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  • Producer/Host: Kathleen March
    Transcript:

    This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week our topic is the proposed law to suspend all mining activity in the country for the time being. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
    Los Ministerios de Economía (MINEC) y de Medio Ambiente (MARN) presentaron a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley que suspendería la actividad minera en el país, sea de exploración o de explotación. La “Ley Especial para la Suspensión de los Procedimientos Administrativos Relacionados a Proyectos de Exploración y Explotación de Minería Metálica”, aplazaría todas las obras a causa de la vulnerabilidad ambiental y social en el país, y debido a la “débil” institucionalidad para regular la extracción de metales.
    El ministro de Medio Ambiente, Herman Rosa Chávez, explicó que la ley suspendería todos los procesos administrativos activos, analizados por el Ejecutivo. En el MARN hay 18 estudios de impacto ambiental de exploración minera, mientras que en el MINEC hay 12 solicitudes de prórroga y se han recibido 9 peticiones nuevas de exploración. El anteproyecto de ley requiere la creación de un comité de seguimiento que verifique periódicamente las condiciones ambientales y sociales para levantar o no la suspensión de la actividad minera en el territorio.
    El ministro de Economía, Armando Flores, aseguró que el anteproyecto le daría al Estado y al pueblo “el tiempo prudencial” para aplicar todas las medidas relacionadas con la actividad minera. El documento, entregado al presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, se basa en la evaluación ambiental estratégica del sector minero metálico de El Salvador, e indica que la vulnerabilidad en el territorio es una barrera para garantizar el control de los riesgos de la minería metálica. La evaluación ambiental estratégica también aconseja que en la exploración y explotación minería en El Salvador, se aplique la máxima precaución. El Gobierno cree que el anteproyecto de ley no afectará la inversión nacional y extranjera, sino que podrá crear mayor certidumbre para los empresarios. Según el ministro Flores, las empresas nacionales e internacionales que quieran invertir en el país en la extracción de metales preciosos tendrán mayor claridad de cómo hacerlo.
    El ministro del MARN, por su parte, afirma que el anteproyecto es un componente de la construcción de la política nacional de medio ambiente. Parte de la política es que ambos ministerios formularán un plan de fortalecimiento para organizar, supervisar, promover e implementar acciones que permitan cumplir un mandamiento para reducir la vulnerabilidad del país ante la minería.
    Actualmente, MINEC no tiene los recursos económicos de inversión que requieren los proyectos mineros, porque varios no cuentan con permiso ambiental, documento obligatorio para determinar un presupuesto.
    El comité de seguimiento:
    • Estará formado por los ministros de Medio Ambiente y Economía, el procurador de derechos humanos, un representante de la Secretaría Técnica, dos representantes del sector privado empresarial; dos de la sociedad civil y dos expertos internacionales.
    • Estudiará las condiciones del país para levantar o no la suspensión de los permisos de exploración y explotación minera.
    • La decisión contará con la aprobación de al menos siete de los miembros del comité.
    • Después de votar, el Órgano Ejecutivo, a través de los ministerios de Economía y Ambiente, le informará a la Asamblea Legislativa sobre el levantamiento de la suspensión temporal.
    Una cronología general de la minería en El Salvador contiene los siguientes hitos:
    En los 90: A finales de los años 90 se cerró la mina San Sebastián, en el departamento de Morazán. Desde entonces, no se ha autorizado la extracción de metales en el territorio.
    En 2004: El Ministerio de Economía mantiene su política de no conceder permisos de exploración minera. Al proyecto Pacific Rim se le suspendió su permiso.
    En 2008: El caso “Concesión de explotación minera”, fue abierto el 15 de junio. Se concedieron los permisos de exploración para la construcción de la mina de Pacific Rim.
    2009: Pacific Rim presenta una demanda ante el Banco Mundial, contra el Estado salvadoreño por negarle un permiso de exploración minera.
    2012: En junio, el CIADI rechazó que Pacific Rim se ampare en el CAFTA la demanda de 2009.
    This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week’s topic was the proposed law to suspend all mining activity in the country for the time being. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.

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  • Producer/Host: Kathleen March
    Transcript:
    This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we provide a brief update on the maquilas or sweatshops and the women who work in them. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
    Las restricciones que se les aplican a las mujeres que trabajan en las maquilas parecen de un régimen autoritario donde hasta controlan las veces que van al baño. Tomar agua es un lujo porque según dicen: “entre más agua tomamos, más ganas de ir al baño, dicen los jefes, por eso en algunos lugares no mantienen agua”. También se ha denunciado el maltrato emocional de los jefes de planta, como gritos, insultos de “tonta, haragana, inútil”, sobre todo si pertenecen a sindicatos.
    En El Salvador más de 81.000 personas trabajan en una maquila; Según ORMUSA (Organización de Mujeres Salvadoreñas), hay 17 zonas francas que están en seis de los 14 departamentos del país. Hay más de 200 empresas de textil, confección y electrónica.
    Según datos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) proporcionados en el informe “Análisis de la Política de Inversión El Salvador 2010” el 70 por ciento de empresas que operan en zonas francas de Exportación son maquilas textiles. Las maquilas significan casi 74.000 empleos directos y más de 140.000 indirectos. Hasta 2010 a nivel nacional, según el Banco Central de Reserva, se calcula que el 84 por ciento de las personas que trabajan en este sector son mujeres; más del 80 por ciento son obreras, menos del 1 por ciento son técnicas, junto con personal de oficina, supervisoras y un 0,11 de mujeres que son gerentes.
    Varias organizaciones, como Mujeres Transformando y sindicatos de maquilas, buscan mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras. Monserrate Arévalo, directora de Mujeres Transformando, explica que “la maquila es de las pocas fuentes de empleo formal que hay en el país y por eso muchas optan por entrar a pesar de ganar poco y las condiciones laborales que tienen”. Aracely Martínez, sindicalista, dijo que se exige que se les tome en cuenta las propuestas hechas desde las trabajadoras de maquilas para la reforma de la Ley de Zonas Francas, no solo la de los empresarios. “Parece ser que hasta hoy, las maquilas se han convertido en la esclavitud moderna, la cual conviene al gobierno porque genera dinero para el Estado con mano de obra barata y obligada por la necesidad”, ha observado Martínez.
    Hasta octubre de 2011, unas 200 empresas operaban bajo el esquema de zonas francas. Por compromisos de El Salvador ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), debe cambiar el esquema de Ley de Zonas Francas antes de 2016. Por eso el gobierno presentó en octubre 2011 varias reformas a la Ley de Zonas Francas. En los incentivos las reformas fiscales se mantienen, pero se concentrarán en la inversión y en los empleos, y ya no en las exportaciones. A esto se opone la OMC. En un artículo de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, afirmó Luis Romano que “Las zonas francas están presentes en El Salvador desde principios de la década de 1970, cuando se creó la zona franca de San Bartolo, la cual llegó a albergar un importante grupo de empresas relacionadas con el ensamblaje de diferentes productos, pasando desde los textiles hasta los productos electrónicos”.
    Las trabajadoras de las maquilas piden la consolidación de los contratos colectivos, pero la respuesta ha sido negativa. También piden que se construyan salas-cunas cerca de las fabricas para poder cuidar de sus hijos. Además solicitan una subida salarial.
    Como parte de las acciones para visibilizar el trabajo de las personas en las maquilas, en Santo Tomás, “La capital de la maquila” de San Salvador, se organizó la marcha de las mujeres trabajadoras de maquilas. Santo Tomas es el único municipio que observa este día como un reconocimiento a las mujeres que trabajan en las maquilas. Las mujeres hicieron públicas sus demandas: que se reconozca el 5 de julio como Día Nacional de la Mujer Trabajadora de la Maquila; que se les respeten sus derechos laborales y que se les incluya en la Reforma de Ley de Zonas Francas.
    This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we provided a brief update on the maquilas or sweatshops and the women who work in them. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.

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  • Producer/Host: Kathleen March

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    This is Kathleen March with the WERU US-El Salvador Report. In this week’s report we provide an interpretation of the March 11 elections, based on comments by Juan José Dalton. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
    Según Juan José Dalton, del periódico ContraPunto: “Dicen que pese a la violencia histórica que existe en El Salvador y que ubica a esta pequeña nación entre las más violentas del mundo, nunca le falta a sus pobladores el ‘buen humor y el trago a tiempo’.”
    En las elecciones del 11 de marzo se renovaron a 84 diputados y a 262 alcaldes. El ex presidente Alfredo Cristiani, empresario y farmacéutico, estaba muy contento porque después de 9 años Arena había “sacado al Diablo Ruiz” de la alcaldía de la ciudad de Soyapango. “Jaime Lindo, candidato a edil en Soyapango exorcizó al Diablo y ahora le dicen Jaimito el Exorcista… Es el único que lo pudo hacer”, dijo Cristiani, líder de (ARENA), proclamada ahora como la “primera fuerza nacional”.
    Carlos “El Diablito” Ruiz, ex guerrillero y de la izquierda local, se viste a manera de los revolucionarios de Cuba y Venezuela, con una gorra tipo Fidel Castro; gobernó Soyapango, ciudad pobre y violenta cerca de San Salvador, durante 9 años. El FMLN gobierna esa ciudad desde 1997, cuando ganó el izquierdista Manuel Aguilar. La simpatía de “El Diablito” Ruiz por el presidente venezolano ha llevado a que la avenida principal de Soyapango fuera bautizada “Bulevar Hugo Chávez”. Es director ejecutivo de la corporación petrolera “Alba Petróleos de El Salvador”, una sociedad mixta entra alcaldías gobernadas por el FMLN y Petróleos de Venezuela.
    La derrota del FMLN en Soyapango, Mejicanos, Apopa, Ayutuxtepeque e Ilopango –municipios alrededor de San Salvador-, es muy importante, porque estas “ciudades dormitorios” eran reconocidas como bases de la izquierda. Son lugares en que viven trabajadores y empleados de gobierno que conocen los niveles de pobreza.
    Sin embargo, en el mapa del país el azul de la derecha y el rojo de la izquierda están repartidos de manera muy equilibrada. Arena ganó 117 alcaldías y el FMLN 93; el conservador Concertación Nacional sacó 26; Gran Alianza de Unidad Nacional (Gana) 15; el Partido de la Esperanza –democracia cristiana-, 5, y el centroizquierdista Cambio Democrático o CD logró 3. Todavía están por definirse tres municipios.
    En la Asamblea Legislativa hay equilibro de las fuerzas. Arena ha logrado 33 diputados y el FMLN 31, con un total de 64 diputados entre ambos. Cada partido necesitará más votos para alcanzar una mayoría calificada de 56, para efectuar cualquier reforma constitucional. Para lograr mayoría simple, será más fácil para el FMLN que ARENA, porque el partido Gana, con 11 diputados, un desprendimiento de ARENA, tiene más afinidad para aliarse con el FMLN y el gobierno de Funes. El FMLN contaría también con el voto de Cambio Democrático (CD), para llegar a los 43 de mayoría simple. ARENA, con sus aliados de Concertación Nacional y Partido de la Esperanza, no obtendría mayoría simple con sólo 41 votos.
    En palabras de Dalton, “… la nueva aritmética política sólo da para la búsqueda de concertaciones y negociaciones, si es que el liderazgo político nacional le quiere dar gobernabilidad a esta pequeña y convulsionada nación centroamericana.”
    This has been Kathleen March with the WERU US-El Salvador Report. This week we presented an interpretation of the March 11 elections, by Juan José Dalton. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.

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  • Producer/Host: Kathleen March

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    This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we expand on last week’s theme of Salvadoran women and maquilas (sweat shops). The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
    En enero el blog llamado “El Trompudo” presentó el tema “Maquilas en El Salvador: relaciones de producción de semi esclavitud”, utilizando datos de una investigación hecha por la Campaña Ropa Limpia, cuya página web puede proporcionar más información. Resumimos las afirmaciones de ambas fuentes.
    Las trabajadoras textiles de El Salvador reciben 8 centavos por coser camisetas de Adidas, Reebok y Puma que se venden por 25 dólares. La Asociación Mujeres Transformando ha denunciado sus condiciones laborales en un informe sobre la maquila Ocean Sky, proveedora de estas tres empresas. El informe documenta que a las trabajadoras se les niegan sus derechos, se les pagan salarios muy bajos y que experimentan maltrato y acoso laboral, con constantes humillaciones de los supervisores. Hay cerca de 1.500 trabajadoras en Ocean Sky El Salvador, las cuales trabajan encerradas, rodeadas de alambres de púa y vigiladas por guardias armados. Seis de ellas fueron despedidas por haber avisado a sus compañeras de que el agua supuestamente potable de la fábrica estaba contaminada con heces fecales.
    A pesar de dos investigaciones y algunos gestos correctivos, sigue habiendo muchas violaciones a los derechos de las trabajadoras en Ocean Sky. Informes hechos por las mismas trabajadoras, entregados a “Mujeres Transformando”, señalan cómo, aun después de recibir capacitación sobre la política de no tomar represalias, algunos supervisores(as) continuaron cometiendo abusos verbales hacia ellas y obligándolas a trabajar horas extras no compensadas. “Unos pocos supervisores han sido disciplinados por sus abusos,” reconoció Montserrat Arévalo de Mujeres Transformando, “pero persiste el trato abusivo ligado a la presión de cumplir con las fechas de entrega de las órdenes de compra”. La empresa multinacional de Ocean Sky tiene su sede en Singapur. Produce para varias grandes marcas estadounidenses, como Reebok (propiedad de Adidas), Puma, Old Navy (propiedad de Gap), New Balance, Columbia Apparel y Talbot. Perry Ellis se retiró de la fábrica cuando los problemas surgieron.
    Las condiciones de explotación fueron el tema de un informe público de Mujeres Transformando y el Instituto por los Derechos Humanos y Laborales Globales, (localizado en EE.UU.) en enero de este año. El informe revela que las personas empleadas por Ocean Sky reciben salarios de pobreza que alcanzan sólo un cuarto de las necesidades básicas de una familia, trabajan horas extras no pagadas e ilegalmente obligatorias, tienen que beber agua contaminada, son presionadas para lograr metas excesivas de producción y reciben un trato humillante por parte de los supervisores. Ya que Ocean Sky y muchas de las marcas que se producen en la fábrica son miembros de la Asociación Trabajo Justo (FLA), ésta pidió que la organización de monitoreo independiente COVERCO, localizada en Guatemala, investigara el caso. Las trabajadoras no se han sentido satisfechas por el papel que hasta ahora ha hecho la FLA.
    COVERCO comprobó que la mayoría de los abusos denunciados sí ocurrían. Encontró que:
    • La gerencia presionaba a las trabajadoras a trabajar horas extras;
    • Había abuso verbal por parte de al menos cinco supervisores;
    • Había problemas de salud y seguridad, con temperaturas excesivamente altas en el lugar de trabajo y la inexistencia de la comisión de seguridad e higiene;
    • Había impago de la prestación del séptimo día; y
    • Se presionaba a las trabajadoras para que no dijeran nada perjudicial sobre la empresa durante entrevistas.
    Aunque COVERCO encontró que todas las trabajadoras(es) recibían el salario mínimo legal, también notó que el salario básico cubría sólo el 23% de la canasta básica para una familia salvadoreña promedio. Otro estudio, también comisionado por la FLA, encontró niveles inaceptables de bacterias coliformes de origen fecal en la mayoría de las fuentes de agua para beber.
    Como consecuencia, la patronal implementó un plan de acción correctiva, que incluía disciplinar a los supervisores que obligaran a las empleadas a trabajar horas extra, prohibir el acoso verbal y dar una capacitación anual para supervisores sobre la política de no tomar represalias como empresa. Prometió eliminar la negativa de otorgar la prestación del séptimo día y prometió tratar con los problemas de salud y seguridad. La FLA no pidió un aumento de los salarios. COVERCO, en una segunda investigación en junio, documentó que seguía habiendo muchas violaciones.
    Según Montserrat Arévalo, la investigación volvió a confirmar problemas crónicos con las horas extras y que muchos de los mismos supervisores seguían hostigando a las trabajadoras. Aunque las horas extras excesivas no han sido un problema en semanas recientes, pero no se sabe con seguridad si esto refleja un cambio en la práctica o si es porque hubo una caída en la producción.
    “Por el lado positivo, la gerencia ahora está mas dispuesta a reunirse con nosotras para dialogar sobre los problemas en la fábrica,” dijo Arévalo. “Somos cuidadosamente optimistas, pero hay temas más importantes que permanecen, como los bajos precios que se pagan por prenda y otras prácticas de compra de las marcas, que resultan en salarios de pobreza y horas extras excesivas”.
    This was Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we expanded on last week’s theme of Salvadoran women and maquilas (sweat shops). The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.

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  • Producer/Host: Kathleen March

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    This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. Today’s topic concerns the March local elections. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
    El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y la Alianza Republicana Nacionalista compiten para ganar las elecciones municipales y legislativas del 11 de marzo. Una encuesta reciente de la Universidad Centroamericana indicó que el FMLN tiene casi el 28% de la intención de voto para diputados, y que ARENA, que gobernó durante 20 años (1989-2009), alcanzaría menos del 27% de los votos, para los 84 diputados del Congreso. El mismo estudio revela que para los 262 consejos municipales, el FMLN obtendría el 28.6% de los votos y ARENA el 28.2%. La encuesta se hizo con aproximadamente 1,900 personas, en febrero.??
    ARENA parece estar aumentando entre los jóvenes que votarán por primera vez y los de bajo nivel educativo. El FMLN parece haber dejado de crecer. Según una opinion: “Hay un segmento de ciudadanos que parecen haberle retirado su apoyo y que han pasado a engrosar el núcleo de los indecisos o de los que declaran que no van a votar”. Parece que un gran número de salvadoreños que todavía están indecisos en cuanto a cómo votar, sobre todo en cuanto a los diputados. Ninguno de los partidos lograría una mayoría absoluta en el Congreso, y para aprobar las leyes se necesitan los votos de 43 de los 84 diputados.
    En las elecciones municipales y legislativas de marzo participarán nueve partidos, aunque el FMLN y ARENA son los favoritos para sacar el mayor número de diputados y repartirse la mayoría de los 262 consejos municipales. Actualmente, el primero tiene 35 diputados y el Segundo, 18.
    La Organización de los Estados Americanos ha firmado un acuerdo con el Gobierno de El Salvador para enviar una misión de observación para las elecciones del próximo 11 de marzo. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, recordó que “desde la firma de los Acuerdos de Paz, la OEA ha acompañado a los ciudadanos y autoridades de El Salvador en la tarea de perfeccionar el sistema electoral, enviando misiones de observación en cinco oportunidades”.
    La OEA también observó que las misiones de observación electoral son “instrumentos clave” para apoyar la democracia en el continente. Posteriormente, la misión electoral de la OEA presentará un informe sobre las elecciones ante el Consejo Permanente.
    Las elecciones legislativas del próximo 11 de marzo son para elegir a los 84 diputados, además de 262 alcaldes municipales para el período del 1 de mayo de 2012 al 30 de abril de 2015.
    También la población salvadoreña comienza a indicar sus favoritos para la presidencia de la República en 2014. El alcalde de San Salvador, Norman Quijano, ha recibido la mayor cantidad de apoyos como el candidato para el partido ARENA, según un sondeo de febrero. Quijano recibió más del 24% de menciones espontáneas; el expresidente de la República Antonio Saca ha recibido el 9% de menciones y la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar obtuvo el 4%. Para el FMLN, el alcalde de Santa Tecla, Óscar Ortiz, recibió el 14% de opiniones favorables como mejor candidato presidencial. A continuación figuran el candidato a alcalde de San Salvador por el FMLN, Jorge Schafik Hándal; el ministro de Educación y vicepresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén,; y el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes.
    Más del 16% considera que el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, sería el mejor candidato del partido de GANA a la presidencia. En segundo lugar está el alcalde de San Miguel, Wilfredo Salgado, y en tercer lugar, el diputado Guillermo Gallegos. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés, es mencionado como candidato a la presidencia en los tres partidos políticos. Unos consultados dicen que sería la mejor opción para el FMLN, otros lo nombran como la mejor opción para ARENA y un grupo pequeño lo indican como el mejor candidato para GANA.
    This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. Today we discussed the local elections in March. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.

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  • Producer/Host: Kathleen March

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    This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. Our topic today is the concern for Salvadoran prison conditions. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
    Nelson Rauda, jefe del sistema carcelario salvadoreño, reconoce que Honduras es “una alerta” para su país porque El Salvador duplica el nivel de hacinamiento en comparación al país vecino. Las cárceles tienen capacidad para 8,110 reos pero actualmente hay 23,840: más del 300% de la capacidad real. Las prisiones de alta peligrosidad son controladas por el ejército desde junio, como medida de emergencia.
    Según el diputado Remberto González, “La situación es crítica, hay celdas para cuatro personas y meten treinta o cuarenta. Las prisiones en Centroamérica son una bomba de tiempo”, afirma, aunque no incluye a Costa Rica por no conocer su sistema penitenciario. González hizo un llamado a las autoridades penitenciarias diciendo que “¿Cómo es posible que se tenga a la gente expuesta de esa manera?, aquí no se trata si son culpables o no, se trata de derechos que ellos tienen como humanos, es inaudito. Las cárceles deben servir para reformar a la gente hacia el bien y no al revés” y cree que hay que mejorar sistema penitenciario regional. “Para evitar el hacinamiento, porque los reos van a seguir llegando, hay que buscar la manera en que los que ya están allí salgan pronto, los que pueden salir, y las granjas agrícolas, por ejemplo, son una buena alternativa”, dice el diputado del Parlacen por ARENA.
    En Comayagua, los reos calcinados estaban en una prisión bajo el concepto de granjas para aprender oficios y poder reintegrarse pronto a la sociedad. El viceministro de Seguridad, Douglas Moreno, lamenta lo de Honduras, y asegura que en El Salvador hay medidas para evitar situaciones similares. “El sistema carcelario nuestro tiene una coordinación con bomberos y con la Fuerza Armada, que podría evitar una catástrofe de esa naturaleza”, dice. Rauda insiste que el problema también es responsabilidad del órgano judicial, de la Fiscalía General. “En los centros penales salvadoreños no existían extintores de fuego, y desde la administración de Douglas Moreno como director, implementamos medidas para que haya un número de extintores de fuego en cada penal… En la escuela penitenciaria se hicieron pequeños módulos de entrenamiento para que se pueda intervenir en sofocamiento de fuego sin perder el control”, asegura. Notó que después de la tormenta Agata, el presidente Funes ordenó que se instauraran los Comités Departamentales de Protección Civil, “y los 19 directores de los centros penales del país están integrados al Sistema de Protección Civil”.
    Según Benito Lara, diputado del FMLN en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, esto es resultado de políticas “que no han logrado tener resultados positivos en materia de seguridad pública”. En la tragedia de Honduras “está claro que si no se adoptan políticas integrales el éxito que alcancen en algún momento otras instituciones se traduce en el dolor de cabeza del sistema penitenciario”.
    El diputado César Reyes Dheming, de ARENA, dice que es necesario aprender de los errores de las autoridades hondureñas para evitar que haya situaciones similares en El Salvador. “El sistema penitenciario nuestro adolece de peores problemas, está peor que el hondureño. Aquí hay alrededor de 25 mil internos en centros penales, y casi 2,500 detenidos en las bartolinas policiales en fila para ingresar a las cárceles, lo que demuestra la gravedad del hacinamiento”.
    La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) advierte que es puede ser necesario aumentar la capacidad carcelaria y la implementación de alternativas a la prisión. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria ya expresó este mes gran preocupación por las condiciones inhumanas de los penales salvadoreños. Roberto Garretón, integrante del Grupo, dijo que durante la semana que duró su misión, la delegación actuó con total libertad y conversó con representantes públicos y civiles, víctimas, presos y sus familiares. Vieron la preocupación del gobierno por la situación carcelaria, que describió como muy deprimente. Observó: “… hay cárceles que están más sobrecargadas que otras, y en las que están más sobrecargadas, el nivel de desesperación de los reos es muy grande, además de que muchos de ellos se sienten inocentes”, dijo. Muchos internos siguen encarcelados aun después de haber cumplido sus condenas.
    El Grupo recomendó a las autoridades salvadoreñas aumentar el número de jueces responsables de la vigilancia del cumplimiento de sentencias y dijo que los detenidos deben ser presentados pronto ante un juez. Sugirió que El Salvador ratificara el Protocolo Opcional a la Convención sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, y que hubiera regulas en la detención en hospitales siquiátricos.
    Las 28 cárceles de El Salvador oficialmente pueden admitir a 9.060 reclusos, pero en diciembre del 2010 el número oficial de presos era 24.283: una ocupación de más del 253,5%, frente al 138% en Honduras.

    This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. Today’s topic was the concern for Salvadoran prison conditions. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities

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  • Producer/Host: Kathleen March
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    This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. Today we note that one of the accused in the 1989 assassination of six Jesuit priests has been charged in Boston. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
    Inocente Orlando Montano, uno de los militares acusados del asesinato en 1989 de seis sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” y sus dos colaboradoras, fue acusado de varios cargos en Boston. Si es condenado, podría recibir hasta 40 años de cárcel. Se dice que ha violado la ley migratoria de Estados Unidos, con declaraciones falsas y delitos de perjurio en cuanto a su estatus migratorio. Vive en Boston desde hace diez años.
    Montano tiene 69 años. Durante la guerra civil (1980-1992) fue coronel y viceministro de Defensa de El Salvador. Las autoridades migratorias y de seguridad de Estados Unidos descubrieron que había negado su participación en la institución de su país y el haber sido entrenado en el uso de armas durante la guerra.
    Montano ya había sido condenado a libertad vigilada el pasado agosto, por hacer declaraciones falsas y mentir ante las autoridades estadounidenses. Ya ha sido acusado por la Audiencia Nacional de España en el proceso del juez Eloy Velasco, quien en 2011 emitió una orden internacional de captura para él y otros 19 militares acusados de la masacre. Sin embargo, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Mirna Perla, ha dicho que las autoridades salvadoreñas no permitirán la extradición de los militares.
    La semana pasada la Corte Suprema citó a los acusados por la justicia española con el objetivo de escuchar sus testimonios antes de anunciar su decisión. Entre los siete militares que no han sido requeridos por España está René Emilio Ponce, por haber fallecido. Tampoco está Montano, por estar todavía en el trámite judicial en los Estados Unidos, que ha recibido la petición de extradición la justicia española. Hay cinco militares más. Se cree que uno está en Estados Unidos y los demás o están en lugar desconocido o están colaborando con el juez.
    El informe de la Comisión de la Verdad identifica a Montano y a otros militares como responsables de la masacre de los seis sacerdotes jesuitas, su empleada y la hija de ésta. El texto del documento de la Comisión de la Verdad afirma: “El entonces Coronel René Emilio Ponce, en la noche del día 15 de noviembre de 1989, en presencia de y en confabulación con el General Juan Rafael Bustillo, el entonces Coronel Juan Orlando Zepeda, el Coronel Inocente Orlando Montano, y el Coronel Francisco Elena Fuentes, dio al Coronel Guillermo Alfredo Benavides la orden de dar muerte al Sacerdote Ignacio Ellacuría sin dejar testigos. Para ello dispuso la utilización de una unidad del Batallón Atlacatl que dos días antes se había enviado a hacer un registro en la residencia de los sacerdotes”. Gilberto Rubio Rubio , Oscar Alberto León Linares, Manuel Antonio Rivas, Nelson Iván López y López y Rodolfo Antonio Parker Soto (actual secretario general del Partido de la Esperanza), pertenecen al grupo de los que ocultaron la verdad sobre la masacre según la comisión de la ONU que investigó los crímenes de la guerra salvadoreña.
    El Caso Jesuitas, iniciado por la querella ante la Audiencia Nacional de España, podría depender de que Estados Unidos conceda la extradición de Montano a ese país, si la Corte Suprema de El Salvador se niega a entregar a los otros acusados.
    Se dice que Montano mintió al ocultar su pasado militar en El Salvador en el formulario para conseguir un Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). El TPS permite a los extranjeros vivir en Estados Unidos si declaran que su seguridad no está garantizada en su país de origen, por guerra, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias. Los solicitantes deben informar sobre su pasado como miembros de las fuerzas de seguridad. Montano fue viceministro de Seguridad Pública hacia el final de la guerra civil y durante un período breve posteriormente.
    Además de 40 años de cárcel, Montano podría tener que pagar una multa de 1 millón 250 mil dólares y después sería deportado a El Salvador. Fue detenido por las autoridades migratorias en agosto de 2010; en diciembre de 2011 fue acusado por el tribunal de Massachusetts. Se declaró inocente el 11 de enero de 2012 del delito de perjurio. Montano ocultó su pasado militar en El Salvador para conseguir el TPS; omitió que él fue Viceministro de Defensa. Al comienzo, Montano pensó en declararse culpable.
    Después de la presentación de cargos por el jurado de investigación, el caso se presentará a juicio; aún no hay fecha concreta. El cargo de perjurio se debe a que Montano fue miembro del grupo militar conocido como “La Tandona”, lo que negó en su solicitud.
    La Ley de Amnistía de 1993 de El Salvador protege a militares e insurgentes que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la guerra civil.
    This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. Today we reported that one of the accused in the 1989 assassination of six Jesuit priests has been charged in Boston. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.

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  • Producer/Host: Kathleen March
    Transcript:

    This is Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we note the latest act of aggression against anti-mining environmentalists in the country, this time a priest. The report has been prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.
    Dos jóvenes, con aspecto de estudiantes universitarios, llegaron a la casa del padre Santos Neftalí Ruíz Martínez el 20 de enero al mediodía y pidieron que él les diera información sobre su trabajo ambiental en el departamento de Cabañas. Decían que querían entrevistarlo sobre el tipo de trabajo que desempeña en el Comité Ambiental de Cabañas. En realidad querían robarle la información que tuviera sobre esa labor. Neftalí, joven sacerdote de la iglesia Católica Apostólica Salvadoreña, es el secretario de la junta directiva de la asociación Comité Ambiental de Cabañas y miembro de la Mesa Nacional Frente a la Minería. El sacerdote los había invitado su casa, por no llevar su ordenador portátil en la calle, lugar no muy seguro. Los jóvenes sacaron un arma de fuego y una navaja, lo ataron y lo tiraron a la cama, donde estuvo varias horas. Le preguntaron dónde tenía las armas de fuego, pero el sacerdote insistió que no tenía. Los jóvenes pusieron música, y uno revisó la información del ordenador, los discos, las memorias USB, teléfonos celulares y documentos de identidad personal. Después, se llevaron todo en una maleta. También, cuando no encontraron armas, llamaron a alguien para informar que él “estaba limpio”, aunque si fuera necesario se la “iban a aplicar (asesinar)”.
    David Pereira, de la Mesa Nacional Frente a la Minería, dijo que este acto fue para “intimidarnos para aflojar nuestra resistencia a la minería metálica”, ya que uno de los principales trabajos del CAC es precisamente detener la explotación minera en Cabañas y en El Salvador en general. “Este nuevo atentado contra la vida, la integridad y el trabajo de la Asociación Comité ambiental de Cabañas y de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, nos obliga una vez más a expresar nuestro enérgico rechazo y a condenar la ola de persecución contra ambientalistas y defensores de Derechos Humanos que como el Padre Neftalí, han sufrido vejámenes similares desde el inicio de la lucha anti minera en El Salvador”, ha afirmado la asociación.
    Se exige a la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía General de la República que investiguen el asunto para que no haya más consecuencias, como ha ocurrido con los asesinatos de cuatro ambientalistas y activistas. En 2009 murieron Dora Sorto, Ramiro Rivera y Marcelo Rivera. El asesinato más reciente fue en junio de 2011: el de Juan Francisco Durán Ayala, del Comité Ambiental de Cabañas en Defensa del Agua y la Cultura, el grupo que más ha trabajado en contra del proyecto minero El Dorado de la multinacional Pacific Rim.
    Además de los ataques contra ambientalistas, el personal de Radio Victoria en Cabañas ha recibido amenazas de muerte desde 2006, sin que las autoridades salvadoreñas hayan descubierto nada concreto en cuanto a estos actos. Por eso la Mesa repitió su deseo de que “el Estado […] cumpla con la función en la búsqueda de garantías constitucionales para los ciudadanos de este país”; y exige que la PNC proteja a los habitantes de la zona que viven en constantes conflictos sociales por los proyectos mineros.
    En 2011, se encontró el cadáver del activista anti-minería y defensor de los derechos humanos, Juan Francisco Durán Ayala, voluntario con el CAC, quien había estado el día anterior en Ilobasco, Cabañas, colocando pancartas contra la minería y la Pacific Rim. En diciembre del 2009 los activistas Ramiro Rivera y Alicia Recinos Sorto, opositores de la operación minera de El Dorado en Cabañas, fueron asesinados en ataques separados. Después el personal de la emisora de Radio Victoria, radio local, recibió amenazas de muerte cuyos autores reivindicaban a los asesinatos de Rivera y Recinos. Cuando murió, esta última estaba embarazada de ocho meses y llevaba en brazos a un hijo de dos años.
    La mina de El Dorado a la que se oponen los activistas no está operando en este momento porque hay un proceso judicial en curso. Pacific Rim, compañía minera de Canadá, quiere reabrir la mina a pesar de la oposición local. Primero dejó de operar por las protestas, y después el gobierno salvadoreño le negó el permiso a finales de 2008. El presidente Funes declaró su oposición al proyecto durante su campaña presidencial del año 2009. Pacific Rim empezó un proceso contra el gobierno salvadoreño, pidiendo millones de dólares en compensación.
    Se cree que el ataque contra el Padre Santos Neftalí Ruíz Martínez es resultado de su trabajo en defensa de los derechos humanos, particularmente del derecho a un medio ambiente sano. Estos actos son parte de la intimidación en contra de los activistas anti-minería en El Salvador. Varias organizaciones han expresado su preocupación por la seguridad de los defensores de los derechos humanos en la zona de Cabañas y la de sus familias.
    This has been Kathleen March with WERU’s US-El Salvador Report. This week we reported on the latest act of aggression against anti-mining environmentalists in the country, this time a priest. The report was prepared by the University of Maine in collaboration with Radio Sumpul and US-El Salvador Sister Cities.

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