U.S./El Salvador Report 9/25/10

Producer/Host: Kathleen March, University of Maine

Transcript:
This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador report. This week we discuss the sentencing of the assassins and accomplices in the case of environmentalist Marcelo Rivera. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.
Un Juzgado Especializado ha condenado a los asesinos del ambientalista Gustavo Marcelo Rivera Moreno. José Luis Herrera, Wilber Antonio Baires y Delfino Lara Arteaga tienen que pasar 40 años en prisión por ser autores directos del asesinato de Rivera. Se alega que son pandilleros de la mara MS. Además, Elíseo Herrera Valladares, Santos Vladimir Avilés y José Manuel Lara pasarán tres años en la cárcel por encubrimiento del asesinato. También pertenecen a la pandilla MS. Se escucharon más de veinte testimonios y las declaraciones de un cómplice, testigo amparado bajo el régimen de protección de víctimas y testigos, denominado “Coyote”. “Coyote” reveló el nombre de quien le había contado lo que ocurrió con Marcelo Rivera, incluyendo detalles del asesinato y lo que los asesinos habían hecho con él después. Hubo otros testigos que ofrecieron detalles de cómo fue planeado el asesinato.
El promotor cultural y dirigente político Gustavo Marcelo desapareció en junio de 2009. Fue torturado y asesinado. Se había opuesto a los proyectos mineros de la empresa canadiense/estadounidense Pacific Rim y había expresado críticas al alcalde de San Isidro, José Ignacio Bautista. Rivero era profesor, director de la Casa de la Cultura de San Isidro, miembro del FMLN y principal opositor a la explotación minera en Cabañas. Su cuerpo fue encontrado en un pozo en la zona de San Isidro varios días después de su desaparición.
Los familiares y amigos de Rivera Moreno, las comunidades organizadas de Cabañas, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica e importantes miembros de la comunidad internacional han trabajado para lograr la justicia contra los responsables de varios crímenes que han sido cometidos contra ambientalistas en Cabañas. No fue fácil el proceso, ya que las autoridades fiscales y policiales habían definido el caso como de delincuencia común, por lo que sólo habían detenido a pandilleros que servían de sicarios.
Para las organizaciones comunitarias de Cabañas y la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, esta resolución del Juzgado Especializado “B” de Sentencia es solamente el comienzo de la lucha por la justicia contra los responsables los crímenes contra opositores a las actividades mineras. Hoy se intensifica la demanda de investigar a los responsables de la desaparición forzada, torturas y asesinato de Gustavo Marcelo. Las comunidades de Cabañas y la Mesa exigirán que se investigue el origen de las amenazas, persecuciones e intentos de asesinato que el ambientalista sufrió a causa de su postura en contra de la industria.
También se exigirá con mayor insistencia identificar y enjuiciar a los responsables de los asesinatos de Ramiro Rivera y Dora Sorto, las amenazas a periodistas de Radio Victoria, el fracasado intento de asesinato del sacerdote Luis Quintanilla y las agresiones dirigidas a Francisco Pineda, Neftalí Ruiz y otros miembros de la resistencia comunitaria contra Pacific Rim. Las comunidades de Cabañas y la Mesa han pedido investigar, entre otras cosas, quiénes han suministrado las grandes cantidades de dinero que recibieron los asesinos asalariados que mataron a Ramiro y Dora, en pleno conflicto social provocado por la explotación minera de Pacific Rim.
Ha habido falta de investigaciones de las amenazas recibidas por periodistas de Radio Victoria, del atentado contra el padre Quintanilla y los demás delitos contra defensores del medioambiente. La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica todavía podría demandar a la Fiscalía y Policía por no hacerles caso a resoluciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a la que acusa de no cumplir su función constitucional de persecución del delito.
This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador report. This week we discussed the sentencing of the assassins and accomplices in the case of environmentalist Marcelo Rivera. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.

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