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  • Producer/Host: Kathleen March, University of Maine

    Transcript:

    This is Kathleen March.  Our WERU US-El Salvador Report this week is on the recent commemoration by indigenous people in El Salvador of the Matanza or slaughter of about 30,000 peasants that took place in January 1932.  The report is produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.
    La semana pasada los indígenas de El Salvador conmemoraron la masacre de 1932 en el municipio de Izalco. En esas fechas fueron asesinados aproximadamente 30 mil campesinos e indígenas durante la insurrección popular.  Se sublevó el pueblo empobrecido bajo la dictadura del General Maximiliano Hernández Martínez, protestando contra la distribución desigual de las tierras y otros bienes.  Como represalia, el dictador reaccionó con una de las peores agresiones del continente el 22 de enero. Según uno de los guías espirituales, “Después de esta masacre la comunidad indígena se redujo considerablemente en el país, muchos de ellos cambiaron sus hábitos por temor a ser asesinados y muchas costumbres se fueron dejando en el olvido”.
    78 años después, en el lugar que se llama El Llanito, se hizo una ceremonia indígena para “rendirles tributo a todos los caídos que murieron inocentemente”.  En este sitio están sepultadas muchas víctimas de la masacre. “Naja nusan matiguagua su 1932 matachiwa” declararon en el idioma Nahuat algunos sacerdotes indígenas. Esta frase significa: Nunca olvidaremos a los mártires de 1932.
    El Concejo Coordinador Indígena Salvadoreño (CCNIS) y la Fundación Ama coordinaron estos actos conmemorativos del 22 y 23 de enero en Izalco, y pidieron que el estado salvadoreño “repare los daños de este crimen” de hace varias décadas. Roberto Alvarado, Alcalde de Izalco, exigió que el gobierno les pidiera perdón a los indígenas y los ayudara a mejorar sus condiciones de vida.
    Dijo Betty Pérez, una mujer indígena de CCNIS: “Desde hace años venimos luchando para que el estado salvadoreño reconozca la existencia de los pueblos indígenas en el país a través de una reforma constitucional, y también para que se ratifiquen acuerdos internacionales y nuestros derechos sean promovidos y respetados”.  Y añadió “que se trabajen políticas públicas del nuevo gobierno para que éstas vengan a resarcir los daños que durante años el sistema capitalista ha venido efectuando contra los pueblos indígenas”.
    Las peticiones se hicieron durante la ceremonia indígena en el que se emplearon el caracol ancestral y el fuego sagrado. El Procurador Para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Luna, también ha expresado su apoyo y solidaridad “con la lucha que han venido emprendiendo las comunidades indígenas en favor de sus legítimos derechos constitucionales”.  Luna opina que la población indígena en este país es fuerte y que por esa razón merece el apoyo y reconocimiento de sus derechos”. Una de las organizaciones participantes de la conmemoración fue El Colectivo de Comunicadores y Estudiantes Roque Dalton, que afirmó que aun hoy “persisten incrementadas las causas del levantamiento indígena del 32″, y que “la historia nos exige recordar y replantear la lucha, y en este contexto complejo que vive El Salvador”.
    La Matanza, que tuvo lugar en el oeste del país, venía fraguándose desde los años 20 debido a la desigualdad social y la fuerte caída del precio del café, producto de suma importancia para El Salvador.  Los militares, bajo Hernández Martínez, organizaron un golpe de estado en 1931.  Los rebeldes, el partido comunista, Augusto Farabundo Martí y muchos indios pipiles fueron asesinados por el ejército después de haber sido invitados a un diálogo en una plaza pública.  En el 32, se calculaba que los indígenas representaban un 20% de la población de El Salvador; en la actualidad, se calcula que son del 5 al 10%, la mayoría de los cuales son de origen náhuat y lenca.
    This is Kathleen March.  Our WERU US-El Salvador Report this week has been on the recent commemoration by indigenous people in El Salvador of the Matanza or slaughter of about 30,000 peasants that took place in January 1932.  The report was produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.

    This is Kathleen March.  Our WERU US-El Salvador Report this week is on the recent commemoration by indigenous people in El Salvador of the Matanza or slaughter of about 30,000 peasants that took place in January 1932.  The report is produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities. La semana pasada los indígenas de El Salvador conmemoraron la masacre de 1932 en el municipio de Izalco. En esas fechas fueron asesinados aproximadamente 30 mil campesinos e indígenas durante la insurrección popular.  Se sublevó el pueblo empobrecido bajo la dictadura del General Maximiliano Hernández Martínez, protestando contra la distribución desigual de las tierras y otros bienes.  Como represalia, el dictador reaccionó con una de las peores agresiones del continente el 22 de enero. Según uno de los guías espirituales, “Después de esta masacre la comunidad indígena se redujo considerablemente en el país, muchos de ellos cambiaron sus hábitos por temor a ser asesinados y muchas costumbres se fueron dejando en el olvido”. 78 años después, en el lugar que se llama El Llanito, se hizo una ceremonia indígena para “rendirles tributo a todos los caídos que murieron inocentemente”.  En este sitio están sepultadas muchas víctimas de la masacre. “Naja nusan matiguagua su 1932 matachiwa” declararon en el idioma Nahuat algunos sacerdotes indígenas. Esta frase significa: Nunca olvidaremos a los mártires de 1932. El Concejo Coordinador Indígena Salvadoreño (CCNIS) y la Fundación Ama coordinaron estos actos conmemorativos del 22 y 23 de enero en Izalco, y pidieron que el estado salvadoreño “repare los daños de este crimen” de hace varias décadas. Roberto Alvarado, Alcalde de Izalco, exigió que el gobierno les pidiera perdón a los indígenas y los ayudara a mejorar sus condiciones de vida. Dijo Betty Pérez, una mujer indígena de CCNIS: “Desde hace años venimos luchando para que el estado salvadoreño reconozca la existencia de los pueblos indígenas en el país a través de una reforma constitucional, y también para que se ratifiquen acuerdos internacionales y nuestros derechos sean promovidos y respetados”.  Y añadió “que se trabajen políticas públicas del nuevo gobierno para que éstas vengan a resarcir los daños que durante años el sistema capitalista ha venido efectuando contra los pueblos indígenas”. Las peticiones se hicieron durante la ceremonia indígena en el que se emplearon el caracol ancestral y el fuego sagrado. El Procurador Para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Luna, también ha expresado su apoyo y solidaridad “con la lucha que han venido emprendiendo las comunidades indígenas en favor de sus legítimos derechos constitucionales”.  Luna opina que la población indígena en este país es fuerte y que por esa razón merece el apoyo y reconocimiento de sus derechos”. Una de las organizaciones participantes de la conmemoración fue El Colectivo de Comunicadores y Estudiantes Roque Dalton, que afirmó que aun hoy “persisten incrementadas las causas del levantamiento indígena del 32″, y que “la historia nos exige recordar y replantear la lucha, y en este contexto complejo que vive El Salvador”.  La Matanza, que tuvo lugar en el oeste del país, venía fraguándose desde los años 20 debido a la desigualdad social y la fuerte caída del precio del café, producto de suma importancia para El Salvador.  Los militares, bajo Hernández Martínez, organizaron un golpe de estado en 1931.  Los rebeldes, el partido comunista, Augusto Farabundo Martí y muchos indios pipiles fueron asesinados por el ejército después de haber sido invitados a un diálogo en una plaza pública.  En el 32, se calculaba que los indígenas representaban un 20% de la población de El Salvador; en la actualidad, se calcula que son del 5 al 10%, la mayoría de los cuales son de origen náhuat y lenca.This is Kathleen March.  Our WERU US-El Salvador Report this week has been on the recent commemoration by indigenous people in El Salvador of the Matanza or slaughter of about 30,000 peasants that took place in January 1932.  The report was produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US-El Salvador Sister Cities.

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  • Producer/Host: Kathleen March, University of Maine

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    This is Kathleen March.  Welcome to WERU’s US El Salvador Report. This week we discuss the perspective of Salvadoran President Funes and others on mining. The report is produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US – El Salvador Sister Cities.
    El Presidente salvadoreño Mauricio Funes, del FMLN, se ha comprometido a investigar los incidentes de los últimos meses que parecen estar relacionados con el medio ambiente y la explotación minera de empresas extranjeras.  En concreto, como venimos informando, se trata de los asesinatos y las amenazas de muerte a ambientalistas de Cabañas.  Aunque algunos opinan que las muertes son resultado de la delincuencia común, otros aseguran que están provocadas por los intereses internacionales, cuyo deseo de explotar zonas mineras como El Dorado puede contaminar una enorme proporción del agua y terreno de El Salvador.  Funes acaba de afirmar su apoyo a los ambientalistas y su duda de que se pueda explotar el metal sin que se perjudique seriamente la salud pública.  Asimismo, el presidente ha ordenado que el Ministerio de Seguridad y la Policía Civil indaguen los casos de asesinatos, con el propósito de garantizar la justicia y la seguridad social, aunque grupos como la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos pide que se definan más las “buenas intenciones” del mandatario.  Por su parte, la empresa minera Pacific Rim afirma que las agresiones se deben simplemente a una disputa antigua entre familias locales.
    Oscar Luna, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador, ha revelado que su familia y él han sido amenazados de muerte por grupos antidelincuenciales que dicen estar practicando una “limpieza social”.  Este mismo proyecto de “limpieza” fue denunciado por la entonces Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatriz de Carrillo, en 2006.  A Luna le han exigido por teléfono en dos ocasiones que abandone el país y de no hacerlo, o él o un familiar suyo sería asesinado.  Posiblemente con infiltrados en el grupo de derechos humanos, los autores de las amenazas dicen tener una lista de funcionarios que deberán salir de El Salvador por considerarlos un estorbo para su proyecto de “sanear el país”.  Entre otros grupos, CEMUJER – El Instituto de Estudios de la Mujer Norma Virginia Guirola de Herrera- y FESPAD – la Federación de Estudios para la Aplicación del Derecho – y FESS la Federación Sindical de El Salvador –  han condenado las amenazas en contra de Luna y la Procuraduría.  Tanto FESPAD como FESS también han sido objeto de amenazas y “esperamos que la fiscalía y policía utilice su equipo material y humano para poder aclarar este tipo de casos”, ha dicho Alejandro Ramos, Secretario General de esta última organización.  Por su parte, Luna, Defensor del Pueblo, ha interpuesto una demanda a las autoridades de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, quienes “tienen la información de las llamadas para que inicien una investigación”.  La PDDH surgió de los Acuerdos para la Paz de 1992, que pusieron fin a la guerra civil en El Salvador.  Su mandato general es “velar por el respeto y la garantía a los derechos humanos de la población salvadoreña”.
    This is Kathleen March. This week in WERU’s US El Salvador Report we discussed the perspective of Salvadoran President Funes and others on mining. The report was produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US – El Salvador Sister Cities.

    This is Kathleen March.  Welcome to WERU’s US El Salvador Report. This week we discuss the perspective of Salvadoran President Funes and others on mining. The report is produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US – El Salvador Sister Cities. El Presidente salvadoreño Mauricio Funes, del FMLN, se ha comprometido a investigar los incidentes de los últimos meses que parecen estar relacionados con el medio ambiente y la explotación minera de empresas extranjeras.  En concreto, como venimos informando, se trata de los asesinatos y las amenazas de muerte a ambientalistas de Cabañas.  Aunque algunos opinan que las muertes son resultado de la delincuencia común, otros aseguran que están provocadas por los intereses internacionales, cuyo deseo de explotar zonas mineras como El Dorado puede contaminar una enorme proporción del agua y terreno de El Salvador.  Funes acaba de afirmar su apoyo a los ambientalistas y su duda de que se pueda explotar el metal sin que se perjudique seriamente la salud pública.  Asimismo, el presidente ha ordenado que el Ministerio de Seguridad y la Policía Civil indaguen los casos de asesinatos, con el propósito de garantizar la justicia y la seguridad social, aunque grupos como la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos pide que se definan más las “buenas intenciones” del mandatario.  Por su parte, la empresa minera Pacific Rim afirma que las agresiones se deben simplemente a una disputa antigua entre familias locales. Oscar Luna, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador, ha revelado que su familia y él han sido amenazados de muerte por grupos antidelincuenciales que dicen estar practicando una “limpieza social”.  Este mismo proyecto de “limpieza” fue denunciado por la entonces Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatriz de Carrillo, en 2006.  A Luna le han exigido por teléfono en dos ocasiones que abandone el país y de no hacerlo, o él o un familiar suyo sería asesinado.  Posiblemente con infiltrados en el grupo de derechos humanos, los autores de las amenazas dicen tener una lista de funcionarios que deberán salir de El Salvador por considerarlos un estorbo para su proyecto de “sanear el país”.  Entre otros grupos, CEMUJER – El Instituto de Estudios de la Mujer Norma Virginia Guirola de Herrera- y FESPAD – la Federación de Estudios para la Aplicación del Derecho – y FESS la Federación Sindical de El Salvador –  han condenado las amenazas en contra de Luna y la Procuraduría.  Tanto FESPAD como FESS también han sido objeto de amenazas y “esperamos que la fiscalía y policía utilice su equipo material y humano para poder aclarar este tipo de casos”, ha dicho Alejandro Ramos, Secretario General de esta última organización.  Por su parte, Luna, Defensor del Pueblo, ha interpuesto una demanda a las autoridades de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, quienes “tienen la información de las llamadas para que inicien una investigación”.  La PDDH surgió de los Acuerdos para la Paz de 1992, que pusieron fin a la guerra civil en El Salvador.  Su mandato general es “velar por el respeto y la garantía a los derechos humanos de la población salvadoreña”.This is Kathleen March. This week in WERU’s US El Salvador Report we discussed the perspective of Salvadoran President Funes and others on mining. The report was produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US – El Salvador Sister Cities.

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  • Producer/Host: Kathleen March, University of Maine

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    This is Kathleen March. Welcome to WERU’s US-El Salvador Report This week we discuss the statement of US official John Beasley concerning gang violence in El Salvador. This report is prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
    Estados Unidos ha afirmado que las maras han sobrepasado los límites y piden que las autoridades salvadoreñas inicien una lucha contra estos grupos, con suficientes agentes de seguridad para hacer que se cumpla la ley y la población no sufra de los actos de violencia.  La afirmación viene por parte del fiscal federal John Armon Beasley, Agregado Jurídico Regional de EE.UU. para Centroamérica.  Beasley, en una entrevista para El Diario de Hoy, periódico salvadoreño, insistió en que las maras no se apoderasen de las calles. Las pandillas de delincuentes han lanzado granadas contra personas y establecimientos en la capital y el interior del país, creando un ambiente de miedo que les da impunidad.
    Beasley ofreció la ayuda de Estados Unidos para luchar contra el crimen organizado.  Por su parte, las autoridades de Nueva York, Los Ángeles y Washington DC han emprendido una lucha frontal.  En El Salvador las maras están involucradas en extorsiones, narcotráfico, asaltos y homicidios. El fiscal estadounidense ha dicho: “No se puede permitir esto, en ningún país, en ningún lado. No se puede permitir que una persona o un gran grupo lance granadas o ataque a gente en la calle o esté extorsionando u ordene a los negocios que cierren a tal hora”.
    Los agentes de seguridad deben imponer el orden y crear un sentido de tranquilidad, recuperando las comunidades afectadas.  Efectivamente, El Salvador tiene policías y fiscales, equipos de investigación y leyes como la normativa contra el crimen organizado, pero lo más importante es que se pongan en funcionamiento todos estos componentes.
    En Estados Unidos se ha aplicado la ley RICO [Federal Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act o ley federal de crimen organizado], una extensión de la ley contra la conspiración y sanciona como delito la simple participación en un grupo vinculado a actividades ilegales. Pero Beasley insiste en que un arma importante son las escuchas telefónicas, que permitirían controlar más al crimen organizado y a las pandillas, y llegar a sus dirigentes.
    Además de las escuchas, hace falta una policía comunitaria que patrulle a pie el vecindario. Beasley considera que se debe avanzar “cuadra por cuadra, casa por casa”, como en Estados Unidos se hizo en los edificios de apartamentos, donde mafiosos les quitaban sus viviendas a los jubilados. En Washington tuvieron que combatir la venta de crack.
    Las autoridades comunitarias de El Salvador, como las alcaldías, deben asegurar que los edificios y otros espacios estén limpios, iluminados y seguros y que no vuelvan a convertirse en espacios de las pandillas. Las iglesias y otras asociaciones pueden ayudar a evitar que los niños sean reclutados por las bandas. “Todo esto no es posible si los mareros permanecen en las comunidades”.  En la embajada de EE.UU. en San Salvador, Beasley dijo que  “Si en el transcurso de las investigaciones sobre el origen de armas o granadas necesitan la ayuda de EE.UU., pueden pedirla y vamos a dársela”,
    En 2009, al menos 12 personas murieron en El Salvador por el estallido de granadas lanzadas por desconocidos. En los primeros días de 2010, más de treinta personas fueron heridas y una falleció en dos atentados con granadas en San Salvador. Las maras salvadoreñas están ayudando a las organizaciones narcotraficantes mexicanas a transportar droga por la región, aseguró el ministro de Defensa de El Salvador, el general David Munguía Payés, quien considera que las maras “se han convertido en una especie de ejército del mismo narcotráfico”.  Se dice que el 85 por ciento de los crímenes en el país son causados por la colaboración entre las pandillas y narcotraficantes”. En El Salvador hubo un total de 4.365 asesinatos en 2009, la cifra más alta desde que terminó la guerra civil (1980-1992). La Mara Salvatrucha y la Mara 18 son las principales pandillas.   Según las autoridades, sus miembros podrían alcanzar unas 30.000 personas.
    This has been Kathleen March. In WERU’s US-.El Salvador Report for this week we discussed the statement of US official John Beasley concerning gang violence in El Salvador.  This report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.

    This is Kathleen March. Welcome to WERU’s US-El Salvador Report This week we discuss the statement of US official John Beasley concerning gang violence in El Salvador. This report is prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities. Estados Unidos ha afirmado que las maras han sobrepasado los límites y piden que las autoridades salvadoreñas inicien una lucha contra estos grupos, con suficientes agentes de seguridad para hacer que se cumpla la ley y la población no sufra de los actos de violencia.  La afirmación viene por parte del fiscal federal John Armon Beasley, Agregado Jurídico Regional de EE.UU. para Centroamérica.  Beasley, en una entrevista para El Diario de Hoy, periódico salvadoreño, insistió en que las maras no se apoderasen de las calles. Las pandillas de delincuentes han lanzado granadas contra personas y establecimientos en la capital y el interior del país, creando un ambiente de miedo que les da impunidad. Beasley ofreció la ayuda de Estados Unidos para luchar contra el crimen organizado.  Por su parte, las autoridades de Nueva York, Los Ángeles y Washington DC han emprendido una lucha frontal.  En El Salvador las maras están involucradas en extorsiones, narcotráfico, asaltos y homicidios. El fiscal estadounidense ha dicho: “No se puede permitir esto, en ningún país, en ningún lado. No se puede permitir que una persona o un gran grupo lance granadas o ataque a gente en la calle o esté extorsionando u ordene a los negocios que cierren a tal hora”. Los agentes de seguridad deben imponer el orden y crear un sentido de tranquilidad, recuperando las comunidades afectadas.  Efectivamente, El Salvador tiene policías y fiscales, equipos de investigación y leyes como la normativa contra el crimen organizado, pero lo más importante es que se pongan en funcionamiento todos estos componentes. En Estados Unidos se ha aplicado la ley RICO [Federal Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act o ley federal de crimen organizado], una extensión de la ley contra la conspiración y sanciona como delito la simple participación en un grupo vinculado a actividades ilegales. Pero Beasley insiste en que un arma importante son las escuchas telefónicas, que permitirían controlar más al crimen organizado y a las pandillas, y llegar a sus dirigentes. Además de las escuchas, hace falta una policía comunitaria que patrulle a pie el vecindario. Beasley considera que se debe avanzar “cuadra por cuadra, casa por casa”, como en Estados Unidos se hizo en los edificios de apartamentos, donde mafiosos les quitaban sus viviendas a los jubilados. En Washington tuvieron que combatir la venta de crack. Las autoridades comunitarias de El Salvador, como las alcaldías, deben asegurar que los edificios y otros espacios estén limpios, iluminados y seguros y que no vuelvan a convertirse en espacios de las pandillas. Las iglesias y otras asociaciones pueden ayudar a evitar que los niños sean reclutados por las bandas. “Todo esto no es posible si los mareros permanecen en las comunidades”.  En la embajada de EE.UU. en San Salvador, Beasley dijo que  “Si en el transcurso de las investigaciones sobre el origen de armas o granadas necesitan la ayuda de EE.UU., pueden pedirla y vamos a dársela”,  En 2009, al menos 12 personas murieron en El Salvador por el estallido de granadas lanzadas por desconocidos. En los primeros días de 2010, más de treinta personas fueron heridas y una falleció en dos atentados con granadas en San Salvador. Las maras salvadoreñas están ayudando a las organizaciones narcotraficantes mexicanas a transportar droga por la región, aseguró el ministro de Defensa de El Salvador, el general David Munguía Payés, quien considera que las maras “se han convertido en una especie de ejército del mismo narcotráfico”.  Se dice que el 85 por ciento de los crímenes en el país son causados por la colaboración entre las pandillas y narcotraficantes”. En El Salvador hubo un total de 4.365 asesinatos en 2009, la cifra más alta desde que terminó la guerra civil (1980-1992). La Mara Salvatrucha y la Mara 18 son las principales pandillas.   Según las autoridades, sus miembros podrían alcanzar unas 30.000 personas.This has been Kathleen March. In WERU’s US-.El Salvador Report for this week we discussed the statement of US official John Beasley concerning gang violence in El Salvador.  This report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.

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  • Producer/Host: Kathleen March, University of Maine

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    This is Kathleen March.  Welcome to WERU’s US El Salvador Report. This week we discuss the deportations of numerous Salvadorans and the effects on those people. The report is produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US – El Salvador Sister Cities.
    La crisis económica de Estados Unidos afecta a los inmigrantes de manera muy evidente.  Semanalmente llegan en aviones a su país de origen centenares de salvadoreños, volviendo a la pobreza que habían intentado evadir.  Suman 2 millones y medio los salvadoreños que residen en Estados Unidos, según algunas estadísticas, y las remesas que envían a sus casas son una contribución muy importante a la economía nacional.  Una fuente observa que llegan cientos de millones de dólares a este país, que no sólo es el más pequeño de América Central sino que también es conocido como productor de café gourmet – para el resto del mundo, se entiende.
    Se calcula en 20.000 el número de regresados anualmente, y este número incluye a cierta cantidad de mareros, miembros de las maras o pandillas de delincuentes con prácticas de violencia.  El aumento de delitos en El Salvador es notable, aunque no todos los deportados permanecen en su país e intentan regresar a los Estados Unidos.  Juan José García, el viceministro de Relaciones Exteriores ha constatado que El Salvador presentó una petición a Estados Unidos, con la esperanza de que se declarara una moratoria de las deportaciones, dadas las dificultades que existen para absorber a los que vuelven.  Se adujo la razón de que el huracán Ida había causado mucha destrucción y gastos para la economía salvadoreña.  La petición fue denegada, aunque se ha prometido supervisar los procesos de deportación y se aceptó poner un límite.
    Las experiencias de los deportados son diversas.   Algunos son capturados y devueltos sin la oportunidad de avisar a sus familiares o amigos en Estados Unidos.  En los centros de detención pueden pasar días, con una luz permanentemente encendida y un mínimo de alimentación.  Algunos aprenden de esta experiencia y no piensan volver; otros creen que no tienen más alternativa que intentar de nuevo cruzar la frontera en busca de empleo, ya que en El Salvador dolarizado no lo encuentran.
    CHIRLA – Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles (Coalición para los Derechos Humanos de Inmigrantes de Los Angeles) – observa que entre 2008 y 2009, las expulsiones aumentaron en más del 8%, aunque en años anteriores el aumento había sido de un 24%.  Se dice que el descenso se debe a la disminución de detenciones en la frontera, la menor frecuencia de redadas y un cambio en la política migratoria del gobierno estadounidense.  El vocero de CHIRLA dice que la política de la administración actual está concentrada en los empleadores, las empresas que contratan a los indocumentados.  Por su parte la Patrulla Fronteriza de Tucson y Yuma practicó menos detenciones en 2009 que en 2008, aunque en general las deportaciones de salvadoreños documentados han subido en el área de Los Angeles.
    Se están buscando medidas alternativas a la detención para inmigrantes en Estados Unidos.  También se procura hacer cambios en el programa del gobierno salvadoreño que se llama “Bienvenido a casa”, iniciado en 1998, que busca minimizar el impacto del regreso de los deportados.  Originalmente estuvo a cargo Catholic Relief Services, pero luego fue entregado a la ONG Fundación para el Desarrollo Integral, que tampoco lo dirige en este momento.  En cambio, los integrantes incluyen varios ministerios, dos universidades y otras entidades.
    En el primer trimestre de este año, el presidente salvadoreño Mauricio Funes hará una visita a Barack Obama, en la Casa Blanca.
    This is Kathleen March. This week in WERU’s US El Salvador Report we discussed the deportations of numerous Salvadorans and the effects on the deportees. The report has been produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US – El Salvador Sister Cities.

    This is Kathleen March.  Welcome to WERU’s US El Salvador Report. This week we discuss the deportations of numerous Salvadorans and the effects on those people. The report is produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US – El Salvador Sister Cities. La crisis económica de Estados Unidos afecta a los inmigrantes de manera muy evidente.  Semanalmente llegan en aviones a su país de origen centenares de salvadoreños, volviendo a la pobreza que habían intentado evadir.  Suman 2 millones y medio los salvadoreños que residen en Estados Unidos, según algunas estadísticas, y las remesas que envían a sus casas son una contribución muy importante a la economía nacional.  Una fuente observa que llegan cientos de millones de dólares a este país, que no sólo es el más pequeño de América Central sino que también es conocido como productor de café gourmet – para el resto del mundo, se entiende. Se calcula en 20.000 el número de regresados anualmente, y este número incluye a cierta cantidad de mareros, miembros de las maras o pandillas de delincuentes con prácticas de violencia.  El aumento de delitos en El Salvador es notable, aunque no todos los deportados permanecen en su país e intentan regresar a los Estados Unidos.  Juan José García, el viceministro de Relaciones Exteriores ha constatado que El Salvador presentó una petición a Estados Unidos, con la esperanza de que se declarara una moratoria de las deportaciones, dadas las dificultades que existen para absorber a los que vuelven.  Se adujo la razón de que el huracán Ida había causado mucha destrucción y gastos para la economía salvadoreña.  La petición fue denegada, aunque se ha prometido supervisar los procesos de deportación y se aceptó poner un límite. Las experiencias de los deportados son diversas.   Algunos son capturados y devueltos sin la oportunidad de avisar a sus familiares o amigos en Estados Unidos.  En los centros de detención pueden pasar días, con una luz permanentemente encendida y un mínimo de alimentación.  Algunos aprenden de esta experiencia y no piensan volver; otros creen que no tienen más alternativa que intentar de nuevo cruzar la frontera en busca de empleo, ya que en El Salvador dolarizado no lo encuentran.   CHIRLA – Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles (Coalición para los Derechos Humanos de Inmigrantes de Los Angeles) – observa que entre 2008 y 2009, las expulsiones aumentaron en más del 8%, aunque en años anteriores el aumento había sido de un 24%.  Se dice que el descenso se debe a la disminución de detenciones en la frontera, la menor frecuencia de redadas y un cambio en la política migratoria del gobierno estadounidense.  El vocero de CHIRLA dice que la política de la administración actual está concentrada en los empleadores, las empresas que contratan a los indocumentados.  Por su parte la Patrulla Fronteriza de Tucson y Yuma practicó menos detenciones en 2009 que en 2008, aunque en general las deportaciones de salvadoreños documentados han subido en el área de Los Angeles.   Se están buscando medidas alternativas a la detención para inmigrantes en Estados Unidos.  También se procura hacer cambios en el programa del gobierno salvadoreño que se llama “Bienvenido a casa”, iniciado en 1998, que busca minimizar el impacto del regreso de los deportados.  Originalmente estuvo a cargo Catholic Relief Services, pero luego fue entregado a la ONG Fundación para el Desarrollo Integral, que tampoco lo dirige en este momento.  En cambio, los integrantes incluyen varios ministerios, dos universidades y otras entidades. En el primer trimestre de este año, el presidente salvadoreño Mauricio Funes hará una visita a Barack Obama, en la Casa Blanca.
    This is Kathleen March. This week in WERU’s US El Salvador Report we discussed the deportations of numerous Salvadorans and the effects on the deportees. The report has been produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US – El Salvador Sister Cities.

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  • Producer/Host: Kathleen March, University of Maine

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    This is Kathleen March.  This week’s US-El Salvador report is on the relationship between environmental concerns, international interests, and the Salvadoran economy.  This report is prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US- El Salvador Sister Cities.
    Hoy en el reportaje damos más noticias relacionadas con CISPES El Salvador.  El primero es que se hizo una vigilia “por la justicia y la dignidad a las víctimas y habitantes de la comunidad de Trinidad”, en Sesuntepeque, desde el viernes  hasta esta mañana.  Anunció el evento ADES Santa Marta, el grupo de Asociación Desarrollo Económico y Social.  Los organizadores fueron la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica de El Salvador, la Mesa Progresista de Cabañas, las iglesias y otras comunidades organizadas.  También se hizo una vigilia delante de la sede de la empresa minera Pacific Rim en Vancouver, Canadá.  Sigue exigiendo la Pacific Rim cien millones de dólares por las ganancias perdidas al no poder explotar la mina de oro El Dorado, aunque la explotación tenga el grave efecto de contaminar el Río Lempa.  En comparación con esta cantidad tan alta para un país del tamaño de El Salvador, hay que mencionar este dato que también ofrece Cispes: que hay 1,1 millones de salvadoreños en Estados Unidos, el sexto entre los grupos de inmigrantes o el 2,9% del total.  Estos inmigrantes representan aproximadamente el 20%, la quinta parte de la población del país centroamericano.  Después del aumento de la inmigración a raíz de la guerra civil en la década de los ochenta, siguieron saliendo de su lugar de origen los salvadoreños.  Seguramente a un país cuyos ciudadanos tienen tanta necesidad de abandonar sus hogares no le va a sobrar dinero.  De hecho, el 20% de los salvadoreños viven en estado de extrema pobreza.  Sin las remesas de los que han emigrado, que suman casi 4$ mil millones de dólares, un 37% ocuparía ese último escaño de la economía.  Las remesas representan más o menos el 17% del producto interno bruto.
    La Pacific Rim afirma ser una compañía que no contamina el medio ambiente y que es socialmente responsable.  Dice que busca “activamente” llevar a cabo proyectos en las Américas además de los que ya tiene en El Salvador.  En su misma página web declara no tener nada que ver ni saber nada de los tres asesinatos de ambientalistas que han ocurrido en el área de Trinidad y que las acusaciones son falsas.  Como se ha observado en reportajes anteriores, PacRim tiene una subsidiaria en Estados Unidos y las cifras que menciona en su página están en dólares estadounidenses, no canadienses.
    Sus proyectos salvadoreños, aparte de El Dorado, son el de Zamora y el de Santa Rita.  La empresa se autodefine como “compañía de exploración” y dice tener una directiva de mucha experiencia y capacidad, buena tecnología y resultados excelentes en cuanto al descubrimiento de los yacimientos de oro.  Todo invita a la inversión, pero no menciona que Pacific Rim con su origen canadiense no tendría derecho a explotar las minas de los países firmantes de CAFTA-DR y que le ha puesto pleito al país con un 20% de la población emigrado y otro 20% muy por debajo del nivel de pobreza, exigiendo que se le indemnice por los millones de dólares en ganancias que dice haber perdido.
    This is Kathleen March.  This week’s US-El Salvador report was on the relationship between environmental concerns, international interests, and the Salvadoran economy.  The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US- El Salvador Sister Cities.

    This is Kathleen March.  This week’s US-El Salvador report is on the relationship between environmental concerns, international interests, and the Salvadoran economy.  This report is prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US- El Salvador Sister Cities. Hoy en el reportaje damos más noticias relacionadas con CISPES El Salvador.  El primero es que se hizo una vigilia “por la justicia y la dignidad a las víctimas y habitantes de la comunidad de Trinidad”, en Sesuntepeque, desde el viernes  hasta esta mañana.  Anunció el evento ADES Santa Marta, el grupo de Asociación Desarrollo Económico y Social.  Los organizadores fueron la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica de El Salvador, la Mesa Progresista de Cabañas, las iglesias y otras comunidades organizadas.  También se hizo una vigilia delante de la sede de la empresa minera Pacific Rim en Vancouver, Canadá.  Sigue exigiendo la Pacific Rim cien millones de dólares por las ganancias perdidas al no poder explotar la mina de oro El Dorado, aunque la explotación tenga el grave efecto de contaminar el Río Lempa.  En comparación con esta cantidad tan alta para un país del tamaño de El Salvador, hay que mencionar este dato que también ofrece Cispes: que hay 1,1 millones de salvadoreños en Estados Unidos, el sexto entre los grupos de inmigrantes o el 2,9% del total.  Estos inmigrantes representan aproximadamente el 20%, la quinta parte de la población del país centroamericano.  Después del aumento de la inmigración a raíz de la guerra civil en la década de los ochenta, siguieron saliendo de su lugar de origen los salvadoreños.  Seguramente a un país cuyos ciudadanos tienen tanta necesidad de abandonar sus hogares no le va a sobrar dinero.  De hecho, el 20% de los salvadoreños viven en estado de extrema pobreza.  Sin las remesas de los que han emigrado, que suman casi 4$ mil millones de dólares, un 37% ocuparía ese último escaño de la economía.  Las remesas representan más o menos el 17% del producto interno bruto.   La Pacific Rim afirma ser una compañía que no contamina el medio ambiente y que es socialmente responsable.  Dice que busca “activamente” llevar a cabo proyectos en las Américas además de los que ya tiene en El Salvador.  En su misma página web declara no tener nada que ver ni saber nada de los tres asesinatos de ambientalistas que han ocurrido en el área de Trinidad y que las acusaciones son falsas.  Como se ha observado en reportajes anteriores, PacRim tiene una subsidiaria en Estados Unidos y las cifras que menciona en su página están en dólares estadounidenses, no canadienses. Sus proyectos salvadoreños, aparte de El Dorado, son el de Zamora y el de Santa Rita.  La empresa se autodefine como “compañía de exploración” y dice tener una directiva de mucha experiencia y capacidad, buena tecnología y resultados excelentes en cuanto al descubrimiento de los yacimientos de oro.  Todo invita a la inversión, pero no menciona que Pacific Rim con su origen canadiense no tendría derecho a explotar las minas de los países firmantes de CAFTA-DR y que le ha puesto pleito al país con un 20% de la población emigrado y otro 20% muy por debajo del nivel de pobreza, exigiendo que se le indemnice por los millones de dólares en ganancias que dice haber perdido.This is Kathleen March.  This week’s US-El Salvador report was on the relationship between environmental concerns, international interests, and the Salvadoran economy.  The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US- El Salvador Sister Cities.

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  • Producer/Host: Meredith DeFrancesco

    Over the holidays , two more anti-mining activists were murdered in the Cabanas region in El Salvador. Area residents allege the Canadian gold mining company, Pacific Rim, is connected to incidents of violence and threats against activists who oppose mining in the community. Because of widespread opposition to the potential environmental and social costs, El Salvador has passed a moratorium against mining. In response, Pacific Rim is suing the Salvadoran government under the Central American Free trade Agreement, through it’s Nevada subsidiary.
    William Castillo,  the Center for Research on Investment and Trade(CEICOM) and the National Coalition Against Mining.
    Bernardo Belloso, the Association for the Development of El Salvador (CRIPDES) and the National Coalition Against Mining
    Tom Shrake, President and CEO, Pacific Rim Mining Corporation (written statement)
    Emily Carpenter, US El Salvador Sister Cities

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  • Producer/Host: Kathleen March, University of Maine

    Transcript:

    This is Kathleen March.  Welcome to WERU’s US El Salvador Report. This week we present the news of the latest assassination of an environmental activist, that of Dora Alicia Recinos Sorto of Cabañas. The report is produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US – El Salvador Sister Cities.
    El 26 de diciembre, seis días después del asesinato del activista Ramiro Rivera, dos hombres armados mataron a Dora Alicia Recinos Sorto, en Cantón Trinidad, Sesutepeque.   Recinos, de 32 años y embarazada de 8 meses, volvía de lavar la ropa en el río y también llevaba a su hijo de dos años.  Como su marido, Recinos era ambientalista, del Comité Ambiental de Cabañas, y trabajaba en contra de la explotación minera de la Pacific Rim, cuyo proyecto de extraer oro de la zona pone en peligro el agua de una enorme parte del país, contaminándola con el arsénico necesario para el proceso de extracción.  Su marido, José Santos Rodríguez, fue atacado con un machete en mayo de 2008 por Oscar Menjívar, quien actualmente se encuentra encarcelado por disparar 8 veces contra Ramiro Rivera el pasado agosto sin que lograra matarlo en esa ocasión.
    El nuevo asesinato es uno de una serie de incidentes que incluyen la violencia y amenazas de muerte a residentes de Cabañas, algunas cumplidas y otras sin éxito todavía.  Desde 2005, muchos residentes de Cabañas se han enfrentado a los intereses de la empresa minera Pacific Rim que tiene su base en Canadá con una segunda base en Estados Unidos que utiliza para alegar su derecho a explotar la mina salvadoreña El Dorado. El anterior presidente del país, Tony Saca, negó el permiso de excavación, pero a pesar de las protestas de algunos salvadoreños de la contaminación del medio ambiente que supondría reabrir la mina, los empleados de la empresa ven la reactivación de la mina como fuente de trabajo y desarrollo económico.
    Hector Berríos de MUFRAS-32 informó que Alicia había explicado cómo unos hombres armados habían llegado a la casa buscando a su esposo, pero sin encontrarlo.  MUFRAS-32 es el Movimiento Unificado Francisco Sánchez-1932, un Comité Internacional contra la Explotación Minera. Francisco Sánchez, líder campesino de Juayúa, fue ahorcado en 1932, fecha que fue seguido por 13 años de dictadura del General Maximiliano Hernández Martínez.
    MUFRAS publica el boletín “Quién dijo miedo?”.  El #4 está dedicado a los “Próceres: Creadores … mártires: luchadores”, quienes incluyen desde los más recientes a los padres Oscar Romero y Rutilio Grande y Farabundo Martí.  Este último fue fusilado por el régimen salvadoreño después del levantamiento de campesinos en 1932.  El partido del actual presidente, el FMLN, lleva su nombre.
    Se ha hecho un llamado al Fiscal de la República, Benjamín Barahona, al Ministro de Seguridad, Manuel Melgar, y a los diputados y a otras organizaciones internacionales a que investiguen esta nueva agresión junto con las otras.  Al mismo tiempo, se debe notar que El Salvador no es el único país donde ocurren: en noviembre, Mariano Abarca Roblero fue asesinado en Chicomuselo, Chiapas, México.  Era miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). Sus compañeros acusan a la empresa canadiense Blackfire de su muerte.
    This is Kathleen March.  Thank you for listening to WERU’s US El Salvador Report. This week we discussed the latest assassination of an environmental activist, that of Dora Alicia Recinos Sorto of Cabañas. The report is produced by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul in El Salvador and US – El Salvador Sister Cities.

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  • Producers/Hosts: Amy Browne & Meredith DeFrancesco

    Segment 1: Peter Neill, Director of the World Ocean Observatory and host of WERU’s “World Ocean Radio”,  reports back from the UN Climate Conference in Copenhagen.  FMI: www.thew2o.net

    Segment 2: Over the holidays , two more anti-mining activists were murdered in the Cabanas region in El Salvador. Area residents allege the Canadian gold mining company, Pacific Rim, is connected to incidents of violence and threats against activists who oppose mining in the community. Because of widespread opposition, El Salvador has passed a moratorium against mining. In response, Pacific Rim is suing the Salvadoran government under the Central American Free trade Agreement, through it’s Nevada subsidiary.

    William Castillo,  the Center for Research on Investment and Trade(CEICOM) and the National Coalition Against Mining.
    Tom Shrake, President and CEO, Pacific Rim Mining Corporation (written statement)

    Over the holidays , two more anti-mining activists were murdered in the Cabanas region in El Salvador. Area residents allege the Canadian gold mining company, Pacific Rim, is connected to incidents of violence and threats against activists who oppose mining in the community. Because of widespread opposition, El Salvador has passed a moratorium against mining. In response, Pacific Rim is suing the Salvadoran government under the Central American Free trade Agreement, through it’s Nevada subsidiary.   William Castillo,  the Center for Research on Investment and Trade(CEICOM) and the National Coalition Against Mining.Tom Shrake, President and CEO, Pacific Rim Mining Corporation (written statement)

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