WERU 89.9 FM Blue Hill, Maine Local News and Public Affairs Archives
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Producer/Host: Kathleen March, University of Maine
Transcript: This is Kathleen March. Welcome to WERU’s US-El Salvador Report. This week we discuss the surge in politically motivated violence in El Salvador’s neighbor, Honduras. The increasing violence includes women as targets, as it has in El Salvador. The report is produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.En San Pedro Sula, a las dos de la tarde del 24 de este mes, personas no identificadas llegaron a la Colonia Celeo González, y le dispararon a Claudia Larissa Brizuela varias veces, causándole la muerte de inmediato. Brizuela era miembro del Frente Nacional de Resistencia e hija de Pedro Brizuela, uno de los más viejos militantes del Partido Comunista Hondureño. El padre fue del buró político en la década de los 80, tan dura para los hondureños, es ex columnista del diario Tiempo y actualmente milita en el Partido Unificación Democrática. Pedro Brizuela ha declarado que la acción tiene mensaje para todos los miembros del Frente y pide que se dé a conocer este asesinato al mundo. Afirma que es un crimen cobarde, ejemplo de la agresión sistemática por grupos terroristas que con la aprobación del estado, del nuevo gobierno de Pepe Lobo, están cometiendo una escalada criminal en Honduras. Claudia Larissa deja a dos hijos huérfanos, de 2 y 8 años, que además presenciaron la muerte de su madre. Murió el día que cumplía 37 años. Una fuente informa que “una persona que pidió no ser identificada, dijo que el hombre permaneció un largo rato vigilando la casa y que luego de disparar contra la mujer salió caminando”. Dijo su padre: “Si es una venganza, lo hubieran hecho conmigo, ella no se metía con nadie ni le debía nada a nadie”. Además de sus otros puestos mencionados, Pedro Brizuela fue asesor de ODECO (Organización de Desarrollo Étnico Comunitario) y trabaja actualmente en Radio Uno.Y parece que la situación no para con ella. Antes de que se cometiera este crimen, la maestra Reina Centeno recibió un mensaje en su teléfono móvil, en que le decían “sos la próxima”. El teléfono desde el que recibió la llamada quedó registrado. El día 23 a Guillermo Amador, al salir de su casa hacia su lugar de trabajo, en las oficinas del CODEH (Comité de Derechos Humanos), se le aproximó una persona y comenzó a hacerle preguntas sobre su participación en el Frente Nacional de Resistencia. Posteriormente fue perseguido por una moto azul sin placas, como las que utiliza la policía. Y ya han muerto 18 mujeres en el Valle de Sula en lo que va de año, sin que haya habido ningún requerimento contra las asesinos. Varios dirigentes del Frente Nacional de Resistencia han recibido amenazas y agresiones por la policía y grupos paramilitares. Se especula que son importados desde Colombia.EL CONTEXTO:Es un contexto de agresión sistemática y selectiva a los miembros del Frente Nacional de Resistencia. La agresión va dirigida a miembros del Movimiento Sindical Hondureño, una de las fuerzas organizadas que lucha por una Asamblea Nacional Constituyente, la fundación de la República y una nueva Constitución. En su ataque al artista Hermes Reyes, miembro del Movimiento de Artistas en Resistencia, el 12 de febrero, en Siguatepeque, los agresores emplearon alambre de púas, dañándole uno de sus ojos. Ese mismo día, en Tegucigalpa, fue allanada la vivienda de Porfirio Ponce, miembro del Movimiento Sindical Hondureño y del Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe de Estado. Los que entraron en su vivienda se identificaron como policías; le destruyeron parte de sus pertenencias, robándole la computadora, y la acción fue con total impunidad. Otra agresión fue la desaparición temporal de Edgar Martínez el 10 de febrero, en San Pedro Sula. Al mismo tiempo secuestraron a su esposa y sus hermanos y una amiga de ellos; todos fueron llevados hasta la montaña El Venado. Los vecinos organizaron una búsqueda sin resultados. El día12 los dejaron en libertad. Todos presentaban señales de tortura; aparentemente dos de las mujeres fueron violadas. La familia Martínez son miembros activos de la Resistencia Contra el Golpe de Estado. Días antes desaparecieron temporalmente los fotógrafos Manuel de Jesús Murillo y Ricardo Antonio Rodríguez, de Globo TV y Noticiero Mi Nación, desde una gasolinera de Tegucigalpa. Ambos fueron severamente torturados.El Comité de Derechos Humanos lamenta la falta de diligencia de organismos regionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se demoran en comunicar medidas cautelares y, en algunos casos, no responden con la diligencia que la situación hondureña requiere.This is Kathleen March. This week in WERU’s US-El Salvador Report we discussed the surge in politically motivated violence in El Salvador’s neighbor, Honduras. The increasing violence includes women as targets, as it has in El Salvador. The report is produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities. -
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Producer/Host: Kathleen March
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Hello. This is Kathleen March. This week in the WERU US-El Salvador report we discuss the resurgence of extermination groups in El Salvador in relation to recent multiple assassinations. This report is prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-EL Salvador Sister Cities.Se teme la vuelta de grupos de exterminio a El Salvador, lo que debilitaría la frágil democracia salvadoreña. El temor ha surgido a raíz de dos masacres ocurridas en los últimos días. “Veo un peligro real” de que este nuevo tipo de delincuencia haya llegado y “eso para la democracia es grave”, observó el director del centro de la Universidad Centroamericana Simeón Cañas. El Salvador está en proceso de consolidar su gobierno democrático, tras varias dictaduras militares y una guerra civil que dejó un saldo de 75.000 muertos.La “limpieza social” empezó el 2 de febrero: personas encapuchadas asesinaron a siete jóvenes, aparentemente vinculados a maras, mientras descansaban a orillas de un río en el cantón Milingo, de Suchitoto. Los atacantes utilizaron fusiles M-16 y pistolas 9 milímetros. Cuatro días después, en un restaurante, tres personas, también encapuchadas y con el mismo tipo de armas, asesinaron a cinco jóvenes, en Tonacatepeque. Los atacantes les preguntaron si pertenecían a maras y si tenían tatuajes. Después se supo que las víctimas eran estudiantes universitarios y albañiles.Benjamín Cuéllar, director del académico Instituto de Derechos Humanos, relacionó la aparición de estos grupos con los planes de los gobiernos salvadoreños de enfrentar la delincuencia, que emplea la fuerza o “la mano dura”. Mauricio Funes, que llegó a la Presidencia en 2009, no cambió esa estrategia. Funes prepara un plan de seguridad con un esfuerzo “más de choque” ante la criminalidad. 2009 fue el año más violento en una década, con 4.365 asesinatos, o 76 por cada 100.000 habitantes (el promedio latinoamericano es de 24). A fines de enero, el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, recibió amenazas de muerte de personas que dijeron ser miembros de un grupo de exterminio, ordenando que no se metiera en su campaña de acabar con la delincuencia.El fenómeno no es exclusivo de El Salvador. En Guatemala, desde 2007 se sabe de grupos similares. La Procuraduría de los Derechos Humanos y numerosas organizaciones civiles han denunciado la complicidad de autoridades policíacas y judiciales, denuncias que coincidían con que “detrás de las muertes se esconden operaciones de limpieza social y ejecuciones “. En Brasil, estima Amnistía Internacional, 70 por ciento de los homicidios son obra de escuadrones de la muerte y en el 80 por ciento de esos crímenes, participan policías o ex policías. En Venezuela hay grupos de exterminio, como en el estado de Portuguesa en 2009.En El Salvador, la policía tiene dos hipótesis en torno a las masacres de febrero: o es una “vendetta” entre maras, o son grupos de “limpieza social”. La Fiscalía General investiga si las masacres fueron ejecutadas por el mismo grupo. Las armas son similares, pero un fusil M-16 utilizado en Tonacatepeque no se corresponde con el de Milingo. El analista político y ex presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Salvador Samayoa, ha escrito que en Milingo habría actuado un comando especializado. Para Samayoa las hipótesis de la rivalidad entre pandillas o una acción de sicarios “son poco probables”. ”Por historia, por ‘teatro de operaciones’, por armamento, por modalidad de emboscada, por atuendo, por estilo y, sobre todo, por su capacidad y determinación para atacar a un grupo grande, los ejecutores exhibieron características de comandos y experiencia de combate”, ha dicho. “Es casi impensable que tres pandilleros decidan atacar a diez. Eso sólo lo hacen las ‘fuerzas especiales’, los ‘comandos’, añadió.Los escuadrones de la muerte no son desconocidos en El Salvador. A mediados de los 90 surgió la autollamada “Sombra Negra”, aparentemente dedicada a exterminar a delincuentes y criminales en el departamento de San Miguel. Ese grupo habría incluido agentes policiales, pero los detenidos fueron absueltos por falta de pruebas. En los años 70 y 80, los escuadrones de la muerte capturaron, torturaron y asesinaron a miles de personas, activistas sindicales o de izquierda, en una “cruzada anticomunista”, dirigida por Roberto d’Aubuisson, fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que gobernó desde 1989 hasta el año pasado. Dice Cuéllar que es la propia falta de eficacia de las instituciones para frenar la desbordada violencia criminal “lo que más afecta la democracia misma” y lo que lleva a los ciudadanos a “enfrentar el problema por su cuenta”.This is Kathleen March. This week in the WERU US-El Salvador report we discussed the resurgence of extermination groups in El Salvador in relation to recent multiple assassinations. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-EL Salvador Sister Cities.Hello. This is Kathleen March. This week in the WERU US-El Salvador report we discuss the resurgence of extermination groups in El Salvador in relation to recent multiple assassinations. This report is prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-EL Salvador Sister Cities. Se teme la vuelta de grupos de exterminio a El Salvador, lo que debilitaría la frágil democracia salvadoreña. El temor ha surgido a raíz de dos masacres ocurridas en los últimos días. “Veo un peligro real” de que este nuevo tipo de delincuencia haya llegado y “eso para la democracia es grave”, observó el director del centro de la Universidad Centroamericana Simeón Cañas. El Salvador está en proceso de consolidar su gobierno democrático, tras varias dictaduras militares y una guerra civil que dejó un saldo de 75.000 muertos. La “limpieza social” empezó el 2 de febrero: personas encapuchadas asesinaron a siete jóvenes, aparentemente vinculados a maras, mientras descansaban a orillas de un río en el cantón Milingo, de Suchitoto. Los atacantes utilizaron fusiles M-16 y pistolas 9 milímetros. Cuatro días después, en un restaurante, tres personas, también encapuchadas y con el mismo tipo de armas, asesinaron a cinco jóvenes, en Tonacatepeque. Los atacantes les preguntaron si pertenecían a maras y si tenían tatuajes. Después se supo que las víctimas eran estudiantes universitarios y albañiles. Benjamín Cuéllar, director del académico Instituto de Derechos Humanos, relacionó la aparición de estos grupos con los planes de los gobiernos salvadoreños de enfrentar la delincuencia, que emplea la fuerza o “la mano dura”. Mauricio Funes, que llegó a la Presidencia en 2009, no cambió esa estrategia. Funes prepara un plan de seguridad con un esfuerzo “más de choque” ante la criminalidad. 2009 fue el año más violento en una década, con 4.365 asesinatos, o 76 por cada 100.000 habitantes (el promedio latinoamericano es de 24). A fines de enero, el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, recibió amenazas de muerte de personas que dijeron ser miembros de un grupo de exterminio, ordenando que no se metiera en su campaña de acabar con la delincuencia. El fenómeno no es exclusivo de El Salvador. En Guatemala, desde 2007 se sabe de grupos similares. La Procuraduría de los Derechos Humanos y numerosas organizaciones civiles han denunciado la complicidad de autoridades policíacas y judiciales, denuncias que coincidían con que “detrás de las muertes se esconden operaciones de limpieza social y ejecuciones “. En Brasil, estima Amnistía Internacional, 70 por ciento de los homicidios son obra de escuadrones de la muerte y en el 80 por ciento de esos crímenes, participan policías o ex policías. En Venezuela hay grupos de exterminio, como en el estado de Portuguesa en 2009. En El Salvador, la policía tiene dos hipótesis en torno a las masacres de febrero: o es una “vendetta” entre maras, o son grupos de “limpieza social”. La Fiscalía General investiga si las masacres fueron ejecutadas por el mismo grupo. Las armas son similares, pero un fusil M-16 utilizado en Tonacatepeque no se corresponde con el de Milingo. El analista político y ex presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Salvador Samayoa, ha escrito que en Milingo habría actuado un comando especializado. Para Samayoa las hipótesis de la rivalidad entre pandillas o una acción de sicarios “son poco probables”. ”Por historia, por ‘teatro de operaciones’, por armamento, por modalidad de emboscada, por atuendo, por estilo y, sobre todo, por su capacidad y determinación para atacar a un grupo grande, los ejecutores exhibieron características de comandos y experiencia de combate”, ha dicho. “Es casi impensable que tres pandilleros decidan atacar a diez. Eso sólo lo hacen las ‘fuerzas especiales’, los ‘comandos’, añadió. Los escuadrones de la muerte no son desconocidos en El Salvador. A mediados de los 90 surgió la autollamada “Sombra Negra”, aparentemente dedicada a exterminar a delincuentes y criminales en el departamento de San Miguel. Ese grupo habría incluido agentes policiales, pero los detenidos fueron absueltos por falta de pruebas. En los años 70 y 80, los escuadrones de la muerte capturaron, torturaron y asesinaron a miles de personas, activistas sindicales o de izquierda, en una “cruzada anticomunista”, dirigida por Roberto d’Aubuisson, fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que gobernó desde 1989 hasta el año pasado. Dice Cuéllar que es la propia falta de eficacia de las instituciones para frenar la desbordada violencia criminal “lo que más afecta la democracia misma” y lo que lleva a los ciudadanos a “enfrentar el problema por su cuenta”.This is Kathleen March. This week in the WERU US-El Salvador report we discussed the resurgence of extermination groups in El Salvador in relation to recent multiple assassinations. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-EL Salvador Sister Cities.
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Executive Producer/Host: Amy Browne
Contributors: Kathleen March, Chris Stark, Jim Campbell, Larry Dansinger
Today’s program is a showcase of some of WERU’s short features: The U.S./El Salvador Report (with a rough English translation), Notes from the Electronic Cottage, and Outside the Box
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Producer/Host: Kathleen March, University of Maine
Transcript:
This is Kathleen March. This week in the WERU US-El Salvador report we discuss the most recent assassinations in Suchitoto, El Salvador. This report is produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.El presidente Mauricio Funes dijo que la masacre de siete jóvenes el 2 de este mes en Suchitoto (Cuscatlán) había sido un “ajuste de cuentas entre pandilleros”. Funes insistió que se necesita una fuerte base educativa para que los jóvenes se concentren en los estudios, no en la delincuencia. Observó que el gobierno tiene varios problemas, como el bajo nivel de escolarización, bajos niveles educativos en ciencias y matemáticas y violencia en las grandes ciudades. Eso afecta directamente al sistema educativo. Funes se preguntó por qué los jóvenes se encontraban en ese lugar, ya que este tipo de hechos tienen su base en la deficiencia educativa, laboral y de entretenimiento que padece la juventud en el país, cuyos gobiernos anteriores no invirtieron en acciones que sacaran a los jóvenes de las calles.La policía ofrece dos versiones. Una, que un grupo de hombres vestidos de negro ejecutaron a las víctimas, mientras se bañaban en la poza, por ser miembros de la pandilla 18. Otra versión, que fue un enfrentamiento entre pandilleros. La masacre ocurrió alrededor de las tres de la tarde. Las víctimas eran de Aguilares y de Milingo. El director de la Policía Nacional Civil, Carlos Ascencio, dijo que hay varias hipótesis, incluso que la ejecución estuvo en manos de un grupo de exterminio, ya que desconocidos con gorras pasamontañas abrieron fuego contra los bañistas. Ascencio dijo que existían denuncias de los pobladores de Suchitoto de que “grupos de pandillas” pretendían operar. Se ha asignado un dispositivo de seguridad a la zona.Este hecho se suma a otro del municipio de San Sebastián, departamento de San Vicente, en que falleció una persona mayor y hubo dos lesionados. El incidente se produjo en una cantina donde varios sujetos dispararon desde un mototaxi. La gente que conoció a los jóvenes, se resiste a creer que éstos pertenecieran a pandillas. También una residente de la comunidad Milingo, que prefirió el anonimato, dijo que los muchachos “trabajaban, algunos de ellos eran padres de familia y no estaban tatuados”. Y que “Nosotros estamos sorprendidos por lo que pasó, porque en el municipio no se conoce un barrio que realmente esté dominado por maras”.En las últimas semanas, han aparecido las granadas de fragmentación de uso militar, como parte de su arsenal. Estas armas causan mayor terror en la población que se siente cada vez más indefensa. Algunos creen que las Maras y las organizaciones criminales internacionales tienen una red de tráfico de armas. Las encuestas de opinión muestran que el principal problema que siente la ciudadanía es la violencia delincuencial. En los últimos veinte años, dicen algunos, se ha abandonado a la juventud y millones de salvadoreños han emigrado. La diáspora dejó hogares sin autoridad familiar, y niños y jóvenes se crían en las calles con dinero de remesas. Dice una fuente: “Preocupa la hipótesis policial que la Masacre de la Poza del Pato, sea resultado del aparecimiento de grupos de exterminio. Esto significaría que vuelven los Escuadrones de la Muerte.”El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, espera que haya un resultado efectivo en las investigaciones de la Fiscalía y la Policía de la masacre de Suchitoto. Luna cree que la tragedia es resultado del descontrol que hay en la seguridad pública. “Yo esperaría que hubiese en este caso, un resultado efectivo de la investigación, porque el precedente es muy negativo”, declaró el funcionario, porque da lugar a muchas hipótesis: que si se trata de grupos de exterminio, que si es un ajuste de cuentas, etc. Luna afirma que no ha sido convocado por el presidente Funes para participar en las conversaciones sobre medidas en contra de la delincuencia.El Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador (IEJES), pidió que la Fiscalía General y la Policía Nacional Civil esclarecieran las masacres de Suchitoto y Tonacatepeque. Respecto a las masacres ocurridas en Suchitoto el 3 de febrero, y en Tonacatepeque el 6, donde otras cinco personas fueron asesinadas, el IEJES considera que son crímenes similares, porque se utilizaron armas de grueso calibre y fueron dirigidas a jóvenes presuntamente de maras. En el caso de Tonacatepeque, los familiares han negado que cuatro de las víctimas hayan pertenecido a grupos de pandillas. Félix Ulloa, presidente del IEJES, dijo que corresponde a las autoridades del Estado investigar y esclarecer este tipo de masacres, pero que sólo ha habido declaraciones sin conclusiones, y que no hay planes para acciones concretas. Ulloa dijo que por la forma de operar de los grupos que cometieron las dos masacres, están operando grupos de exterminio. “Hemos escuchado que la Policía desvirtúa cualquier posibilidad de que se trate de grupos de exterminio… ” señaló, aunque los informes policiales indican que se usó una técnica propia de grupos de exterminio.Ulloa, a nombre del IEJES, hizo el llamado al gobierno para que convoque a un Pacto de Nación, en que cada salvadoreño se sienta identificado con un programa y acciones incluyentes. También llamó al pueblo salvadoreño a ejercer sus derechos, expresados en la Constitución de la República.This is Kathleen March. This week in the WERU US-El Salvador report we discussed the most recent assassinations in El Salvador, in Suchitoto. This report has been produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities. -
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Producer/Host: Kathleen March, University of Maine
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This is Kathleen March. Our WERU US-El Salvador Report this week is on the recent commemoration by indigenous people in El Salvador of the Matanza or slaughter of about 30,000 peasants that took place in January 1932. The report is produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.La semana pasada los indígenas de El Salvador conmemoraron la masacre de 1932 en el municipio de Izalco. En esas fechas fueron asesinados aproximadamente 30 mil campesinos e indígenas durante la insurrección popular. Se sublevó el pueblo empobrecido bajo la dictadura del General Maximiliano Hernández Martínez, protestando contra la distribución desigual de las tierras y otros bienes. Como represalia, el dictador reaccionó con una de las peores agresiones del continente el 22 de enero. Según uno de los guías espirituales, “Después de esta masacre la comunidad indígena se redujo considerablemente en el país, muchos de ellos cambiaron sus hábitos por temor a ser asesinados y muchas costumbres se fueron dejando en el olvido”.78 años después, en el lugar que se llama El Llanito, se hizo una ceremonia indígena para “rendirles tributo a todos los caídos que murieron inocentemente”. En este sitio están sepultadas muchas víctimas de la masacre. “Naja nusan matiguagua su 1932 matachiwa” declararon en el idioma Nahuat algunos sacerdotes indígenas. Esta frase significa: Nunca olvidaremos a los mártires de 1932.El Concejo Coordinador Indígena Salvadoreño (CCNIS) y la Fundación Ama coordinaron estos actos conmemorativos del 22 y 23 de enero en Izalco, y pidieron que el estado salvadoreño “repare los daños de este crimen” de hace varias décadas. Roberto Alvarado, Alcalde de Izalco, exigió que el gobierno les pidiera perdón a los indígenas y los ayudara a mejorar sus condiciones de vida.Dijo Betty Pérez, una mujer indígena de CCNIS: “Desde hace años venimos luchando para que el estado salvadoreño reconozca la existencia de los pueblos indígenas en el país a través de una reforma constitucional, y también para que se ratifiquen acuerdos internacionales y nuestros derechos sean promovidos y respetados”. Y añadió “que se trabajen políticas públicas del nuevo gobierno para que éstas vengan a resarcir los daños que durante años el sistema capitalista ha venido efectuando contra los pueblos indígenas”.Las peticiones se hicieron durante la ceremonia indígena en el que se emplearon el caracol ancestral y el fuego sagrado. El Procurador Para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Luna, también ha expresado su apoyo y solidaridad “con la lucha que han venido emprendiendo las comunidades indígenas en favor de sus legítimos derechos constitucionales”. Luna opina que la población indígena en este país es fuerte y que por esa razón merece el apoyo y reconocimiento de sus derechos”. Una de las organizaciones participantes de la conmemoración fue El Colectivo de Comunicadores y Estudiantes Roque Dalton, que afirmó que aun hoy “persisten incrementadas las causas del levantamiento indígena del 32″, y que “la historia nos exige recordar y replantear la lucha, y en este contexto complejo que vive El Salvador”.La Matanza, que tuvo lugar en el oeste del país, venía fraguándose desde los años 20 debido a la desigualdad social y la fuerte caída del precio del café, producto de suma importancia para El Salvador. Los militares, bajo Hernández Martínez, organizaron un golpe de estado en 1931. Los rebeldes, el partido comunista, Augusto Farabundo Martí y muchos indios pipiles fueron asesinados por el ejército después de haber sido invitados a un diálogo en una plaza pública. En el 32, se calculaba que los indígenas representaban un 20% de la población de El Salvador; en la actualidad, se calcula que son del 5 al 10%, la mayoría de los cuales son de origen náhuat y lenca.This is Kathleen March. Our WERU US-El Salvador Report this week has been on the recent commemoration by indigenous people in El Salvador of the Matanza or slaughter of about 30,000 peasants that took place in January 1932. The report was produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.This is Kathleen March. Our WERU US-El Salvador Report this week is on the recent commemoration by indigenous people in El Salvador of the Matanza or slaughter of about 30,000 peasants that took place in January 1932. The report is produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities. La semana pasada los indígenas de El Salvador conmemoraron la masacre de 1932 en el municipio de Izalco. En esas fechas fueron asesinados aproximadamente 30 mil campesinos e indígenas durante la insurrección popular. Se sublevó el pueblo empobrecido bajo la dictadura del General Maximiliano Hernández Martínez, protestando contra la distribución desigual de las tierras y otros bienes. Como represalia, el dictador reaccionó con una de las peores agresiones del continente el 22 de enero. Según uno de los guías espirituales, “Después de esta masacre la comunidad indígena se redujo considerablemente en el país, muchos de ellos cambiaron sus hábitos por temor a ser asesinados y muchas costumbres se fueron dejando en el olvido”. 78 años después, en el lugar que se llama El Llanito, se hizo una ceremonia indígena para “rendirles tributo a todos los caídos que murieron inocentemente”. En este sitio están sepultadas muchas víctimas de la masacre. “Naja nusan matiguagua su 1932 matachiwa” declararon en el idioma Nahuat algunos sacerdotes indígenas. Esta frase significa: Nunca olvidaremos a los mártires de 1932. El Concejo Coordinador Indígena Salvadoreño (CCNIS) y la Fundación Ama coordinaron estos actos conmemorativos del 22 y 23 de enero en Izalco, y pidieron que el estado salvadoreño “repare los daños de este crimen” de hace varias décadas. Roberto Alvarado, Alcalde de Izalco, exigió que el gobierno les pidiera perdón a los indígenas y los ayudara a mejorar sus condiciones de vida. Dijo Betty Pérez, una mujer indígena de CCNIS: “Desde hace años venimos luchando para que el estado salvadoreño reconozca la existencia de los pueblos indígenas en el país a través de una reforma constitucional, y también para que se ratifiquen acuerdos internacionales y nuestros derechos sean promovidos y respetados”. Y añadió “que se trabajen políticas públicas del nuevo gobierno para que éstas vengan a resarcir los daños que durante años el sistema capitalista ha venido efectuando contra los pueblos indígenas”. Las peticiones se hicieron durante la ceremonia indígena en el que se emplearon el caracol ancestral y el fuego sagrado. El Procurador Para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Luna, también ha expresado su apoyo y solidaridad “con la lucha que han venido emprendiendo las comunidades indígenas en favor de sus legítimos derechos constitucionales”. Luna opina que la población indígena en este país es fuerte y que por esa razón merece el apoyo y reconocimiento de sus derechos”. Una de las organizaciones participantes de la conmemoración fue El Colectivo de Comunicadores y Estudiantes Roque Dalton, que afirmó que aun hoy “persisten incrementadas las causas del levantamiento indígena del 32″, y que “la historia nos exige recordar y replantear la lucha, y en este contexto complejo que vive El Salvador”. La Matanza, que tuvo lugar en el oeste del país, venía fraguándose desde los años 20 debido a la desigualdad social y la fuerte caída del precio del café, producto de suma importancia para El Salvador. Los militares, bajo Hernández Martínez, organizaron un golpe de estado en 1931. Los rebeldes, el partido comunista, Augusto Farabundo Martí y muchos indios pipiles fueron asesinados por el ejército después de haber sido invitados a un diálogo en una plaza pública. En el 32, se calculaba que los indígenas representaban un 20% de la población de El Salvador; en la actualidad, se calcula que son del 5 al 10%, la mayoría de los cuales son de origen náhuat y lenca.This is Kathleen March. Our WERU US-El Salvador Report this week has been on the recent commemoration by indigenous people in El Salvador of the Matanza or slaughter of about 30,000 peasants that took place in January 1932. The report was produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.
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Producer/Host: Kathleen March, University of Maine
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This is Kathleen March. Welcome to WERU’s US El Salvador Report. This week we discuss the perspective of Salvadoran President Funes and others on mining. The report is produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US – El Salvador Sister Cities.El Presidente salvadoreño Mauricio Funes, del FMLN, se ha comprometido a investigar los incidentes de los últimos meses que parecen estar relacionados con el medio ambiente y la explotación minera de empresas extranjeras. En concreto, como venimos informando, se trata de los asesinatos y las amenazas de muerte a ambientalistas de Cabañas. Aunque algunos opinan que las muertes son resultado de la delincuencia común, otros aseguran que están provocadas por los intereses internacionales, cuyo deseo de explotar zonas mineras como El Dorado puede contaminar una enorme proporción del agua y terreno de El Salvador. Funes acaba de afirmar su apoyo a los ambientalistas y su duda de que se pueda explotar el metal sin que se perjudique seriamente la salud pública. Asimismo, el presidente ha ordenado que el Ministerio de Seguridad y la Policía Civil indaguen los casos de asesinatos, con el propósito de garantizar la justicia y la seguridad social, aunque grupos como la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos pide que se definan más las “buenas intenciones” del mandatario. Por su parte, la empresa minera Pacific Rim afirma que las agresiones se deben simplemente a una disputa antigua entre familias locales.Oscar Luna, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador, ha revelado que su familia y él han sido amenazados de muerte por grupos antidelincuenciales que dicen estar practicando una “limpieza social”. Este mismo proyecto de “limpieza” fue denunciado por la entonces Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatriz de Carrillo, en 2006. A Luna le han exigido por teléfono en dos ocasiones que abandone el país y de no hacerlo, o él o un familiar suyo sería asesinado. Posiblemente con infiltrados en el grupo de derechos humanos, los autores de las amenazas dicen tener una lista de funcionarios que deberán salir de El Salvador por considerarlos un estorbo para su proyecto de “sanear el país”. Entre otros grupos, CEMUJER – El Instituto de Estudios de la Mujer Norma Virginia Guirola de Herrera- y FESPAD – la Federación de Estudios para la Aplicación del Derecho – y FESS la Federación Sindical de El Salvador – han condenado las amenazas en contra de Luna y la Procuraduría. Tanto FESPAD como FESS también han sido objeto de amenazas y “esperamos que la fiscalía y policía utilice su equipo material y humano para poder aclarar este tipo de casos”, ha dicho Alejandro Ramos, Secretario General de esta última organización. Por su parte, Luna, Defensor del Pueblo, ha interpuesto una demanda a las autoridades de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, quienes “tienen la información de las llamadas para que inicien una investigación”. La PDDH surgió de los Acuerdos para la Paz de 1992, que pusieron fin a la guerra civil en El Salvador. Su mandato general es “velar por el respeto y la garantía a los derechos humanos de la población salvadoreña”.This is Kathleen March. This week in WERU’s US El Salvador Report we discussed the perspective of Salvadoran President Funes and others on mining. The report was produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US – El Salvador Sister Cities.This is Kathleen March. Welcome to WERU’s US El Salvador Report. This week we discuss the perspective of Salvadoran President Funes and others on mining. The report is produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US – El Salvador Sister Cities. El Presidente salvadoreño Mauricio Funes, del FMLN, se ha comprometido a investigar los incidentes de los últimos meses que parecen estar relacionados con el medio ambiente y la explotación minera de empresas extranjeras. En concreto, como venimos informando, se trata de los asesinatos y las amenazas de muerte a ambientalistas de Cabañas. Aunque algunos opinan que las muertes son resultado de la delincuencia común, otros aseguran que están provocadas por los intereses internacionales, cuyo deseo de explotar zonas mineras como El Dorado puede contaminar una enorme proporción del agua y terreno de El Salvador. Funes acaba de afirmar su apoyo a los ambientalistas y su duda de que se pueda explotar el metal sin que se perjudique seriamente la salud pública. Asimismo, el presidente ha ordenado que el Ministerio de Seguridad y la Policía Civil indaguen los casos de asesinatos, con el propósito de garantizar la justicia y la seguridad social, aunque grupos como la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos pide que se definan más las “buenas intenciones” del mandatario. Por su parte, la empresa minera Pacific Rim afirma que las agresiones se deben simplemente a una disputa antigua entre familias locales. Oscar Luna, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador, ha revelado que su familia y él han sido amenazados de muerte por grupos antidelincuenciales que dicen estar practicando una “limpieza social”. Este mismo proyecto de “limpieza” fue denunciado por la entonces Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatriz de Carrillo, en 2006. A Luna le han exigido por teléfono en dos ocasiones que abandone el país y de no hacerlo, o él o un familiar suyo sería asesinado. Posiblemente con infiltrados en el grupo de derechos humanos, los autores de las amenazas dicen tener una lista de funcionarios que deberán salir de El Salvador por considerarlos un estorbo para su proyecto de “sanear el país”. Entre otros grupos, CEMUJER – El Instituto de Estudios de la Mujer Norma Virginia Guirola de Herrera- y FESPAD – la Federación de Estudios para la Aplicación del Derecho – y FESS la Federación Sindical de El Salvador – han condenado las amenazas en contra de Luna y la Procuraduría. Tanto FESPAD como FESS también han sido objeto de amenazas y “esperamos que la fiscalía y policía utilice su equipo material y humano para poder aclarar este tipo de casos”, ha dicho Alejandro Ramos, Secretario General de esta última organización. Por su parte, Luna, Defensor del Pueblo, ha interpuesto una demanda a las autoridades de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, quienes “tienen la información de las llamadas para que inicien una investigación”. La PDDH surgió de los Acuerdos para la Paz de 1992, que pusieron fin a la guerra civil en El Salvador. Su mandato general es “velar por el respeto y la garantía a los derechos humanos de la población salvadoreña”.This is Kathleen March. This week in WERU’s US El Salvador Report we discussed the perspective of Salvadoran President Funes and others on mining. The report was produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US – El Salvador Sister Cities.
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Producer/Host: Kathleen March, University of Maine
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This is Kathleen March. Welcome to WERU’s US-El Salvador Report This week we discuss the statement of US official John Beasley concerning gang violence in El Salvador. This report is prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.Estados Unidos ha afirmado que las maras han sobrepasado los límites y piden que las autoridades salvadoreñas inicien una lucha contra estos grupos, con suficientes agentes de seguridad para hacer que se cumpla la ley y la población no sufra de los actos de violencia. La afirmación viene por parte del fiscal federal John Armon Beasley, Agregado Jurídico Regional de EE.UU. para Centroamérica. Beasley, en una entrevista para El Diario de Hoy, periódico salvadoreño, insistió en que las maras no se apoderasen de las calles. Las pandillas de delincuentes han lanzado granadas contra personas y establecimientos en la capital y el interior del país, creando un ambiente de miedo que les da impunidad.Beasley ofreció la ayuda de Estados Unidos para luchar contra el crimen organizado. Por su parte, las autoridades de Nueva York, Los Ángeles y Washington DC han emprendido una lucha frontal. En El Salvador las maras están involucradas en extorsiones, narcotráfico, asaltos y homicidios. El fiscal estadounidense ha dicho: “No se puede permitir esto, en ningún país, en ningún lado. No se puede permitir que una persona o un gran grupo lance granadas o ataque a gente en la calle o esté extorsionando u ordene a los negocios que cierren a tal hora”.Los agentes de seguridad deben imponer el orden y crear un sentido de tranquilidad, recuperando las comunidades afectadas. Efectivamente, El Salvador tiene policías y fiscales, equipos de investigación y leyes como la normativa contra el crimen organizado, pero lo más importante es que se pongan en funcionamiento todos estos componentes.En Estados Unidos se ha aplicado la ley RICO [Federal Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act o ley federal de crimen organizado], una extensión de la ley contra la conspiración y sanciona como delito la simple participación en un grupo vinculado a actividades ilegales. Pero Beasley insiste en que un arma importante son las escuchas telefónicas, que permitirían controlar más al crimen organizado y a las pandillas, y llegar a sus dirigentes.Además de las escuchas, hace falta una policía comunitaria que patrulle a pie el vecindario. Beasley considera que se debe avanzar “cuadra por cuadra, casa por casa”, como en Estados Unidos se hizo en los edificios de apartamentos, donde mafiosos les quitaban sus viviendas a los jubilados. En Washington tuvieron que combatir la venta de crack.Las autoridades comunitarias de El Salvador, como las alcaldías, deben asegurar que los edificios y otros espacios estén limpios, iluminados y seguros y que no vuelvan a convertirse en espacios de las pandillas. Las iglesias y otras asociaciones pueden ayudar a evitar que los niños sean reclutados por las bandas. “Todo esto no es posible si los mareros permanecen en las comunidades”. En la embajada de EE.UU. en San Salvador, Beasley dijo que ”Si en el transcurso de las investigaciones sobre el origen de armas o granadas necesitan la ayuda de EE.UU., pueden pedirla y vamos a dársela”,En 2009, al menos 12 personas murieron en El Salvador por el estallido de granadas lanzadas por desconocidos. En los primeros días de 2010, más de treinta personas fueron heridas y una falleció en dos atentados con granadas en San Salvador. Las maras salvadoreñas están ayudando a las organizaciones narcotraficantes mexicanas a transportar droga por la región, aseguró el ministro de Defensa de El Salvador, el general David Munguía Payés, quien considera que las maras “se han convertido en una especie de ejército del mismo narcotráfico”. Se dice que el 85 por ciento de los crímenes en el país son causados por la colaboración entre las pandillas y narcotraficantes”. En El Salvador hubo un total de 4.365 asesinatos en 2009, la cifra más alta desde que terminó la guerra civil (1980-1992). La Mara Salvatrucha y la Mara 18 son las principales pandillas. Según las autoridades, sus miembros podrían alcanzar unas 30.000 personas.This has been Kathleen March. In WERU’s US-.El Salvador Report for this week we discussed the statement of US official John Beasley concerning gang violence in El Salvador. This report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.This is Kathleen March. Welcome to WERU’s US-El Salvador Report This week we discuss the statement of US official John Beasley concerning gang violence in El Salvador. This report is prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities. Estados Unidos ha afirmado que las maras han sobrepasado los límites y piden que las autoridades salvadoreñas inicien una lucha contra estos grupos, con suficientes agentes de seguridad para hacer que se cumpla la ley y la población no sufra de los actos de violencia. La afirmación viene por parte del fiscal federal John Armon Beasley, Agregado Jurídico Regional de EE.UU. para Centroamérica. Beasley, en una entrevista para El Diario de Hoy, periódico salvadoreño, insistió en que las maras no se apoderasen de las calles. Las pandillas de delincuentes han lanzado granadas contra personas y establecimientos en la capital y el interior del país, creando un ambiente de miedo que les da impunidad. Beasley ofreció la ayuda de Estados Unidos para luchar contra el crimen organizado. Por su parte, las autoridades de Nueva York, Los Ángeles y Washington DC han emprendido una lucha frontal. En El Salvador las maras están involucradas en extorsiones, narcotráfico, asaltos y homicidios. El fiscal estadounidense ha dicho: “No se puede permitir esto, en ningún país, en ningún lado. No se puede permitir que una persona o un gran grupo lance granadas o ataque a gente en la calle o esté extorsionando u ordene a los negocios que cierren a tal hora”. Los agentes de seguridad deben imponer el orden y crear un sentido de tranquilidad, recuperando las comunidades afectadas. Efectivamente, El Salvador tiene policías y fiscales, equipos de investigación y leyes como la normativa contra el crimen organizado, pero lo más importante es que se pongan en funcionamiento todos estos componentes. En Estados Unidos se ha aplicado la ley RICO [Federal Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act o ley federal de crimen organizado], una extensión de la ley contra la conspiración y sanciona como delito la simple participación en un grupo vinculado a actividades ilegales. Pero Beasley insiste en que un arma importante son las escuchas telefónicas, que permitirían controlar más al crimen organizado y a las pandillas, y llegar a sus dirigentes. Además de las escuchas, hace falta una policía comunitaria que patrulle a pie el vecindario. Beasley considera que se debe avanzar “cuadra por cuadra, casa por casa”, como en Estados Unidos se hizo en los edificios de apartamentos, donde mafiosos les quitaban sus viviendas a los jubilados. En Washington tuvieron que combatir la venta de crack. Las autoridades comunitarias de El Salvador, como las alcaldías, deben asegurar que los edificios y otros espacios estén limpios, iluminados y seguros y que no vuelvan a convertirse en espacios de las pandillas. Las iglesias y otras asociaciones pueden ayudar a evitar que los niños sean reclutados por las bandas. “Todo esto no es posible si los mareros permanecen en las comunidades”. En la embajada de EE.UU. en San Salvador, Beasley dijo que ”Si en el transcurso de las investigaciones sobre el origen de armas o granadas necesitan la ayuda de EE.UU., pueden pedirla y vamos a dársela”, En 2009, al menos 12 personas murieron en El Salvador por el estallido de granadas lanzadas por desconocidos. En los primeros días de 2010, más de treinta personas fueron heridas y una falleció en dos atentados con granadas en San Salvador. Las maras salvadoreñas están ayudando a las organizaciones narcotraficantes mexicanas a transportar droga por la región, aseguró el ministro de Defensa de El Salvador, el general David Munguía Payés, quien considera que las maras “se han convertido en una especie de ejército del mismo narcotráfico”. Se dice que el 85 por ciento de los crímenes en el país son causados por la colaboración entre las pandillas y narcotraficantes”. En El Salvador hubo un total de 4.365 asesinatos en 2009, la cifra más alta desde que terminó la guerra civil (1980-1992). La Mara Salvatrucha y la Mara 18 son las principales pandillas. Según las autoridades, sus miembros podrían alcanzar unas 30.000 personas.This has been Kathleen March. In WERU’s US-.El Salvador Report for this week we discussed the statement of US official John Beasley concerning gang violence in El Salvador. This report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
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This is Kathleen March. Welcome to WERU’s US El Salvador Report. This week we discuss the deportations of numerous Salvadorans and the effects on those people. The report is produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US – El Salvador Sister Cities.La crisis económica de Estados Unidos afecta a los inmigrantes de manera muy evidente. Semanalmente llegan en aviones a su país de origen centenares de salvadoreños, volviendo a la pobreza que habían intentado evadir. Suman 2 millones y medio los salvadoreños que residen en Estados Unidos, según algunas estadísticas, y las remesas que envían a sus casas son una contribución muy importante a la economía nacional. Una fuente observa que llegan cientos de millones de dólares a este país, que no sólo es el más pequeño de América Central sino que también es conocido como productor de café gourmet – para el resto del mundo, se entiende.Se calcula en 20.000 el número de regresados anualmente, y este número incluye a cierta cantidad de mareros, miembros de las maras o pandillas de delincuentes con prácticas de violencia. El aumento de delitos en El Salvador es notable, aunque no todos los deportados permanecen en su país e intentan regresar a los Estados Unidos. Juan José García, el viceministro de Relaciones Exteriores ha constatado que El Salvador presentó una petición a Estados Unidos, con la esperanza de que se declarara una moratoria de las deportaciones, dadas las dificultades que existen para absorber a los que vuelven. Se adujo la razón de que el huracán Ida había causado mucha destrucción y gastos para la economía salvadoreña. La petición fue denegada, aunque se ha prometido supervisar los procesos de deportación y se aceptó poner un límite.Las experiencias de los deportados son diversas. Algunos son capturados y devueltos sin la oportunidad de avisar a sus familiares o amigos en Estados Unidos. En los centros de detención pueden pasar días, con una luz permanentemente encendida y un mínimo de alimentación. Algunos aprenden de esta experiencia y no piensan volver; otros creen que no tienen más alternativa que intentar de nuevo cruzar la frontera en busca de empleo, ya que en El Salvador dolarizado no lo encuentran.CHIRLA – Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles (Coalición para los Derechos Humanos de Inmigrantes de Los Angeles) – observa que entre 2008 y 2009, las expulsiones aumentaron en más del 8%, aunque en años anteriores el aumento había sido de un 24%. Se dice que el descenso se debe a la disminución de detenciones en la frontera, la menor frecuencia de redadas y un cambio en la política migratoria del gobierno estadounidense. El vocero de CHIRLA dice que la política de la administración actual está concentrada en los empleadores, las empresas que contratan a los indocumentados. Por su parte la Patrulla Fronteriza de Tucson y Yuma practicó menos detenciones en 2009 que en 2008, aunque en general las deportaciones de salvadoreños documentados han subido en el área de Los Angeles.Se están buscando medidas alternativas a la detención para inmigrantes en Estados Unidos. También se procura hacer cambios en el programa del gobierno salvadoreño que se llama “Bienvenido a casa”, iniciado en 1998, que busca minimizar el impacto del regreso de los deportados. Originalmente estuvo a cargo Catholic Relief Services, pero luego fue entregado a la ONG Fundación para el Desarrollo Integral, que tampoco lo dirige en este momento. En cambio, los integrantes incluyen varios ministerios, dos universidades y otras entidades.En el primer trimestre de este año, el presidente salvadoreño Mauricio Funes hará una visita a Barack Obama, en la Casa Blanca.This is Kathleen March. This week in WERU’s US El Salvador Report we discussed the deportations of numerous Salvadorans and the effects on the deportees. The report has been produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US – El Salvador Sister Cities.This is Kathleen March. Welcome to WERU’s US El Salvador Report. This week we discuss the deportations of numerous Salvadorans and the effects on those people. The report is produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US – El Salvador Sister Cities. La crisis económica de Estados Unidos afecta a los inmigrantes de manera muy evidente. Semanalmente llegan en aviones a su país de origen centenares de salvadoreños, volviendo a la pobreza que habían intentado evadir. Suman 2 millones y medio los salvadoreños que residen en Estados Unidos, según algunas estadísticas, y las remesas que envían a sus casas son una contribución muy importante a la economía nacional. Una fuente observa que llegan cientos de millones de dólares a este país, que no sólo es el más pequeño de América Central sino que también es conocido como productor de café gourmet – para el resto del mundo, se entiende. Se calcula en 20.000 el número de regresados anualmente, y este número incluye a cierta cantidad de mareros, miembros de las maras o pandillas de delincuentes con prácticas de violencia. El aumento de delitos en El Salvador es notable, aunque no todos los deportados permanecen en su país e intentan regresar a los Estados Unidos. Juan José García, el viceministro de Relaciones Exteriores ha constatado que El Salvador presentó una petición a Estados Unidos, con la esperanza de que se declarara una moratoria de las deportaciones, dadas las dificultades que existen para absorber a los que vuelven. Se adujo la razón de que el huracán Ida había causado mucha destrucción y gastos para la economía salvadoreña. La petición fue denegada, aunque se ha prometido supervisar los procesos de deportación y se aceptó poner un límite. Las experiencias de los deportados son diversas. Algunos son capturados y devueltos sin la oportunidad de avisar a sus familiares o amigos en Estados Unidos. En los centros de detención pueden pasar días, con una luz permanentemente encendida y un mínimo de alimentación. Algunos aprenden de esta experiencia y no piensan volver; otros creen que no tienen más alternativa que intentar de nuevo cruzar la frontera en busca de empleo, ya que en El Salvador dolarizado no lo encuentran. CHIRLA – Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles (Coalición para los Derechos Humanos de Inmigrantes de Los Angeles) – observa que entre 2008 y 2009, las expulsiones aumentaron en más del 8%, aunque en años anteriores el aumento había sido de un 24%. Se dice que el descenso se debe a la disminución de detenciones en la frontera, la menor frecuencia de redadas y un cambio en la política migratoria del gobierno estadounidense. El vocero de CHIRLA dice que la política de la administración actual está concentrada en los empleadores, las empresas que contratan a los indocumentados. Por su parte la Patrulla Fronteriza de Tucson y Yuma practicó menos detenciones en 2009 que en 2008, aunque en general las deportaciones de salvadoreños documentados han subido en el área de Los Angeles. Se están buscando medidas alternativas a la detención para inmigrantes en Estados Unidos. También se procura hacer cambios en el programa del gobierno salvadoreño que se llama “Bienvenido a casa”, iniciado en 1998, que busca minimizar el impacto del regreso de los deportados. Originalmente estuvo a cargo Catholic Relief Services, pero luego fue entregado a la ONG Fundación para el Desarrollo Integral, que tampoco lo dirige en este momento. En cambio, los integrantes incluyen varios ministerios, dos universidades y otras entidades. En el primer trimestre de este año, el presidente salvadoreño Mauricio Funes hará una visita a Barack Obama, en la Casa Blanca.
This is Kathleen March. This week in WERU’s US El Salvador Report we discussed the deportations of numerous Salvadorans and the effects on the deportees. The report has been produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US – El Salvador Sister Cities.
