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  • U.S./El Salvador Report 5/22/10

    Producer/Host: Kathleen March, University of Maine

    Transcript:

    Hello. This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador report.  This week we discuss the Amnisty Law that prevents prosecution of civil war crimes in El Salvador such as the assassination of Father Romero in 1980. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities. En marzo, en la víspera del 30º aniversario del asesinato de monseñor Oscar Arnulfo Romero, Amnistía Internacional pidió que las autoridades de El Salvador revocaran la ley de amnistía que protege a los responsables de los crímenes de la guerra civil. Por primera vez, en 30 años, el gobierno participó en las actividades conmemorativas del religioso. La organización de defensa de los derechos humanos también exigió que las fuerzas de seguridad salvadoreñas cooperasen con cualquier investigación. En mayo la Fiscalía salvadoreña señaló que la Ley de Amnistía vigente desde 1993 es un “obstáculo” para la investigación del asesinato del arzobispo Romero. La Ley bloquea las investigaciones sobre masacres y otros crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra, que tuvo un saldo de más de 75.000 muertos, 7.000 desaparecidos y pérdidas económicas de más de millón y medio de dólares.  El fiscal general, Romero Barahona explicó: “Tenemos que analizar cada caso en particular y no decir solo irresponsablemente que podemos abrir X o Y delito”. Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 por un desconocido mientras oficiaba una misa en San Salvador. En marzo, el presidente Funes pidió perdón por el asesinato de Romero y admitió la “participación indirecta” del Estado que toleró la existencia de los escuadrones de la muerte. Funes indicó que los responsables “han sido ya identificados por instancias internacionales de investigación, tanto el sistema de Naciones Unidas, como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. Según la Comisión de la Verdad que investigó los crímenes durante la guerra civil, hay pruebas de la participación del ya fallecido Roberto D’Aubuisson, fundador de ARENA, partido que gobernó el país entre 1989 y 2009. También se confirmó que los capitanes Álvaro Saravia y Eduardo Ávila “tuvieron una participación activa en la planificación y conducta del asesinato”, junto con Fernando Sagrera y Mario Molina, hijo del ex presidente Arturo Armando Molina y se menciona en el informe a Amado Antonio Garay, el conductor que llevó al pistolero a la capilla. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado que se inicie una investigación que permita identificar y juzgar a los autores del crimen; compensar a los familiares de las víctimas y dejar sin efecto la amnistía. Funes ha dicho que a su Gobierno no le corresponde derogar la amnistía y ha asegurado que el Legislativo y el Poder Judicial también forman parte del Estado. “No podemos dar en estos casos tan sensibles una respuesta apresurada”, agregó Barahona, y ha pedido que  se modere la presión sobre la abolición de la Ley de Amnistía, por ser un tema que no le compete a él tanto como a otras instituciones del Estado. Al mismo tiempo, dice que “La ley no es obstáculo para investigar los crímenes cometidos durante la guerra” y que “Lo único que es un obstáculo para todo ello es la voluntad política de los órganos jurisdiccionales de investigar o no investigar”.This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador report.  This week we discussed the Amnisty Law that prevents prosecution of civil war crimes in El Salvador such as the assassination of Father Romero in 1980. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.
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    Published on May 22, 2010 · Filed under: RadioSumpul/ElSalvador, U.S./El Salvador Report;
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