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  • Producer/Host: Kathleen March, University of Maine

    Transcript:

    This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we summarize one perspective on the 190th anniversary of Central American and Salvadoran independence. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.
    Últimamente Carlos Ayala Ramírez comentó para Kaos en la Red:
    El 15 de septiembre se conmemoró en Centroamérica, 190 años de la fecha en que los países se liberaron del dominio español. Hubo actividades para recordar el acontecimiento; se repiten cada año: desfiles estudiantiles y militares, discursos, grandes concentraciones de personas. Sin embargo, todavía hay desafíos para la independencia nacional.
    El Padre Ignacio Ellacuría decía que la independencia de las naciones y de las personas se hace día a día y se puede perder de un momento a otro. También afirmaba que “la independencia nacional cobra características distintas en cada coyuntura de la historia y, por eso, cada conmemoración de la gesta independentista ha de ser diferente: diferente en el recuerdo de lo que fue aquel primer 15 de septiembre, diferente en el análisis de lo que es esa fecha hoy, diferente en lo que ha de proponerse la patria como tarea futura para llegar a ser cada vez más una patria libre”.
    Ayala Ramírez pregunta ¿Cuáles son las tareas más importantes que tiene El Salvador para ser una patria más libre? e identifica cinco: libertad de la pobreza, libertad de la inseguridad, libertad de la injusticia, libertad para desarrollar el potencial humano propio, y libertad para acceder a un trabajo digno.
    La pobreza es un obstáculo grande para alcanzar un nivel de vida digno. El Informe sobre Desarrollo Humano de El Salvador para el año pasado indica que alrededor del 40% de los hogares salvadoreños son pobres, la escolaridad promedio es de 6 años, y el analfabetismo de las personas de 10 años o más es del 14%. El 40% de los enfermos no recibe atención médica, y solo el 20% de la población tiene seguro de salud. Solo el 18% tiene pensión. La pobreza estorba el desarrollo de la gente y causa muerte lenta por la falta de alimentación, salud, educación, vivienda y trabajo.
    Según la Organización de Naciones Unidas, en El Salvador hay 70 homicidios por cada 100,000 habitantes (el promedio mundial es de 8.8). Son niveles epidémicos, según la Organización Mundial de la Salud, ya que cuando hay más de nueve asesinatos por cada 100,000 habitantes hay epidemia. El 90% de la población salvadoreña se siente inseguro en los lugares públicos; más del 6o% evita ciertos lugares de diversión; el 40% limita lugares de compra; cerca del 40% no va a lugares de recreo y el 14% ha cambiado de lugar de residencia.
    Sin un estado de derecho y una justicia imparcial, los derechos humanos no existen. En El Salvador la administración de justicia es difícil por la poca capacidad institucional. Se ha visto recientemente en el caso jesuitas. Un componente importante de los Acuerdos de Paz fue el fortalecimiento del sistema de justicia; pero en 20 años, las reformas no han alcanzado los objetivos originales. Según Ayala Ramírez, la confianza en el sistema ha decaído, por la frecuente impunidad, las muchas denuncias y los casos de corrupción de magistrados, jueces y fiscales.
    Los salvadoreños no tienen oportunidades para realizar su potencial individual, para participar en todas las esferas de la sociedad. Según la Constitución el gobierno se compromete a garantizar a la población al menos la salud, la nutrición y la educación por sus efectos positivos, en el capital humano. El Padre Ellacuría hablaba de una civilización de la pobreza, donde ésta ya no sería la privación de lo necesario y fundamental para las mayorías, sino “un estado universal de cosas en donde está garantizada la satisfacción de las necesidades fundamentales, la libertad de opciones personales y un ámbito de creatividad personal y comunitaria que permita la aparición de nuevas formas de vida y cultura, nuevas relaciones con la naturaleza, con los demás, consigo mismo y con Dios”.
    Todas las personas en edad de trabajar y con voluntad de hacerlo deben tener un trabajo que reciba una remuneración justa, protección social, buenas condiciones y seguridad en el lugar de empleo, posibilidad de desarrollo personal y reconocimiento social, e igualdad en el trato para hombres y mujeres.
    Si se quiere hablar de la independencia nacional, es imprescindible tener en cuenta estos temas y derechos, según Ayala Ramírez.
    This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we summarized one perspective, that of Carlos Ayala Ramírez, on the 190th anniversary of Central American and Salvadoran independence. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.

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  • Producer/Host: Kathleen March, University of Maine

    Transcript:

    This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we discuss the continuing events of the Jesuit assassination case. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.
    La noticia de la semana fue la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de El Salvador, de ratificar la “irrestricta libertad” de los 9 ex militares que estuvieron resguardados en el Batallón Especial de Seguridad Militar . Poco antes del fallo de la CSJ, el presidente Funes dijo que los ex militares acusados de la Masacre Jesuita de 1989 estaban “arrestados”, pero la Corte Plena de la CSJ indica que “nunca estuvieron arrestados”. ¿Quién les informó que los iban a arrestar porque ya se había activado la difusión roja?
    La CSJ dice que la “difusión roja” era sólo para “fines de localización” y no “de detención con fines de extradición”; e indicó que no se había recibido nada de España que indicara que los militares fuesen detenidos. Funes dijo que la CSJ le había dado la razón al gobierno “de no capturarlos”. Según la Interpol, el color azul en la difusión es para fines de localización; el color rojo es la orden de detención. ¿Ha funcionado El Salvador como “defensor” de los acusados? Algunos se preguntan por qué se quería resguardar a los nueve si ya no son del ejército y están acusados de graves crímenes y dicen que si el Estado Español tuvo un fallo y no mandó la orden internacional de detención como dice el tratado binacional, ¿no es de colaboración recíproca el tratado entre los dos países?
    El 27 de agosto, la querellante en el proceso que se les sigue en España a 20 ex militares, Almudena Bernabeu, dijo que el juez Eloy Velasco enviaría a la Interpol las órdenes de captura de los otros 9 militares que están también procesados y que también España solicitaría formalmente las extradiciones de los culpables. El 26 de agosto se supo que el sistema de justicia de El Salvador concedió “una libertad irrestricta” a los exmilitares que estuvieron 20 días resguardados después de saber que había orden de captura internacional. Según algunos, esta acción de la justicia salvadoreña crea dudas sobre el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y su deseo de aplicar la justicia.
    La polémica se ve en El Salvador, España y Estados Unidos. El excoronel Inocente Montano, detenido el 23 de agosto en Boston, fue acusado de “fraude migratorio” al entrar a Estados Unidos. Montano quedó libre bajo fianza el 24, aunque le fue puesto un brazalete electrónico. Parece que Montano trataba de regresar a El Salvador. Se le acusó de no decir la verdad de haber sido jefe militar durante la guerra civil cuando gestionó su residencia en Estados Unidos.
    La polémica en El Salvador se centra en el haber emitido el juez español Eloy Velasco 11 órdenes internacionales de detención contra exmilitares vinculados al proceso. Otras nueve órdenes están en camino a la Interpol. El magistrado de la CSJ, Néstor Castañeda, explicó que los exmilitares resguardados “están en irrestricta libertad porque nunca fueron arrestados legalmente; ellos se resguardaron voluntariamente” y que la CSJ “determinó que la difusión roja era sólo para fines de localización de los exmilitares y no para detenerlos”.
    Dijo la abogada querellante, Almudena Bernabeu, que “Está en la ley española la posibilidad de juzgar estos casos… Pero además, las víctimas son, cinco de ellas españolas (aunque también tenían nacionalidad salvadoreña), entonces los jueces españoles están en la obligación de abrir estas investigaciones. Además de ello, este fue un crimen de lesa humanidad”. “España ha hecho un Auto de Procesamiento, que es muy amplio y complejo, que se dio a los medios de comunicación, precisamente para acallar rumores y especulaciones, en el que se relata muy despacio cómo el juez ha llegado a las conclusiones … y califica los procesos de 1991 y 2001 como procesos fraudulentos con repercusiones irregulares. Además reconoce la Ley de Amnistía como una ley contra derecho, y se hace eco de lo ya dicho por Naciones Unidas, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Parlamento Europeo, entre otros”.
    Los efectos del Caso Jesuitas han llegado a sectores importantes de Estados Unidos, como The Miami Herald y The Boston Globe, por la relación que este país ha tenido con El Salvador. Hace unas semanas, en julio, cuatro senadores estadounidenses mandaron una carta a la secretaria de Estado, pidiendo que se colabore con el proceso jurídico de España, en información y detención de los implicados que puedan estar en Estados Unidos. El Miami Herald, un periódico conservador, sostiene casi la misma posición del juez Eloy Velasco sobre el proceso penal fraudulento que hubo en El Salvador. Cuestiona el poder que mantienen los exmilitares en El Salvador y opina que el Departamento de Estado y el de Justicia deben mostrar que las palabras de Obama no son simple retórica.
    This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week’s topic was the continuation of the Jesuit assassination case. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.

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  • Producer/Host: Kathleen March, University of Maine

    Transcript: This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we continue to follow the case of the Jesuits’ assassination in 1989, as the accused are both arrested and freed. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.
    La Corte Suprema de Justicia salvadoreña permitió salir a los nueve militares reclamados por la Audiencia Nacional española que estaban refugiados en una brigada castrense de San Salvador, concediéndoles libertad sin restricciones. Los militares se habían refugiado al saber que la Policía tenía una orden de captura internacional de la Interpol del juez español Eloy Velasco. Ya se había especulado que su entrega era resultado de un pacto con los oficiales. Las órdenes internacionales de detención anunciadas por el juez de la Audiencia Nacional Española, fueron emitidas basándose en la nacionalidad española de cinco de los asesinados.
    El magistrado Ulices Guzmán explicó que ahora los militares no tienen restricciones y que no hay autoridad que pueda capturarlos, que el caso “está cerrado”. El Gobierno español o el juez Velasco tendría que mandar una solicitud explícita de captura para pedir la extradición. En ese caso, la Corte, se reuniría de nuevo para estudiar la petición. La Corte contradice al presidente Funes y otros funcionarios, que habían declarado que los nueve ex militares estaban arrestados.
    El director del Instituto de Derechos Humanos de IDHUCA, Benjamín Cuéllar, dijo que la decisión judicial era «otro capítulo más de la farsa» y «una demostración de que este sistema de justicia 20 años después del fin de la guerra sigue siendo igual». El presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, del FMLN, ha afirmado que la decisión de la Corte ‘cierra un capítulo’, pero que la historia no acaba ahí.
    Mientras tanto, en Boston, otro de los acusados de la masacre, el ex viceministro y coronel retirado Inocente Orlando Montano, fue detenido por mentir a las autoridades de migración de Estados Unidos. Irónicamente, su detención se debe a que está acusado de fraude migratorio, no a su papel en la masacre. Será juzgado en Boston, donde ha residido desde hace diez años. Una petición de extradición llegará desde España y, se espera que Montano sea extraditado.
    Montano había abandonado su residencia y quitado su nombre de su buzón cuando supo la orden de arresto internacional emitida por el juez español Eloy Velasco. Sin embargo, fue arrestado por mentir a las autoridades de migración durante los últimos siete años: había declarado que nunca había servido al ejército salvadoreño para obtener protección especial bajo las leyes estadounidenses.
    Según la abogada del Centro para la Justicia y Responsabilidad, Almudena Bernabéu, esta actuación es típica del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Opina que una vez que el Boston Globe desveló que Montano residía en Massachusetts desde hace años, buscaron algo con que detenerlo y acallar el escándalo. Según Bernabéu, no es posible que sea deportado a El Salvador sino que será juzgado en Estados Unidos. Por otra parte, mientras el proceso se lleva a cabo en Boston, se espera que lleguen las solicitudes de extradición del gobierno español, ante las cuales Estados Unidos debería decidir.
    Según la abogada del CJA, el tratado de extradición entre España y Estados Unidos dicta que Montano, acusado de ocho asesinatos y un delito de lesa humanidad, sea enviado al país europeo para ser juzgado. Montano era Coronel y viceministro de Seguridad Pública en noviembre de 1989, cuando un comando del Batallón Atlacatl entró en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas con la orden de matar al rector, Ignacio Ellacuría, y de no dejar testigos.
    Al abogado del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Henry Fino, le pareció bien la rápida reacción de las autoridades estadounidenses, y que debería tomar nota el gobierno salvadoreño. No obstante, el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Hato Hasbún, al saber de la detención de Montano en Estados Unidos declara que el gobierno ha cumplido con lo que le corresponde de acuerdo a la ley. En el caso de Montano, Estados Unidos tendrá que actuar de acuerdo a los procedimientos legales en ese país. El diputado de ARENA, Roberto d´Aubuisson, dijo que la suerte de Montano dependería de la que corrieran los otros nueve militares. Ya se ha dicho que han sido puestos en libertad.
    This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we continued to follow the case of the Jesuits’ assassination in 1989, as the accused are both arrested and freed. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.

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  • Producer/Host: Kathleen March

    Transcript:

    This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we continue to follow the controversy surrounding the indictment of the authors of the 1989 assassinations known as the “Jesuit case.” The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.
    Hay una polémica con tres puntos a causa del Caso jesuitas: El Salvador, donde fueron asesinados seis sacerdotes y dos de sus empleadas, en 1989; España, que quiere juzgar a los responsables de la masacre, basándose en la Justicia Universal y el hecho de que cinco de los asesinados eran españoles/vascos; y Estados Unidos, aliado de El Salvador antes y después de la guerra civil. Por lo menos uno de los implicados vive en Estados Unidos y una organización estadounidense, el Centro de Justicia y Responsabilidad, es uno de los querellantes.
    La polémica en El Salvador se debe a que el juez Eloy Velasco ha dado once órdenes internacionales de detención contra los ex militares. Otras nueve órdenes están en proceso de llegar a la Interpol. De los primeros once reclamados (hay 20 acusados), el ex general René Emilio Ponce murió en mayo. El ex coronel Inocente Orlando Montano reside en Estados Unidos. Los otros nueve están “resguardados” desde comienzos de este mes en la Brigada Especial de Seguridad Militar, en San Salvador. El gobierno no ha respondido a la pregunta de: ¿Qué hacen los militares “resguardados” en una institución del gobierno cuando hay una orden internacional de captura recibida por la Interpol?
    El ministro de Defensa Nacional, general David Munguía Payés, remitió el caso a un Juez de Paz. La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Mirna Perla, aseguró que mientras la policía no captura a los ex militares y se pongan en manos de un juez, la Corte no podría “conocer el caso”.
    En la Sala de lo Constitucional se solicitaron al menos dos habeas corpus preventivos. En un documento del magistrado de la Corte, Florentín Meléndez dice que se abstendrá de conocer todo lo relacionado con el Caso Jesuitas. “Considero, por lo tanto, que es mi obligación ética y jurídica abstenerme de conocer en Corte Plena sobre todo lo relacionado con el caso Jesuitas, por haberme pronunciado ya sobre el fondo del asunto mediante mi voto disidente que emití con motivo de la resolución en la que se denegó la cooperación a que está obligado El Salvador, conforme al Convenio de Cooperación Judicial en materia Penal vigente entre ambas naciones”, afirma.
    La situación planteada por el magistrado Meléndez crearía una compleja situación en la Corte, en la que 11 de los 15 magistrados propietarios no deberían estar en Corte Plena para conocer todo lo relacionado con el Caso Jesuitas. ¿Cómo se resolverá el conflicto?
    “… España sí tiene jurisdicción para llevar un caso como este y España la tiene no porque sea un país de la naturaleza que sea, sino porque hay más de 50 países en el mundo que tienen jurisdicción sobre la misma base y es un ejercicio de responsabilidad que está fundamentado en la calidad de los crímenes, es un principio procesal básico que está vigente ya en muchos países, que es el principio de Justicia Universal y que funciona también, por ejemplo, en Estados Unidos y México. Esto se instaura a partir del tribunal de Núremberg”, dijo la abogada querellante en el Caso Jesuitas, Almudena Bernabeu, en respuesta a aquellos que afirman que España no puede juzgar hechos ocurridos en El Salvador durante la guerra civil.
    “Está en la ley española la posibilidad de juzgar estos casos… Pero además, las víctimas son, cinco de ellas españolas (aunque también tenían nacionalidad salvadoreña), entonces los jueces españoles están en la obligación de abrir estas investigaciones. Además de ellos, este fue un crimen de lesa humanidad”, dijo Bernabeu, explicando que “España ha hecho un Auto de Procesamiento, que es muy amplio y complejo, que se dio a los medios de comunicación, precisamente para acallar rumores y especulaciones, en el que se relata muy despacio cómo el juez ha llegado a las conclusiones … y califica los procesos de 1991 y 2001 como procesos fraudulentos… Además reconoce la Ley de Amnistía como una ley contra derecho, y se hace eco de o ya dicho por Naciones Unidas, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Parlamento Europeo… ”.
    La repercusión ha llegado a medios de Estados Unidos, como The Miami Herald y The Boston Globe. En julio cuatro senadores (Kerry, Leahy, Harkin y Boxer) enviaron una carta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, pidiendo que se colabore con el proceso jurídico que se lleva a cabo en España. El Miami Herald, periódico conservador, sostiene la postura del juez Eloy Velasco. Un editorial cuestiona el poder que aún tienen los ex militares en El Salvador y afirma que se debe mostrar que Washington no sólo condena las violaciones a los Derechos Humanos de los refugiados que están en otros países. En agosto, Obama anunció medidas contra los violadores de Derechos Humanos y de Genocidios. The Boston Globe informa que el ex coronel Inocente Orlando Montano reside en Everett, Massachusetts, pero que actualmente no se sabe dónde está. “Es inconcebible que una persona que esté acusada de participar en un crimen tan horrible esté viviendo en Estados Unidos”, ha dicho el congresista James McGovern. McGovern dice que no sabía que un implicado en el Caso Jesuitas viviera en Massachusetts, pero ha informado al Departamento de Justicia, para que ayude a España a perseguir a los sospechosos. El Secretario Asistente de Estado, Joseph Macmanus, dijo que el Departamento de Estado “trabajará junto al Departamento de Justicia para asegurar que cualquier solicitud de ayuda por parte de España reciba su consideración apropiada”.
    This was Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week continued to follow the controversy surrounding the indictment of the authors of the 1989 assassinations known as the “Jesuit case.” The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.

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  • Producer/Host: Kathleen March

    Transcript: This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week’s report is an update on the 1989 case of the Jesuit assassinations. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.
    Carlos Calderón, juez salvadoreño, ha notificado a nueve militares, detenidos el domingo pasado en San Salvador, los cargos de la justicia española por su presunta participación en el asesinato de seis jesuitas y dos empleadas suyas en 1989.?? Estos nueve militares se entregaron el domingo en la Brigada Especial de Seguridad Militar, en San Salvador; su captura era inminente porque había una orden internacional de aprehensión del juez español Eloy Velasco el 30 de mayo de este año. En total 20 miembros de las fuerzas armadas han sido identificados como los responsables de la matanza.
    Todos los militares de este grupo de nueve están jubilados. Se les ha notificado de los cargos de la justicia española anunciados por Calderón, titular del Juzgado Décimosegundo de Paz, en la sede de Brigada Especial de Seguridad Militar, según un informe del Poder Judicial salvadoreño.??El documento explica que Calderón ha realizado una inspección del lugar en que se encuentran detenidos, para comprobar en qué condiciones están los procesados.?? En el comunicado se explica que el juez “realizó un informe escrito para remitirlo a la Corte Suprema de Justicia, para que la Corte Plena decida si procede o no la extradición, y asigne así a un juez que materialice la extradición de los militares”.?? Asimismo indica que “el juez también solicitó un informe a las autoridades de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para conocer sobre la orden de captura que pesa sobre los ex militares”.??
    El Ministerio de Defensa de El Salvador ha puesto a la orden del Juzgado Décimosegundo de Paz a los nueve militares que se entregaron y que son parte de los 20 procesados por el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco por la masacre de los jesuitas, entre los que estaba el vasco Ignacio Ellacuría.??
    Velasco ordenó la captura de todos los implicados en la matanza el 30 de mayo pasado.??Los militares que se entregaron a las autoridades salvadoreñas son los generales Rafael Humberto Larios y Juan Rafael Bustillo, los coroneles Francisco Elena Fuentes y Juan Orlando Zepeda, los tenientes José Ricardo Espinoza Guerra y Gonzalo Guevara Cerritos; los sargentos Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo, y el cabo Oscar Mariano Amaya Grimaldi.
    La abogada española Almudena Bernabéu, querellante en el proceso contra los militares salvadoreños, ha pedido que los nueve militares «permanezcan presos hasta que se decida sobre su extradición o puesta en libertad». Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, duda que el Estado salvadoreño extradite a España a los militares acusados.
    Uno de los abogados de los militares, Lisandro Quintanilla, ha dicho que la defensa “todavía no tiene la orden de captura de la Interpol”, pero que espera que la entrega voluntaria de los militares les favorezca. Otro abogado de los militares, Eduardo Cardoza, aseguró que los acusados no pueden ser detenidos porque algunos ya se acogieron a la ley de amnistía vigente desde 1993 y otros recibieron sobreseimiento en el caso de los jesuitas.
    This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week’s report was an update on the 1989 case of the Jesuit assassinations. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.

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  • Producer/Host: Kathleen March, University of Maine

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    This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we have an update on the 1989 case of the assassinated Jesuit priests. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
    El líder de la iglesia católica de El Salvador afirma que los familiares de los jesuitas asesinados tienen el derecho de saber quiénes fueron los autores de la masacre en noviembre de 1989. Monseñor José Luis Escobar Alas apoya la orden de detención del juez de la Audiencia Nacional de España contra los jefes militares y soldados rasos involucrados, pero recordó que hay una Ley de Amnistía que favoreció a los militares y guerrilleros que cometieron delitos de lesa humanidad entre 1980 y 1992. “Nosotros hemos ya perdonado, lo mismo los padres jesuitas ya han perdonado, pero eso no significa que nos opongamos a que se esclarezca y que se conozca la verdad”, argumentó Escobar Alas. Hace poco un representante de los militares pidió a la Policía Nacional Civil que ejecutara la orden de detención enviada por la Policia Internacional (Interpol). El Salvador ya recibió la orden de España para capturar a 13 de los militares salvadoreños, incluyendo un ex ministro de Defensa.
    Los familiares de los jesuitas asesinados presentaron una demanda judicial en España en contra de 20 militares, algunos de los cuales residen en los Estados Unidos, otros en El Salvador. René Emilio Ponce, jefe del Estado Mayor cuando la masacre, falleció este año.
    Un comando del batallón Atlacatl ejecutó a los teólogos Ignacio Ellacuría, Amado López, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno y Joaquín López y López. También fueron asesinadas la empleada doméstica Elba Julia Ramos y su hija Celina.
    El portavoz de la Oficina para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, William Ostick, dijo: “Seguimos monitoreando el caso muy de cerca, no podemos comentar detalles … pero estamos trabajando con el Departamento de Justicia para asegurarnos de que cualquier solicitud de ayuda sea recibida con la consideración apropiada.”
    En julio un grupo de cuatro senadores demócratas enviaron una carta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, pidiendo la ayuda del gobierno de Obama para llevar ante la justicia a los acusados de la matanza. En su carta los senadores le dicen a Clinton que las investigaciones sobre el Caso Jesuitas indican que varios de los acusados recibieron adiestramiento militar en Estados Unidos, en Fort Benning, Georgia. Se refieren al Batallón Atlacatl. “Solicitamos que usted realice todos los esfuerzos posibles que aseguren que los Estados Unidos coopera completamente en los procesos legales pendientes, proveyendo cualquier información relevante u otro tipo de asistencia para la localización de uno de los individuos acusados, quien podría estar residiendo en los Estados Unidos”, señala la carta.
    El caso fue llevado por el Centro para la Justicia y la Responsabilidad, de California, y la Asociación Española para los Derechos Humanos, ante la Audiencia Nacional de España, hace tres años. Según Benjamín Cuellar, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), es lógico que los militares quieran defenderse y que recurran a diversos recursos para evitar la detención. Eduardo Cardoza, también representante legal de los militares, aseguró que “todos estos señores fueron juzgados aquí y fueron sobreseídos definitivamente y es un principio universal de que nadie puede ser juzgado ni capturado por los mismos hechos dos veces”.
    En 1991 se procesó a nueve militares por el caso de los jesuitas, aunque sólo dos de los nueve – el coronel Guillermo Benavides y el teniente Yusshy Mendoza – fueron encontrados culpables, pero la Ley de Amnistía los benefició dos años después. La Ley fue promulgada en 1993 por el presidente Cristiani de ARENA. Protege a todos los que cometieron crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado, sean militares o guerrilleros.
    En mayo el juez español Eloy Velasco decretó el procesamiento de los militares a los que se acusa de asesinatos terroristas, y ordenó su busca y captura internacional así como su envío a prisión provisional comunicada y sin fianza. En julio los defensores de seis de los veinte militares salvadoreños procesados en España presentaron un “hábeas corpus” ante la orden de detención provisional dictada por la Audiencia Nacional; dicen que la libertad “individual” de sus clientes está siendo amenazada.
    Miembros del Batallón Atlacatl irrumpieron en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” y mataron a los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes e Ignacio Martín-Baró. También fueron asesinados otros dos sacerdotes españoles, Armando López y Juan Ramón Moreno, el salvadoreño Joaquín López, la trabajadora de la UCA Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años.
    El arzobispo también ha pedido que el Estado salvadoreño esclarezca la muerte del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, asesinado en marzo de 1980 mientras oficiaba una misa en San Salvador. “Pedimos justicia al país … , y siempre lo hemos pedido y estamos deseosos de que se conozca la verdad y que se haga justicia por supuesto”, expresó Alas. Romero fue el más ferviente defensor de los más pobres y necesitados en El Salvador. Aunque su proceso de santificación aún está siendo estudiado en el Vaticano muchos lo llaman ya “San Romero de América”.

    This was Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we provided an update on the 1989 case of the assassinated Jesuit priests. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.

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  • Producer/Host: Kathleen March, University of Maine

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    This is Katheen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week’s topic is the Carretera Longitudinal del Norte’s effect on the community of Guarjila. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-EL Salvador SISTER Cities.
    En Guarjila, Chalatenango, todavía hay confianza entre conocidos y los pocos visitantes. Caminando por sus calles, todos saludan al “nuevo”. No se desconfía de nadie. Pero la tranquilidad desaparecerá con la Carretera Longitudinal del Norte (CLN), proyecto del Fondo del Milenio (FOMILENIO), financiado por los Estados Unidos.
    Dice uno: “Este es un lugar tranquilo, acá todos nos conocemos … En las mañanas no hay más ruido que el de los pájaros, los gallos y la gente que madruga para ir a trabajar o ponerse en el quehacer del hogar… Los carros poco se oyen…” A Guarjila llegaron personas desde Mesa Grande, Honduras, en 1987.
    En septiembre de 2010 el presidente de la Junta Directiva de FOMILENIO y secretario Técnico de la Presidencia, Alex Segovia, firmó el contrato para el tramo 11 de la CLN, desde el Cantón Guarjila hasta el puente sobre el Río Lempa que conecta con el municipio de Nombre de Jesús en Chalatenango. Es el último de los tramos a los que se comprometieron con Estados Unidos en 2006. El acuerdo comprende tres proyectos: Desarrollo Humano, Desarrollo Productivo y Conectividad Vial. Con la construcción del Tramo por Guarjila, FOMILENIO termina la construcción de la CLN a través de 11 proyectos de infraestructura vial con un total de 178 kilómetros con un costo de más de 245 millones de dólares. Los de Guarjila se oponían a la CLN; pedían una ruta alternativa para que los vehículos no pasasen por el medio de la población. ADESCO (la Asociación de Desarrollo Comunal) y otros grupos se reunieron con miembros del Ministerio de Obras Públicas y FOMILENIO, pero se les aseguró que un bypass sería muy caro, como 14 millones de dólares. Guarjila sabía que se había construido uno en Sensuntepeque.
    FOMILENIO les decía que también se harían inversiones en Guarjila, pero ellos les respondían que en vez de invertir en la escuela, la casa de la cultura, espacios públicos, etc., que invirtieran en el bypass. Exigían estudios que mostraran que la obra no afectaría a la población ni al medio ambiente. “No se ha visto nada… nunca entregaron estudios de impactos ecológicos …”, dijo Carlos Quintanilla, miembro de ADESCO.
    El Tramo 3B tiene casi 23 kilómetros de carretera, 4,2 de carretera nueva y 18,5 de ampliación y mejoramiento del camino existente. Costará más de 18 millones de dólares, cuatro millones más de lo que dijo FOMILENIO.
    Según Armando Marín, presidente de la ADESCO, 100 casas quedarán al otro lado de la nueva carretera y 400 al lado del camino antiguo. “Hay muchos ancianos de lento andar; niños acostumbrados a andar libremente por las calles sin temor a que los atropellen; … carros pocos pasan. .. Nos quitan seguridad y tranquilidad”, dijo una de Guarjila.
    Hay otros temores. Las extorsiones ya se están haciendo realidad. Marín afirma que desde que empezó la construcción ha habido amenazas a varios comerciantes de la zona. Se ve más gente extraña… “…. La tranquilidad de Guarjila se termina con el progreso”, dijo Marín.
    La CLN ahora afecta a toda la comunidad aunque sólo una persona perderá su casa por completo. Le han asegurado que le darán otra casa. Doña Tita ha exigido que le den una en Guarjila. Ya le han dicho que la obra va a comenzar. Ella pide seguridad que no “serán palabras que se las lleve el viento”. Puso resistencia porque no quiere irse de ahí. “No me voy a dejar, yo no quiero que se aprovechen de mi situación, dice…. quiero que me digan cómo va todo,… no me dicen más que sólo ‘vamos a demoler su casa, porque por ahí va a pasar la calle, pero le vamos a dar otra’.
    ¿La respuesta? “Mire … no queremos que usted pierda… Nosotros le ponemos material, arquitecto y constructores… es [sólo] cuestión de tiempo… ¿usted quiere oponerse al progreso del país? Doña Tita sólo quiere saber si su casa estará en Guarjila. Los de FOMILENIO le dicen que harán lo posible. Ella observa que no es fácil, muchos años invertidos en su casa para que ahora la destruyan “porque se les ocurrió hacer una calle”. “No es justo…” .
    This was Katheen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we discussed the Carretera Longitudinal del Norte’s effect on the community of Guarjila. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-EL Salvador SISTER Cities.

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  • Producer/Host: Kathleen March, University of Maine

    Transcript:

    This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week’s topic is the Center for Justice and International Law’s case against El Salvador for the massacre at El Mozote in 1981. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.
    El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) prepara una demanda contra El Salvador, porque no se cumplieron las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la masacre de El Mozote, departamento de Morazán, en 1981. En diciembre de 2010 la CIDH recomendó derogar la Ley de Amnistía de 1993 e investigar y castigar a los responsables del genocidio de la guerra civil en El Salvador. La CIDH pasó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en marzo. El plazo para presentar la demanda es el 14 de agosto.
    Gisela de León, abogada de CEJIL, declaró que la demanda incluye también lo ocurrido en siete poblados cerca de El Mozote, como Cerro Pando, Los Toriles, La Joya y Arambala, masacres llevadas a cabo por el Batallón Atlacatl. “En total tenemos un registro de 966 personas asesinadas, casi la mitad menores de edad y otros cientos que fueron desplazados de su lugar de origen”, dijo León.
    CEJIL considera que El Mozote es una de las mayores masacres en la historia latinoamericana, por el número de víctimas y por el proceder indiscriminado de los asesinos. La demanda que se prepara incluye el testimonio de Rufina Amaya, única persona que se salvó de El Mozote, quien murió en marzo de 2007. Según ella, el 10 de diciembre de 1981, los soldados del Batallón Atlacatl encerraron a los de El Mozote en las casas de la localidad, amenazando disparar contra el que intentara escapar. Al día siguiente, encerraron a hombres, mujeres y niños en un local conocido como “El Convento”. Sus gritos fueron silenciados con metralla y lanzallamas. Amaya perdió a su esposo y a sus cuatro hijos en la masacre, pero escapó tirándose detrás de un arbusto.
    No se sabe el número exacto de víctimas durante el “operativo contrainsurgente” del ejército salvadoreño, porque hace poco se encontraron restos humanos de los que no se tenían registro. Sólo se sabe que murieron más de mil personas.
    Junto con el testimonio de Amaya, fundamental para que lo de El Mozote se conociera internacionalmente, ha sido importante el acompañamiento de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado. Tutela Legal presentó el caso a la CIDH en octubre de 1990 y desde entonces ha seguido con el proceso de demanda. Según Ovidio Mauricio, director de Tutela Legal: “Esperamos que el dictamen que pueda dar la Corte Interamericana de Derechos Humanos exija al Estado Salvadoreño repare material y moralmente a los afectados por la masacre y pida perdón por el hecho”.
    CEJIL, que también lleva el caso del homicidio de Monseñor Romero, dice que las leyes de amnistía violan los derechos a la justicia y no dejan conocer la verdad de estos dos casos de impunidad de los años 80. El testimonio de Amaya incluye cómo los soldados separaron a los pobladores del caserío en dos grupos: los hombres y niños mayores, y las mujeres y niños menores. Según ella, primero asesinaron a los hombres y niños mayores – a muchos los decapitaron. Luego mataron a las mujeres y a los niños menores. Los soldados prendieron fuego a la iglesia y a la casa donde habían obligado a las víctimas a reunirse. Amaya recordaba los gritos de las víctimas que estaban vivas cuando se prendió fuego al templo.
    Según ella, la advertencia que un poblador de El Mozote hizo a la comunidad a comienzos de diciembre, facilitó los asesinatos masivos. Les advirtió que un soldado le había dicho que el ejército preparaba un operativo en la zona y que era mejor que todos los pobladores se concentraran en El Mozote, porque si los militares los sorprendieran dispersos en la zona era más probable que los mataran. Así aconsejados, cuando llegó el ejército, había una concentración mayor de pobladores.
    Inicialmente, la cifra de víctimas en El Mozote se creyó ser sobre 500; luego, se presentó una cifra de 765 asesinatos ante la Comisión Interamericana. Después, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA habló de entre 900 y 1,200 víctimas. Ahora, la demanda contra el Estado salvadoreño incluye 966 personas.
    “No sabemos cuál será la posición oficial de este gobierno, porque cuando se gestionó el caso en la Comisión Interamericana, las anteriores autoridades ni siquiera reconocían que la masacre se hubiera dado… ciertamente podría darse un acuerdo previo pues la actitud de este gobierno es diferente”, comentó de León.
    CEJIL ha localizado a 150 familiares de las víctimas; casi 100 aceptan que la organización los represente en la Corte. “Esto no es para abrir heridas, lo que pasa es que las heridas nunca se cerraron…”, dijo la abogada.
    De acuerdo a datos de la ONU, en la guerra civil salvadoreña hubo al menos 75 mil víctimas – muertos, desaparecidos y torturados. CEJIL ha tenido éxito en sus demandas contra varios estados latinoamericanos por violaciones a derechos humanos, como Perú, Chile y El Salvador.
    This was Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we discussed the Center for Justice and International Law’s case against El Salvador for the massacre at El Mozote in 1981. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.

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