicas, que permitirían controlar más al crimen organizado y a las pandillas, y llegar a sus dirigentes.
    Además de las escuchas, hace falta una policía comunitaria que patrulle a pie el vecindario. Beasley considera que se debe avanzar “cuadra por cuadra, casa por casa”, como en Estados Unidos se hizo en los edificios de apartamentos, donde mafiosos les quitaban sus viviendas a los jubilados. En Washington tuvieron que combatir la venta de crack.
    Las autoridades comunitarias de El Salvador, como las alcaldías, deben asegurar que los edificios y otros espacios estén limpios, iluminados y seguros y que no vuelvan a convertirse en espacios de las pandillas. Las iglesias y otras asociaciones pueden ayudar a evitar que los niños sean reclutados por las bandas. “Todo esto no es posible si los mareros permanecen en las comunidades”.  En la embajada de EE.UU. en San Salvador, Beasley dijo que  “Si en el transcurso de las investigaciones sobre el origen de armas o granadas necesitan la ayuda de EE.UU., pueden pedirla y vamos a dársela”,
    En 2009, al menos 12 personas murieron en El Salvador por el estallido de granadas lanzadas por desconocidos. En los primeros días de 2010, más de treinta personas fueron heridas y una falleció en dos atentados con granadas en San Salvador. Las maras salvadoreñas están ayudando a las organizaciones narcotraficantes mexicanas a transportar droga por la región, aseguró el ministro de Defensa de El Salvador, el general David Munguía Payés, quien considera que las maras “se han convertido en una especie de ejército del mismo narcotráfico”.  Se dice que el 85 por ciento de los crímenes en el país son causados por la colaboración entre las pandillas y narcotraficantes”. En El Salvador hubo un total de 4.365 asesinatos en 2009, la cifra más alta desde que terminó la guerra civil (1980-1992). La Mara Salvatrucha y la Mara 18 son las principales pandillas.   Según las autoridades, sus miembros podrían alcanzar unas 30.000 personas.
    This has been Kathleen March. In WERU’s US-.El Salvador Report for this week we discussed the statement of US official John Beasley concerning gang violence in El Salvador.  This report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.

    This is Kathleen March. Welcome to WERU’s US-El Salvador Report This week we discuss the statement of US official John Beasley concerning gang violence in El Salvador. This report is prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities. Estados Unidos ha afirmado que las maras han sobrepasado los límites y piden que las autoridades salvadoreñas inicien una lucha contra estos grupos, con suficientes agentes de seguridad para hacer que se cumpla la ley y la población no sufra de los actos de violencia.  La afirmación viene por parte del fiscal federal John Armon Beasley, Agregado Jurídico Regional de EE.UU. para Centroamérica.  Beasley, en una entrevista para El Diario de Hoy, periódico salvadoreño, insistió en que las maras no se apoderasen de las calles. Las pandillas de delincuentes han lanzado granadas contra personas y establecimientos en la capital y el interior del país, creando un ambiente de miedo que les da impunidad. Beasley ofreció la ayuda de Estados Unidos para luchar contra el crimen organizado.  Por su parte, las autoridades de Nueva York, Los Ángeles y Washington DC han emprendido una lucha frontal.  En El Salvador las maras están involucradas en extorsiones, narcotráfico, asaltos y homicidios. El fiscal estadounidense ha dicho: “No se puede permitir esto, en ningún país, en ningún lado. No se puede permitir que una persona o un gran grupo lance granadas o ataque a gente en la calle o esté extorsionando u ordene a los negocios que cierren a tal hora”. Los agentes de seguridad deben imponer el orden y crear un sentido de tranquilidad, recuperando las comunidades afectadas.  Efectivamente, El Salvador tiene policías y fiscales, equipos de investigación y leyes como la normativa contra el crimen organizado, pero lo más importante es que se pongan en funcionamiento todos estos componentes. En Estados Unidos se ha aplicado la ley RICO [Federal Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act o ley federal de crimen organizado], una extensión de la ley contra la conspiración y sanciona como delito la simple participación en un grupo vinculado a actividades ilegales. Pero Beasley insiste en que un arma importante son las escuchas telefónicas, que permitirían controlar más al crimen organizado y a las pandillas, y llegar a sus dirigentes. Además de las escuchas, hace falta una policía comunitaria que patrulle a pie el vecindario. Beasley considera que se debe avanzar “cuadra por cuadra, casa por casa”, como en Estados Unidos se hizo en los edificios de apartamentos, donde mafiosos les quitaban sus viviendas a los jubilados. En Washington tuvieron que combatir la venta de crack. Las autoridades comunitarias de El Salvador, como las alcaldías, deben asegurar que los edificios y otros espacios estén limpios, iluminados y seguros y que no vuelvan a convertirse en espacios de las pandillas. Las iglesias y otras asociaciones pueden ayudar a evitar que los niños sean reclutados por las bandas. “Todo esto no es posible si los mareros permanecen en las comunidades”.  En la embajada de EE.UU. en San Salvador, Beasley dijo que  “Si en el transcurso de las investigaciones sobre el origen de armas o granadas necesitan la ayuda de EE.UU., pueden pedirla y vamos a dársela”,  En 2009, al menos 12 personas murieron en El Salvador por el estallido de granadas lanzadas por desconocidos. En los primeros días de 2010, más de treinta personas fueron heridas y una falleció en dos atentados con granadas en San Salvador. Las maras salvadoreñas están ayudando a las organizaciones narcotraficantes mexicanas a transportar droga por la región, aseguró el ministro de Defensa de El Salvador, el general David Munguía Payés, quien considera que las maras “se han convertido en una especie de ejército del mismo narcotráfico”.  Se dice que el 85 por ciento de los crímenes en el país son causados por la colaboración entre las pandillas y narcotraficantes”. En El Salvador hubo un total de 4.365 asesinatos en 2009, la cifra más alta desde que terminó la guerra civil (1980-1992). La Mara Salvatrucha y la Mara 18 son las principales pandillas.   Según las autoridades, sus miembros podrían alcanzar unas 30.000 personas.This has been Kathleen March. In WERU’s US-.El Salvador Report for this week we discussed the statement of US official John Beasley concerning gang violence in El Salvador.  This report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.

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  • Producer/Host: Kathleen March, University of Maine

    Transcript:

    This is Kathleen March.  Welcome to WERU’s US El Salvador Report. This week we discuss the deportations of numerous Salvadorans and the effects on those people. The report is produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US – El Salvador Sister Cities.
    La crisis económica de Estados Unidos afecta a los inmigrantes de manera muy evidente.  Semanalmente llegan en aviones a su país de origen centenares de salvadoreños, volviendo a la pobreza que habían intentado evadir.  Suman 2 millones y medio los salvadoreños que residen en Estados Unidos, según algunas estadísticas, y las remesas que envían a sus casas son una contribución muy importante a la economía nacional.  Una fuente observa que llegan cientos de millones de dólares a este país, que no sólo es el más pequeño de América Central sino que también es conocido como productor de café gourmet – para el resto del mundo, se entiende.
    Se calcula en 20.000 el número de regresados anualmente, y este número incluye a cierta cantidad de mareros, miembros de las maras o pandillas de delincuentes con prácticas de violencia.  El aumento de delitos en El Salvador es notable, aunque no todos los deportados permanecen en su país e intentan regresar a los Estados Unidos.  Juan José García, el viceministro de Relaciones Exteriores ha constatado que El Salvador presentó una petición a Estados Unidos, con la esperanza de que se declarara una moratoria de las deportaciones, dadas las dificultades que existen para absorber a los que vuelven.  Se adujo la razón de que el huracán Ida había causado mucha destrucción y gastos para la economía salvadoreña.  La petición fue denegada, aunque se ha prometido supervisar los procesos de deportación y se aceptó poner un límite.
    Las experiencias de los deportados son diversas.   Algunos son capturados y devueltos sin la oportunidad de avisar a sus familiares o amigos en Estados Unidos.  En los centros de detención pueden pasar días, con una luz permanentemente encendida y un mínimo de alimentación.  Algunos aprenden de esta experiencia y no piensan volver; otros creen que no tienen más alternativa que intentar de nuevo cruzar la frontera en busca de empleo, ya que en El Salvador dolarizado no lo encuentran.
    CHIRLA – Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles (Coalición para los Derechos Humanos de Inmigrantes de Los Angeles) – observa que entre 2008 y 2009, las expulsiones aumentaron en más del 8%, aunque en años anteriores el aumento había sido de un 24%.  Se dice que el descenso se debe a la disminución de detenciones en la frontera, la menor frecuencia de redadas y un cambio en la política migratoria del gobierno estadounidense.  El vocero de CHIRLA dice que la política de la administración actual está concentrada en los empleadores, las empresas que contratan a los indocumentados.  Por su parte la Patrulla Fronteriza de Tucson y Yuma practicó menos detenciones en 2009 que en 2008, aunque en general las deportaciones de salvadoreños documentados han subido en el área de Los Angeles.
    Se están buscando medidas alternativas a la detención para inmigrantes en Estados Unidos.  También se procura hacer cambios en el programa del gobierno salvadoreño que se llama “Bienvenido a casa”, iniciado en 1998, que busca minimizar el impacto del regreso de los deportados.  Originalmente estuvo a cargo Catholic Relief Services, pero luego fue entregado a la ONG Fundación para el Desarrollo Integral, que tampoco lo dirige en este momento.  En cambio, los integrantes incluyen varios ministerios, dos universidades y otras entidades.
    En el primer trimestre de este año, el presidente salvadoreño Mauricio Funes hará una visita a Barack Obama, en la Casa Blanca.
    This is Kathleen March. This week in WERU’s US El Salvador Report we discussed the deportations of numerous Salvadorans and the effects on the deportees. The report has been produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US – El Salvador Sister Cities.

    This is Kathleen March.  Welcome to WERU’s US El Salvador Report. This week we discuss the deportations of numerous Salvadorans and the effects on those people. The report is produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US – El Salvador Sister Cities. La crisis económica de Estados Unidos afecta a los inmigrantes de manera muy evidente.  Semanalmente llegan en aviones a su país de origen centenares de salvadoreños, volviendo a la pobreza que habían intentado evadir.  Suman 2 millones y medio los salvadoreños que residen en Estados Unidos, según algunas estadísticas, y las remesas que envían a sus casas son una contribución muy importante a la economía nacional.  Una fuente observa que llegan cientos de millones de dólares a este país, que no sólo es el más pequeño de América Central sino que también es conocido como productor de café gourmet – para el resto del mundo, se entiende. Se calcula en 20.000 el número de regresados anualmente, y este número incluye a cierta cantidad de mareros, miembros de las maras o pandillas de delincuentes con prácticas de violencia.  El aumento de delitos en El Salvador es notable, aunque no todos los deportados permanecen en su país e intentan regresar a los Estados Unidos.  Juan José García, el viceministro de Relaciones Exteriores ha constatado que El Salvador presentó una petición a Estados Unidos, con la esperanza de que se declarara una moratoria de las deportaciones, dadas las dificultades que existen para absorber a los que vuelven.  Se adujo la razón de que el huracán Ida había causado mucha destrucción y gastos para la economía salvadoreña.  La petición fue denegada, aunque se ha prometido supervisar los procesos de deportación y se aceptó poner un límite. Las experiencias de los deportados son diversas.   Algunos son capturados y devueltos sin la oportunidad de avisar a sus familiares o amigos en Estados Unidos.  En los centros de detención pueden pasar días, con una luz permanentemente encendida y un mínimo de alimentación.  Algunos aprenden de esta experiencia y no piensan volver; otros creen que no tienen más alternativa que intentar de nuevo cruzar la frontera en busca de empleo, ya que en El Salvador dolarizado no lo encuentran.   CHIRLA – Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles (Coalición para los Derechos Humanos de Inmigrantes de Los Angeles) – observa que entre 2008 y 2009, las expulsiones aumentaron en más del 8%, aunque en años anteriores el aumento había sido de un 24%.  Se dice que el descenso se debe a la disminución de detenciones en la frontera, la menor frecuencia de redadas y un cambio en la política migratoria del gobierno estadounidense.  El vocero de CHIRLA dice que la política de la administración actual está concentrada en los empleadores, las empresas que contratan a los indocumentados.  Por su parte la Patrulla Fronteriza de Tucson y Yuma practicó menos detenciones en 2009 que en 2008, aunque en general las deportaciones de salvadoreños documentados han subido en el área de Los Angeles.   Se están buscando medidas alternativas a la detención para inmigrantes en Estados Unidos.  También se procura hacer cambios en el programa del gobierno salvadoreño que se llama “Bienvenido a casa”, iniciado en 1998, que busca minimizar el impacto del regreso de los deportados.  Originalmente estuvo a cargo Catholic Relief Services, pero luego fue entregado a la ONG Fundación para el Desarrollo Integral, que tampoco lo dirige en este momento.  En cambio, los integrantes incluyen varios ministerios, dos universidades y otras entidades. En el primer trimestre de este año, el presidente salvadoreño Mauricio Funes hará una visita a Barack Obama, en la Casa Blanca.
    This is Kathleen March. This week in WERU’s US El Salvador Report we discussed the deportations of numerous Salvadorans and the effects on the deportees. The report has been produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US – El Salvador Sister Cities.

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