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  • U.S./El Salvador Report 6/20/09

    Producer/Host: Kathleen March

    Transcript: This is Kathleen March from the University of Maine and the report for WERU today is in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US– El Salvador Sister Cities. This report is on the 1989 assassination of religious leaders in El Salvador from the perspective of Spain, since persons of Spanish nationality were among those killed.
    En enero de este año la Audiencia Nacional española declaró que iba a investigar a 14 militares salvadoreños por el asesinato en El Salvador de seis jesuitas de la Universidad Centroamericana (UCA) y dos mujeres. El asesinato ocurrió en 1989.

    El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, admitió la querella presentada el 13 de noviembre de 2007 por dos organizaciones de derechos humanos, la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Centro de Justicia y Responsabilidad, con sede en San Francisco (EEUU).

    El ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani, también denunciado por estas asociaciones, no será investigado.

    Las asociaciones de derechos humanos acusan a los demandados de “crímenes contra la humanidad” y de “terrorismo de Estado”. Se basan en el principio de justicia universal, que permite a los tribunales españoles perseguir crímenes de lesa humanidad en todo el mundo. Los querellantes también acusaban a Cristiani de “encubrir” el crimen perpetrado por el Ejército salvadoreño.

    El 16 de noviembre de 1989, miembros del batallón Atlacatl del ejército salvadoreño asesinaron en San Salvador a los sacerdotes hispano-salvadoreños Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad Centroamericana (UCA), y al vicerrector, Ignacio Martín Baró, a otros tres religiosos españoles y uno salvadoreño, y a una criada y su hija.

    Los acusados son cuatro generales, además de tres coroneles, tres tenientes, dos sargentos, un cabo y dos soldados.

    Por el crimen, fueron juzgados nueve militares, entre ellos el director de la Escuela Militar de San Salvador, el coronel Guillermo Alfredo Benavides, culpado de todos los crímenes y condenado a 30 años de cárcel.

    Benavides fue liberado el 1 de abril de 1993 bajo la ley de amnistía que perdonó todas las atrocidades cometidas durante la guerra civil en El Salvador (1980-1992).

    Tras la presentación de la querella en Madrid, el entonces presidente salvadoreño, Elías Antonio Saca, declaró que Cristiani no tenía nada que ver con el crimen y garantizó al ex presidente el completo apoyo de su gobierno. Afirmó hoy que la apertura en España de este juicio no contribuía al “desarrollo democrático” de su país. Declaró: ” … el caso de los jesuitas es un caso que se juzgó, y se condenó a un grupo de militares que posteriormente fueron amnistiados porque hubo una Ley de Amnistía que era necesaria a la par de los Acuerdos de Paz”. Añadió que “Nosotros condenamos las muertes, las lamentamos, pero la verdad es que los países se administran para adelante, se administran viendo el futuro…”.

    El arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz, manifestó su temor de que la apertura en España de una investigación de Cristiani no ayude “en el proceso de reconciliación interno”, aunque esta querella se basa en el principio de Justicia Universal, la misma que permitió en 1998 el arresto del chileno Augusto Pinochet por el juez Baltasar Garzón. En este mes se ha informado que el nuevo presidente, Mauricio Funes, en una de sus primeras declaraciones ofreció eliminar la impunidad y someter a los tribunales a los autores de numerosos crímenes cometidos por el brazo armado del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), fundado por Roberto D´Aubuisson.
    This has been Kathleen March from the University of Maine. Today we discussed the case of the assassination of religious leaders in El Salvador in 1989 from the perspective of Spain. This report for WERU was in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US– El Salvador Sister Cities.
    This is Kathleen March from the University of Maine and the report for WERU today is in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US– El Salvador Sister Cities. This report is on the 1989 assassination of religious leaders in El Salvador from the perspective of Spain, since persons of Spanish nationality were among those killed.
    En enero de este año la Audiencia Nacional española declaró que iba a investigar a 14 militares salvadoreños por el asesinato en El Salvador de seis jesuitas de la Universidad Centroamericana (UCA) y dos mujeres. El asesinato ocurrió en 1989.

    El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, admitió la querella presentada el 13 de noviembre de 2007 por dos organizaciones de derechos humanos, la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Centro de Justicia y Responsabilidad, con sede en San Francisco (EEUU).

    El ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani, también denunciado por estas asociaciones, no será investigado.

    Las asociaciones de derechos humanos acusan a los demandados de “crímenes contra la humanidad” y de “terrorismo de Estado”. Se basan en el principio de justicia universal, que permite a los tribunales españoles perseguir crímenes de lesa humanidad en todo el mundo. Los querellantes también acusaban a Cristiani de “encubrir” el crimen perpetrado por el Ejército salvadoreño.

    El 16 de noviembre de 1989, miembros del batallón Atlacatl del ejército salvadoreño asesinaron en San Salvador a los sacerdotes hispano-salvadoreños Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad Centroamericana (UCA), y al vicerrector, Ignacio Martín Baró, a otros tres religiosos españoles y uno salvadoreño, y a una criada y su hija.

    Los acusados son cuatro generales, además de tres coroneles, tres tenientes, dos sargentos, un cabo y dos soldados.

    Por el crimen, fueron juzgados nueve militares, entre ellos el director de la Escuela Militar de San Salvador, el coronel Guillermo Alfredo Benavides, culpado de todos los crímenes y condenado a 30 años de cárcel.

    Benavides fue liberado el 1 de abril de 1993 bajo la ley de amnistía que perdonó todas las atrocidades cometidas durante la guerra civil en El Salvador (1980-1992).

    Tras la presentación de la querella en Madrid, el entonces presidente salvadoreño, Elías Antonio Saca, declaró que Cristiani no tenía nada que ver con el crimen y garantizó al ex presidente el completo apoyo de su gobierno. Afirmó hoy que la apertura en España de este juicio no contribuía al “desarrollo democrático” de su país. Declaró: ” … el caso de los jesuitas es un caso que se juzgó, y se condenó a un grupo de militares que posteriormente fueron amnistiados porque hubo una Ley de Amnistía que era necesaria a la par de los Acuerdos de Paz”. Añadió que “Nosotros condenamos las muertes, las lamentamos, pero la verdad es que los países se administran para adelante, se administran viendo el futuro…”.

    El arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz, manifestó su temor de que la apertura en España de una investigación de Cristiani no ayude “en el proceso de reconciliación interno”, aunque esta querella se basa en el principio de Justicia Universal, la misma que permitió en 1998 el arresto del chileno Augusto Pinochet por el juez Baltasar Garzón. En este mes se ha informado que el nuevo presidente, Mauricio Funes, en una de sus primeras declaraciones ofreció eliminar la impunidad y someter a los tribunales a los autores de numerosos crímenes cometidos por el brazo armado del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), fundado por Roberto D´Aubuisson.
    This has been Kathleen March from the University of Maine. Today we discussed the case of the assassination of religious leaders in El Salvador in 1989 from the perspective of Spain. This report for WERU was in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US– El Salvador Sister Cities.

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    Published on June 20, 2009 · Filed under: RadioSumpul/ElSalvador, U.S./El Salvador Report; Tagged as:
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